En la agenda de esta mañana de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa figuraba la votación del texto sustitutivo del proyecto de “Ley para el enjuiciamiento de las causas declaradas como narcoactividad y sus manifestaciones criminógenas”, sin embargo por unanimidad se acogió una moción de posposición presentada por el diputado Gilberto Campos, del Partido Liberal Progresista (PLP).
Se trata de una propuesta que ha generado polémica en razón de que establece aumentos en la medida cautelar de la prisión preventiva que fueron considerados como desproporcionados en el análisis hecho en la Corte Plena del Poder Judicial, donde se apuntaron otras “inconsistencias”.
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Análisis en Corte Plena apunta además que presenta vacíos como la falta de parámetros para determinar ligamen con el narcotráfico.
Al momento de ver la moción, Campos explicó que se trabaja en una nueva propuesta del texto, “que será circulada a sus asesores y a ustedes para que podamos discutirla y construirla en conjunto, afinarla, ya el texto está modificado respecto de las valoraciones que se hicieron en las audiencias que tuvimos, espero que sea una propuesta bastante aterrizada y potable que podamos circular”.
Lo irónico del caso es que en enero, ante la cercanía del fin del fin del periodo de sesiones extraordinarias, Campos reaccionó molesto cuando la diputada frenteamplista Priscilla Vindas propuso llamar a audiencia sobre el tema a la jueza Rosaura Chinchilla. En ese momento el legislador liberal alegó que ello implicaría un choque con la amplia lista de proyectos que esa Comisión debió entrar a conocer una vez que inició el periodo de sesiones ordinarias.
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Texto sustitutivo de proyecto del PLP fue aprobado, pero la simple propuesta de realizar audiencia con jueza experta en materia penal generó discusión y el principal defensor del proyecto terminó por anunciar que convocará cuatro audiencias más.
Por otra parte, también se vio el tema del proyecto de “Reforma a ley contra la delincuencia organizada para fortalecer la jurisdicción contencioso administrativa”. Se trata de una de las iniciativas cuyo trámite se acordó el año pasado entre los tres poderes de la República y se tramita bajo el número de expediente 22.834.
Ese proyecto también ha generado polémica pues se propone que el Ministerio de Hacienda, el ICD y la Fiscalía pedir medidas cautelares ante un juzgado contencioso administrativo para que pueda investigar el crecimiento dudoso de capitales.
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Una sesión que pudo haber transcurrido sin mayor suceso fue espacio para una discusión de tintes políticos, mientras se decidía el futuro de mociones a una reforma a la Ley contra la Delincuencia Organizada.
El proyecto ya pasó a plenario y la Comisión lo ha retomado para tramitar mociones planteadas vía artículo 137 del Reglamento legislativo.
La presidenta de la Comisión, Gloria Navas, dijo que se debe precisar el monto a partir del cual se podría solicitar esas medidas, de momento se ha hablado de $50 mil, así como cuáles instituciones finalmente quedarán facultadas para hacerlo y mencionó al Ministerio Público, el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), el Ministerio de Hacienda y a la Contraloría General de la República (CGR).
Al final lo que se acordó por sugerencia de Campos fue convocar a la CGR y a Hacienda a una sesión de trabajo.
