Salvadoreños detenidos en Costa Rica: durmiendo con el coronavirus

Irving y Antonio están en el limbo. Sin posibilidad material de regresar a su país y sin estatus legal en Costa Rica, un grupo de salvadoreños convive con el COVID-19 en las celdas para migrantes en Heredia.

Irving Alexander Romero Cruz volvía con su hija de tres años. Eran las 3:25 p.m. y acababa de presentar la carta de renuncia en la empresa donde trabajó desde noviembre del 2016 por un motivo ajeno a su voluntad: “Migración denegó mi estatus migratorio y mi permiso laboral”.

Tenía la fe de presentar pronto los documentos necesarios para seguir trabajando en Costa Rica como lo hizo desde que llegó, el 15 de julio del 2013, huyendo de las amenazas de una y otra pandilla allá donde vivía en el departamento San Miguel, en El Salvador. Tuvo permiso laboral y seguro de la CCSS mientras esperaba la respuesta a la solicitud de refugio, el 12 de febrero le notificaron el rechazo y una semana después el mundo le cambió.

La Esposa de Irving con su hija en el apartamento. En esta foto falta Irving, que está detenido con una orden de deportación inviable. (Foto: Álvaro Murillo).

Caminaba cerca de Ultra Park, en Escazú, cuando de repente se le acercaron cuatro patrullas, de las que salieron los policías y frente a la niña lo esposaron. Se lo llevaron preso y ahí mismo una funcionaria del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) tomó a la menor, que gritaba y lloraba. Fue el 19 de febrero de este año y desde ese momento está detenido sin comprender por qué.

Legalmente tiene orden de deportación a su país, pero el coronavirus ha alterado la logística de las repatriaciones de Costa Rica a El Salvador, que usualmente se hacían por vuelos de la empresa Avianca, ahora suspendidos. Ahora está obligado a vivir en una celda que mide igual que el pequeño apartamento donde viven su esposa con la niña, pero con enormes diferencia: le faltan ellas y le sobra miedo de contagiarse por el virus que en ese mismo centro ha infectado a 14 personas.

Este era el permiso de trabajo de Irving en el país y que le fue revocado. (Foto Alvaro Murillo)

“Todos los de mi celda se contagiaron, menos yo, creo”, dijo este lunes Irving desde el teléfono público del patio central del Centro de Aprehensión Regional Central (CARC), ubicado en Los Lagos de Heredia, donde también están otros 13 salvadoreños y 13 personas más de cuatro nacionalidades distintas. Se cumplían nueve días desde que se confirmó el contagio de los primeros dos detenidos y se conoció públicamente el aislamiento establecido desde el 17 de marzo.

Desde ese día no ve a su esposo. La última vez solo pudo dejarle unas picaritas y los documentos que él le pidió esperanzado, para convencer por su cuenta a las autoridades de Migración, mientras reza por ayuda del Servicio Jesuita para Migrantes. Quiere probar que nunca ha sido condenado por un delito y que por años ha trabajado y cotizado en Costa Rica sin ningún problema, hasta ahora.

Hasta ahora. Es el peor momento, piensa cuando pasa las noches escuchando la tos de sus compañeros contagiados al otro lado del pasillo, a menos de dos metros entre celda y celda. Cuando vio a dos compañeros salir en ambulancia al hospital especial de COVID-19 y solo a uno de ellos volver. Cuando sabe que falta Antonio Machuca, un profesor.

“Al final yo dije, bueno, tengo pocas posibilidades de seguir vivo en El Salvador, pero depórtenme, pero nada. Me dijeron que todavía no se puede”. Quería buscar al menos el camino más peligroso para poder trabajar y enviar dinero a su esposa y a la niña, que de momento comen lo que les enviaron de la empresa donde él trabajaba, Jopco, en Escazú.

La voz sale atropellada por el celular con la pantalla quebrada de su esposa, que asiente con la cabeza a cada detalle que se escucha en el teléfono, mientras la niña refunfuña porque quiere hablar con su papá, de cuya mano la arrebataron el 19 de febrero. Tiene conatos de ira y puede ser porque extraña a Irving o porque apenas asimila que viene un hermanito, ya que su mamá tiene poco más de tres meses de embarazo y, si todo sale bien, en la Navidad serán cuatro en la familia.

Ana Margarita y su esposo Antonio, ambos profesores. Él se contagió de COVID-19 en el CARC y ahora está hospitalizado, aunque también espera deportación.

