Si una diferencia “de estilo” llevó al presidente Carlos Alvarado a pedir la renuncia del exministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, en un momento crítico para el país como es el de obtener recursos financieros para continuar haciendo frente a la pandemia de COVID-19 y reactivar la estrujada economía nacional, otro estilo de gazapos repetidos podría hacer efímero el paso del recién nombrado ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto.
La semana pasada, el fracaso del enlace del Poder Ejecutivo con las distintas fracciones de la Asamblea Legislativa para lograr el consenso político necesario llevó al rechazo del segundo presupuesto extraordinario solicitado por el Gobierno para hacer calzar las cuentas fiscales del 2020.
El diputado Enrique Sánchez, jefe de fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), reconoció a UNIVERSIDAD que, debido a este fracaso, quedó pendiendo del aire la continuidad de los fondos del Bono Proteger, que ayuda a más 500 mil personas a compensar la pérdida completa o la disminución de sus ingresos laborales, a raíz del abrupto cierre forzoso de muchas actividades económicas debido a la pandemia.
“El rechazo del Segundo Presupuesto Extraordinario implica que el Poder Ejecutivo no puede utilizar ¢75 mil millones en atender nuevas solicitudes del Bono Proteger. Esta situación es gravísima, porque esos recursos los requieren con urgencia las miles de personas que en las últimas semanas y días han perdido sus fuentes de ingreso”, dijo Sánchez a UNIVERSIDAD.
La ministra de Trabajo, Geannina Dinarte, precisó aún más las consecuencias de este fracaso político, durante la conferencia de prensa realizada el pasado lunes en Casa Presidencial: el Ministerio de Hacienda tampoco contaría con los ¢75 mil millones trasladados por el Instituto Nacional de Seguros para financiar las ayudas del Instituto Mixto de Ayuda Social. Además, contenía los ¢34 mil millones que requiere la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) para atender la emergencia.
Sin embargo, negociaciones van y negociaciones vienen, poco antes de este fracaso, el propio presidente, Carlos Alvarado, se había negado a vetar —como le pidió el exministro Chaves— el proyecto de ley por el cual se exoneró a las municipalidades de los límites al gasto impuestos por la regla fiscal recientemente aprobada como parte de la reforma fiscal y le había hecho así un guiño a la bancada verdiblanca, cuyo partido predomina en los consejos municipales.
En editoriales y artículos de prensa, así como en corrillos políticos, la pregunta insistente era por qué o para qué el Presidente sacrificaba a un alfil, es decir a un Ministro de Hacienda, en tiempos cuando lo que se busca es dar confianza en la solidez del país a quienes pueden financiarnos, y aflojaba tan elocuentemente en su insistencia pasada de que todas las instituciones públicas debías regirse por los mismos límites al gasto.
Esa contradictoria movida le costó que una tercera empresa evaluadora de riesgos de inversión, Standard & Poor’s, rebajara más aún la calificación de Costa Rica, pero a diferencia de lo que había argumentado la empresa Moody´s, la cual siguió reconociendo las fortalezas estructurales del país, esta otra más bien resaltó que aumentaba la desconfianza en el compromiso del Gobierno por sanear las finanzas públicas. Según algunos cálculos, la deuda pública costarricense ha perdido ya un 30% de su valor.
Simultáneamente, se cuestionaba la prioridad con que el Poder Ejecutivo incluía en la agenda legislativa el megaproyecto del tren eléctrico metropolitano, cuando el endeudamiento público ya se encuentra tensado por las nuevas necesidades impuestas al fisco por la pandemia.
Ante estas especulaciones, consultamos directamente al ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto, al jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Luis Fernando Chacón y al jefe de fracción del PAC, Enrique Sánchez: ¿el PLN y el PAC se estarían garantizando apoyos recíprocos para el proyecto de las municipalidades y para el proyecto del tren eléctrico?
Tanto Chacón como Sánchez lo negaron rotundamente. “No hay nada de cierto en esa afirmación”, dijo Sánchez (ver la entrevista). “El PLN no tiene ninguna información de ese canje de un proyecto por otro. Son dos proyectos absolutamente distintos, que fueron analizados de manera distinta”, respondió, a su vez, Chacón.
