Un escenario político nuevo con mensajes ya conocidos activó el presidente Rodrigo Chaves al cumplirse el mes 25 de su gobierno al presentar la propuesta de llamar a un referendo nacional, tal como lo anunció en el discurso del 2 de mayo, aunque con formas y mensajes que dejan claro hacia dónde colocará la presión con esta nueva maniobra política.
Sin uno solo de los proyectos de fondo que se creían incluiría de una propuesta de referendo, Chaves intenta poner contra la pared del escenario a la Contraloría General de la República (CGR), a la Sala Constitucional, el Tribunal Supremo de Elecciones y, cómo no, a la Asamblea Legislativa donde cunde el escepticismo por la idea de un referendo como el planteado.
La CGR se convierte en el tema principal del planteamiento de Chaves, con su objetivo de llevar a referendo el plan de meterle el bisturí a las potestades de la entidad con la que lleva más de seis meses rivalizando porque la considera un obstáculo contra los proyectos de infraestructura que él quiere impulsar con procedimientos cuestionados.
Pero la propuesta de referendo trasciende a la CGR y al propósito de facilitar el terreno para desarrollar proyectos de infraestructura sin controles previos. La Asamblea Legislativa con su mayoría de bancadas opositoras y sus diputados que usualmente reprocha el presidente también aparece en la lista de objetivos, pues Chaves decidió activar los dos mecanismos previstos por la ley para el referendo pensando en que los legisladores se harán “los gatos bravos” contra el plan de referendo y que en las elecciones nacionales 2026 una masa popular “pase la factura” y castigue a esos partidos con una votación menor.
Esto sería posible si la Asamblea Legislativa cumple la expectativa actual y no aporta los 29 votos para el proyecto de ley presentado por Chaves para llamar a referendo, número de expediente 24.362 titulado “Ley jaguar para impulsar el desarrollo”, el nombre que suele repetir la propaganda oficialista y que adoptó desde que un informe de un banco internacional usó esa metáfora para alabar indicadores macroeconómicos del país.
El mandatario intenta que los diputados opositores “se retraten” públicamente en caso de rechazar ese proyecto mientras avanza el procedimiento de “iniciativa ciudadana” activado en la misma jornada del miércoles por el esposo de la diputada Pilar Cisneros, Édgar Espinoza. En una acción coordinada por el Gobierno ante el TSE, el excolumnista del diario La Nación pidió autorización para recolección de unas 180.000 firmas hacia el referendo pretendido por Chaves, aunque no incluyó en presupuesto de 2024 los casi ₡3.000 millones que podría costar.
Así el TSE ahora entra también en el juego porque es parte de las instituciones que, según Chaves, el organismo electoral buscará “el pelo en la sopa” para evitar que se materialice la elección directa de la población sobre ese proyecto de ley 24.362. “Si por la víspera se saca el día” es la frase especulativa mencionada por Chaves, que aún no ha dirigido su batería directa contra el TSE, pero con claridad lo incluye como uno de los obstáculos que, según él, podría impedir el segundo referendo en la historia del país, más de 17 años después del del TLC.
Y falta el otro blanco de Chaves, la Sala Constitucional, que no es nuevo en el discurso de Chaves porque en ocasiones anteriores le ha atribuido intereses proélites y ha acusado a los magistrados de emitir criterios “retorcidos”. Incluso en mayo dijo que uno de los altos jueces, Paul Rueda, debería evitar votar cualquier asunto relacionado al Gobierno porque una hija suya había publicado en redes sociales el comentario “esto amerita un francotirador” como reacción a una frase del mandatario en favor de la tala legal en el Caribe Sur. El magistrado mismo pidió ser recusado sobre diversos casos vinculados con el Presidente o el Ejecutivo, pero que la solicitud fue rechazada por la propia Sala.
¿Por qué la Sala Constitucional en la mira? Porque parece inevitable que el proyecto de ley 24.362 pase por el filtro de los magistrados constitucionalistas para determinar si cumple o no con la Constitución Política, como reconoció la propia ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, al admitir la existencia de un criterio de 1998 según el cual no se pueden reducir las potestades de la CGR mediante una ley, como propone esta iniciativa. Horas más tarde, al ver lo delicado de sus palabras, hizo circular un video en que aseguró que el proyecto no tiene dudas de constitucionalidad, pero el primer mensaje estaba dado.
“Toda decisión de referendo debe someterse a la Constitución Política, porque sigue tratándose de una ley”, explicó el expresidente del TSE Luis Antonio Sobrado el lunes en el programa Hablando Claro de radio Columbia. “Un referendo no es un acto de soberanía, porque en democracia no existe el poder omnímodo (absoluto) de las mayorías”, añadió para subrayar que se debe jugar con las reglas fijadas en la Constitución a efectos de aprobar leyes, como ocurre en este caso.
De esta manera, la CGR, TSE, Asambleas Legislativa y Sala Constitucional parecen estar en la mira política de Chaves, que intenta encarnar la voz del pueblo en contra de la “institucionalidad”, a la que ha definido en otros momentos como “una telaraña” que protege los intereses de los grupos poderosos.
Más allá del discurso de Chaves contra esas instituciones, queda por ver si llega a materializarse el referendo, una posibilidad que Sobrado consideró lejana porque es difícil que haya tiempo de seguir el procedimiento de recolección de firmas, porque no parece haber 29 diputados a favor del expediente y porque, de todas formas, la Sala Constitucional deberá revisarlo a la luz de normas superiores y de su propia jurisprudencia.
“O hay mala asesoría técnica o hay una estrategia política”, añadió Sobrado ante la posibilidad de que el objetivo del llamado a referendo no sea el referendo per se, sino un entablado de tipo electoral para achacar culpas a las instituciones y reforzar el apoyo de la población que ya expresa apoyo al mandatario y su gobierno. “La idea como tal tiene un futuro poco halagüeño”, agregó el exmagistrado, aunque reconoció que el rechazo a un referendo es una posición impopular.
Lo de una deficiente asesoría técnica también está por verse. Cisneros reconoció a este Semanario que una de las participantes en la confección de ese proyecto de ley es Sylvia Solís, asesora suya y exsubcontralora, junto con un supuesto “panel de expertos”, cuyos nombres Rodrigo Chaves no ha querido dar. “Don Rodrigo dijo que les iba a pedir su autorización para ver si querían hacer públicos sus nombres”, dijo Cisneros sin precisar los nombres, aunque el Diario Extra publicó que intervinieron los excandidatos presidenciales Otto Guevara, José Miguel Villalobos y Juan Diego Castro, además del excontralor Alex Solís y el constitucionalista Fabián Volio.