Estamos en el apartamento que alquilan en San Sebastián. Una sala-comedor-cocina, un dormitorio y un baño, todo por ¢120.000. El casero les permitió pagar solo una parte y dejar el resto para después, como si el futuro ofreciera alguna salida rentable para Irving.

Las esperanzas son pocas. Él ha hablado con la directora de Migración, Raquel Vargas, quien contesta que la ley es la ley. Es lo mismo que dijo a este Semanario (“Igual si se trata de una persona vinculada a mara que haya cometido delitos… aunque haya querido cambiar y corregir el rumbo de su vida”).

Ahí está el problema. Irving sí perteneció a una mara, pero lo hizo obligado porque de otra manera iban a matar a parte de su familia, asegura. Vivía en una colonia llamada La Presita donde mandaba una pandilla llamada La Mirada Locos 13 (LMLS-13), rodeada de municipios controlados por pandilleros rivales de la Mara Salvatrucha (MS-13). Es la realidad en muchos barrios salvadoreños, el reclutamiento obligatorio o la muerte.

Irving reconoce que entró a LMLS-13 para salvar a sus familiares, aunque a la vez, comprometía a toda la familia amenazada por la MS. “Unos decían que éramos de unos y los otros que éramos de los rivales. Todos nos querían matar”, cuenta compañera de Irving, quien debió dejar tirados sus estudios en Administración.

De ahí vino lo de “resistencia agravada” que achacan a Irving, aunque nunca fue condenado. El expediente migratorio solo dice “cargos policiales”, según la resolución del hábeas corpus presentado en la Sala Constitucional. Ocurrió que hicieron una redada policial y para poder detenerlo le atribuyeron desobediencia, según su relato. No fue posible acceder a su expediente en Migración y él dice no tener copia, aunque nunca en seis años Costa Rica le ha cobrado cargos precedentes.

Dice que en San Salvador pudo sacar su hoja delictiva limpia, que ingresó a Costa Rica legalmente y que pudo trabajar sin problemas en lo informal y después en planilla como bodeguero de la empresa Jopco, de artículos para hoteles, gracias a que uno de los jefes lo conoció cuando trabajó en la construcción de su casa. “Todos los que me conocen en Costa Rica saben que solo he ido del trabajo a la casa y de la casa al trabajo”, dice entre dos largos silencios.

Por eso no se explica su situación. La embajada de El Salvador le informó de que poco puede hacer ante Migración, y para las autoridades Irving es un pandillero, aunque el único tatuaje ahora está reformado con una rosa y unas líneas más para borrar aquello. Si lo vieran los cabecillas, se lo cobrarían con la muerte por desertor, y aún así Irving pidió que lo saquen hacia su país, con tal de salir del CARC.

“Ellos no quieren ni deportarnos ni cambiarnos las medidas. Nos tienen acá encerrados llenos del virus ese, viendo en qué momento nos infectamos, pagando un castigo, aislados, por algo que no he hecho y ni siquiera sé qué es. He pedido ayuda a la embajada pero mi país también se burla de mí”.

“Aquí me dicen que yo era de la MS, pero esa ni siquiera controla la colonia donde yo vivía. Eran los que querían matarme porque yo había tenido que entrar a la pandilla rival para que no me mataran. Esa es la realidad de mi país. A mí me mataron dos primos ya”.

En el apartamento, la moto que sacó a crédito está cubierta de polvo. Resalta una foto del día en que Irving y su esposa se casaron aquí en Costa Rica, además de una carta romántica que él escribió hace poco, antes de decirle que iba a pedir que lo deportaran cuanto antes, no importa cuánto peligro corría allá.

Ha intentado todo para salir de ahí, pero no funcionó ni un recurso de hábeas corpus, rechazado por mayoría de los magistrados de la Sala Constitucional, aunque dos miembros hicieron señalamientos que favorecen a Irving y a sus compañeros.

“No consta en el expediente cuáles son los protocolos existentes en caso de contagio, o de contagio masivo o bien, que la población privada de libertad tenga acceso a un trato igualitario al tratamiento médico —incluido, el hospitalario—”, firmaron los magistrados Paul Rueda y Nancy Hernández en su voto salvado.

Esas omisiones “se traducen en amenazas a los derechos fundamentales de la población penitenciaria y de sus funcionarios”, se lee en la resolución Nº 2020008289, del 5 de mayo, cuando ya se sabía de 14 internos infectados y un administrativo del CARC. De los 27 detenidos (mayoría de salvadoreños, seguidos de nicaragüenses, un colombiano, un hondureño y un africano), solo 13 estaban aún libres del virus, pero ahí deben seguir.