No obstante, si algo de cierto hubiera en los rumores de corrillos, todo indica que no le saldrá muy “barato” al Poder Ejecutivo reunir los votos necesarios para concretar el tren eléctrico metropolitano.
Según Chacón, en la bancada verdiblanca, que es la mayoritaria de la Asamblea Legislativa, “hay dudas sobre el tema de cuál es la responsabilidad presupuestaria que va a tener el Estado para responder ante la garantía soberana que dice el empréstito con el Banco Interamericano de Integración Económica”, entidad que ofrece $550 de los $1.550 millones que se necesitan para hacer realidad el tren.
“Y me parece que son cosas que no están claras y que seguirán siendo analizadas y discutidas”, agregó.
En esa misma lógica, para que “lo cortés no quite lo valiente” y, de seguro, para no pagar el costo político ante la población afectada, el jefe de la fracción del PLN también dio a entender que no todo está perdido para el segundo presupuesto extraordinario del Ejecutivo, pues todavía puede ser aprobado con los votos de su bancada cuando llegue al Plenario legislativo, si se ajustan más los recortes en el gasto.
“La Comisión de Hacendarios demostró que, por un lado, rebajaron ¢62 mil millones y que por otro lado volvieron a presupuestar ¢50 mil millones. De manera tal que, el neto de la rebaja, son ¢12 mil millones y un poquito más. De manera tal que esa cifra es la que necesitamos conocer de parte de Hacienda”, dijo Chacón.
¿Y qué dice el ministro Prieto?
Prieto, en cambio, al cierre de esta edición no respondió. Después de varios días de darnos a entender que se nos atendería en el plazo solicitado, su asesoría de prensa indicó que les correspondían, por ley, diez días hábiles para resolver nuestras preguntas periodísticas.
Máxime —se nos dijo— porque las nuestras —a diferencia de todas las que sí respondió Prieto la semana pasada, metiendo la pata o “el estilo” en más de una ocasión— eran “preguntas muy técnicas”.
En todo caso, después de haber dado su polémica “opinión personal” sobre el alcance de la regla fiscal, sobre el proyecto de las municipalidades, de haber dicho que seguramente habría que cerrar la plataforma del “Bono Proteger” y de haber afirmado que las empresas calificadoras de riesgo “no le van a venir a dar de comer a nadie” —algo que podía ser interpretado por las evaluadoras de riesgos como una declaratoria de guerra vintage de los años 80—, el propio presidente Alvarado debió intervenir para a aclarar el aire y reafirmar públicamente su compromiso —ahora acaso un poco más desgastado— con el saneamiento de las finanzas del país.
Puede interpretarse, entonces, que debido a esos antecedentes el Ministerio de la Presidencia requiere ahora de un reposo de diez días hábiles para responderle a la prensa.
“¿Las presiones electorales comienzan a pesar más en las negociaciones que el Ejecutivo debe buscar con las fracciones legislativas?”, fue una de esas preguntas “técnicas” que remitimos a Prieto.
“¿Cómo hará el Poder Ejecutivo para recuperar la confianza de quienes creen que no está comprometido a aplicar la reforma fiscal?”, fue otra de esas “técnicas” preguntas.
“¿Adónde “traza la raya” el Poder Ejecutivo en cuanto a la reducción del gasto público y a la reforma del empleo público?”, fue otra más.
Al parecer, solo obtendremos las respuestas con el paso de los días y de los hechos.
Luis Fernando Chacón, jefe de fracción del PLN
“De momento creemos que está bien dado el apoyo a las municipalidades”
¿Qué hay de cierto en lo que se afirma en cuanto a que el Poder Ejecutivo canjeó el apoyo al proyecto de ley que eximió a las municipalidades de la regla fiscal a cambio del apoyo de la fracción del PLN para el proyecto del tren eléctrico?
—No, no, no es correcta esa afirmación. El PLN no tiene ninguna información de ese canje de un proyecto por otro. Son dos proyectos absolutamente distintos, que fueron analizados de manera distinta.
El primero, el de las municipalidades, fue un tema que inclusive generó discusión a lo interno de la fracción, porque teníamos diputados a favor y diputados en contra.
Los diputados que tenían algunas posiciones en contra mocionaron para ajustar el texto original y provocamos un texto de consenso, que permitiera a las municipalidades aplicar la moratoria en cuanto a sus impuestos y tasas municipales, pero también sacarlos de la regla fiscal, sugerencia que había sido ya analizada desde que estábamos analizando el Expediente 20.180, que se convirtió en la Ley 9635, de la reforma fiscal. Toda vez que considerábamos, la mayoría de diputados del PLN, que las municipalidades son entes autónomos financieramente, administrativamente y políticamente, así determinado por el artículo 170 de la Constitución Política.
Ellos generan sus propios recursos, ellos generan sus propios ingresos, ellos manejan sus presupuestos autónomamente y son responsables de la hacienda de los gobiernos locales.
Me parece que la información que nosotros tenemos es que, dentro de la deuda general que tiene el país, las municipalidades no llegan ni al 2%. Realmente esto no afecta el tema de mantener a las municipalidades dentro de una restricción.
Lo que no implica es que las municipalidades, ya de por sí, tienen pesos y contrapesos para crecer financieramente y para obtener créditos. O sea, estamos hablando de que tienen pesos y contrapesos para endeudarse. Los presupuestos de las municipalidades son aprobados por la Contraloría General de la República todos los años. Previamente a la aprobación de estos presupuestos las municipalidades deben presentar una proyección de ingresos. Y con esa relación de ingresos, las municipalidades pueden optar por algún tipo de financiamiento. Son pocas las que lo hacen actualmente.
Lo cierto también es que, si una municipalidad el día de mañana tuviera problemas financieros, el Estado tendría que acuerparla. Pero, de momento creemos que está bien dado el apoyo a las municipalidades. Y creemos, más bien, que municipalidades fuertes van a impulsar un país fuerte.
El tren eléctrico es un proyecto que está recién ingresado a la corriente legislativa, lo estamos analizando en la Comisión de Infraestructura, estamos en el proceso de recibir audiencias, estamos analizándolo desde un ámbito técnico, financiero y ambiental y creemos que es un proyecto que hay que revisarlo con mucho cuidado, no solo porque debamos o no estar convencidos de la necesidad de que el tren viene a articular una movilidad urbana importante para la gran área metropolitana, articulado también con el resto del sistema de transporte público, entiéndase autobuses, microbuses, taxis, etcétera, que le da un desarrollo importante a más de 15 cantones por donde pasa el tren en sus 84 kilómetros de longitud, pero llega en un momento en que el país financieramente está golpeado.
Hay dudas sobre el tema de cuál es la responsabilidad presupuestaria que va a tener el Estado para responder ante la garantía soberana que dice el empréstito con el BCIE. Y me parece que son cosas que no están claras y que seguirán siendo analizadas y discutidas, pero lo importante es dejar claro que el proyecto de las municipalidades nunca fue condicionado para darle el apoyo al tren, por lo menos en la fracción del PLN. Desconozco en las otras fracciones políticas.
¿La aprobación del proyecto sobre las municipalidades por el PLN no es contradictoria con su rechazo del segundo presupuesto extraordinario presentado por el Ejecutivo?, considerando que el primer proyecto más bien socava la reforma fiscal.
—No, mire. La reforma fiscal, la Ley 9635, fue aprobada en un ámbito nacional distinto al que nos estamos enfrentando ahora con el COVID-19. La responsabilidad de los diputados de la república fue aprobar esta reforma, la reforma fiscal, para garantizarle al país un derrotero que impidiera que la relación deuda externa con el PIB nos metiera en un default financiero. La responsabilidad de los diputados fue generarle nuevos ingresos al Estado costarricense. Con la regla fiscal, esto venía bien, venía aumentando mes a mes de acuerdo a los reportes del Ministerio de Hacienda, pero apenas estábamos empezando a levantarnos, cuando llegó el COVID-19.
Entonces, vean ustedes que no solo se ha levantado la regla fiscal a las municipalidades, sino que hemos tenido que valorar muchos proyectos que están ahora en la corriente legislativa, que están pidiendo que se le disminuya, que se le aplique escalonadamente el IVA o que se suspenda el IVA en muchos sectores que están ahora detenidos económicamente, para provocar un espacio nuevo, un oxígeno nuevo, que les permita a las empresas del turismo, la construcción, bienes y servicios, volver a reactivar económicamente una vez que pasemos la pandemia, por lo menos los picos más altos de la pandemia sanitaria.
De manera tal que no lo vemos como una contradicción, lo vemos más bien como una oportunidad para que los gobiernos locales se mantengan funcionando y garantizando los servicios esenciales necesarios para que los 82 cantones del país puedan brindar, ante la pandemia, los servicios esenciales requeridos.
¿Qué tipo de reducción concreta en el gasto público exigen al Ejecutivo para dar sus votos en el Plenario para el segundo presupuesto extraordinario?
—Esta pregunta debe ser enfocada más bien al Ministro de Hacienda y al Presidente de la República, porque consideramos que el compromiso del Poder Ejecutivo con el pueblo costarricense era amarrarse la faja y presentar un presupuesto extraordinario de recorte del gasto público que realmente reflejara un equilibrio entre el gasto y los ingresos del gobierno de la república.
Es bueno señalar que, a la fecha de hoy, debido a la pandemia y a la situación que estamos viviendo en Costa Rica, el gobierno de la república ha dejado de recibir ya un billón de colones de ingresos, entonces, la misma Contraloría General de la República señaló que el gobierno de la república está obligado urgentemente a presentar una nueva proyección de los ingresos reales que está teniendo.
Es decir, con una reducción de un billón de colones en sus ingresos, no es de recibo que en los presupuestos extraordinarios que están presentado den una reducción de ¢12 mil millones. No es de recibo, ¢12 millones no reflejan en nada la realidad de la falta de ingresos que tiene el Gobierno de la República.
Me parece que dentro de este presupuesto extraordinario ellos hablan de una reducción de ¢62 mil millones, lo cual no es cierto. La Comisión de Hacendarios demostró que, por un lado, rebajaron ¢62 mil millones y que, por otro lado, volvieron a presupuestar ¢50 mil millones. De manera tal que, el neto de la rebaja, son ¢12 mil millones y un poquito más. Esa cifra es la que necesitamos conocer de parte de Hacienda y que refleje un verdadero compromiso de reducción de gastos que realmente equilibren la falta de ingresos que está teniendo el Poder Ejecutivo en estos momentos, para evitarle mayores problemas al país en materia macroeconómica.
Enrique Sánchez, jefe de fracción del PAC
“Esta situación es gravísima”
¿Qué hay de cierto en lo que se afirma en cuanto a que el Poder Ejecutivo canjeó el apoyo al proyecto que eximió a las municipalidades de la regla fiscal, a cambio del apoyo de la fracción del PLN para el proyecto del tren eléctrico?
—No hay nada de cierto en esa afirmación.
¿Pedirán al Ejecutivo una reducción sustancial en el gasto público para contar con los votos en el Plenario para el segundo presupuesto extraordinario?
—El presupuesto fue rechazado, dejando en incertidumbre a miles de familias que requerían el Bono Proteger. Además a la CCSS, que requería ¢34 mil millones para atender la emergencia.
Esos recursos no debieron ser sacrificados, a pesar de que podamos discutir mayores opciones de contención de gasto. Muchas de esas opciones de contención ya se han aplicado en otros presupuestos y en proyectos presentados en el Congreso, como el proyecto PAGAR, anualidades, exoneración del salario escolar y otras iniciativas.
El tema del gasto puede seguir discutiéndose, puede que existan otras opciones, pero el Poder Ejecutivo lo ha atendido diligentemente.
¿Diría usted que las presiones electorales ya están jugando en las negociaciones legislativas y que pronto se acabará el apoyo de los partidos a los proyectos con visión de país que impulsa el Ejecutivo?
—Espero que ese no sea el escenario. Costa Rica requiere, en esta coyuntura histórica, que todas las agrupaciones políticas prioricemos el bienestar de la población sobre cualquier otro objetivo político.
¿Adónde trazaría la raya la fracción del PAC en cuanto a la reducción del gasto público?
—Siempre estamos abiertos a buscar opciones para disminuir gasto, entendiendo que no se deben afectar los servicios públicos. Sin embargo, no aceptamos que esta discusión política se utilice para afectar a la población más vulnerable del país.
El rechazo al segundo presupuesto extraordinario implica que el Poder Ejecutivo no puede utilizar ¢75 mil millones en atender nuevas solicitudes del Bono Proteger.
Esta situación es gravísima, porque esos recursos los requieren con urgencia las miles de personas que en las últimas semanas y días han perdido sus fuentes de ingreso.