Noticias internacionales reportan que El Salvador sí ha estado recibiendo deportados, pero desde Estados Unidos. La Directora de Migración dice que aquí los procesos de deportación continúan, aunque señala que hay problemas con los vuelos.

En El Salvador, organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado las condiciones degradantes en los albergues que el Gobierno ha dispuesto para que por 30 días hagan cuarentena los salvadoreños que regresan de cualquier país. Entre otros señalamientos, mezclan a personas sanas con enfermas y no hay suficientes cuidados médicos.

El profesor Antonio: hospitalizado

Lo último que Ana Margarita Beltrán supo sobre su esposo es que sigue “estable” en el hospital que el Seguro Social acondicionó para atender a pacientes con COVID-19. Es un logro después de haberlo rastreado desde que le avisaron que una ambulancia lo sacó del Centro de Aprehensión Regional Central (CARC) días después de que comprobaron que se infectó con el virus sepa Dios cómo.

Ana Margarita tiene motivos para estar preocupada. Vidal Antonio Machuca Castillo tiene 57 años y es hipertenso. Aunque se toma diariamente su dosis de 5 miligramos de amlodipino y el genérico de aspirina, es más vulnerable frente al virus. Acumula siete días internado, sin que su familia se haya comunicado con él ni haya tenido certeza de su ubicación. Le quitaron el teléfono y después de mil llamadas Anita pudo dar con la localización. Le dijeron que tampoco saldrá en cuestión de horas.

Pero ella tampoco está tan segura de querer que le den de alta a su marido. Eso implicaría volver a caer en las celdas a donde él llegó el 10 de marzo por su condición migratoria irregular. Ese día lo detuvieron apenas le retiraron el carné de solicitante de refugio que le habían otorgado un mes antes. Le dijeron que iba deportado a su país.

Machuca se sumó así al grupo de salvadoreños que ya estaba en el CARC. De un trancazo se cortaba la vida que había logrado armar junto a su esposa en Cóbano, donde ambos daban clases en un colegio privado y criaban a sus dos hijos adolescentes en condiciones que jamás tendrían en El Salvador.

Ahora todo es distinto. “Solo cosas malas nos vienen”, se queja la hija mayor, cuenta Ana Margarita. Primero la detención, luego la notificación de la orden para deportarlo al país de donde dicen haber salido por amenazas de muerte. Después, el confinamiento por el coronavirus, seguido de la confirmación de haberse contagiado y, para rematar, la hospitalización.

Todo en menos de dos meses. Así se rompió la buena rutina que llevaban en familia en los calores de Cóbano, donde se establecieron después de que entraron juntos el 25 de febrero del 2018. El detonante fue la amenaza que unos pandilleros hicieron a Antonio, a quien acusaban de ser quien los denunciaba ante los policías cuando algo pasaba en su colonia.

Tiempo después, ya en Costa Rica, vieron en las noticias que el mismo líder pandillero que amenazó al profesor Antonio estaba en la cárcel y desde ahí había mandado a matar a su propia compañera sentimental. “Eso nos comprobó que tomamos la mejor decisión, porque allá están dispuestos a todo, a todo”, relata Ana Margarita.

El problema es, cuenta ella, que Antonio purgó tres años de prisión en Estados Unidos por conducta lasciva, lo cual se convierte en un obstáculo para el otorgamiento del refugio.

Así lo dice el artículo 70 de la Ley de Migración: “No se autorizará la permanencia legal, a la persona extranjera que haya cumplido condena por delito doloso en los últimos diez años, en Costa Rica o en el extranjero, siempre y cuando el ilícito sea reconocido como tal en nuestra legislación”.

El detalle está en que, de acuerdo con Beltrán, su marido pagó a la Justicia estadounidense hace más de 12 años, lo cual haría inaplicable la restricción del artículo 70. Tampoco fue posible acceder al expediente migratorio del hombre para verificar que coincida con esta versión, aunque la directora Vargas no ve espacios para la reconsideración, ni la embajada de El Salvador.

“Este caso no tiene alternativa y será deportado”, contestaron los diplomáticos salvadoreños a Beltrán, según una copia del correo electrónico enviado el 30 de marzo desde la sede salvadoreña ante las súplicas de la mujer por ayuda para su esposo. Lo que no saben es cuándo.

La angustia de “Anita”, como le dicen sus conocidos y compañeros de trabajo sigue en aumento. “Estoy muy preocupada con su condición de salud; hoy no solo me preocupa su deportación sino que no vaya a salir con vida”.


La pregunta abierta: ¿cómo entró el coronavirus al centro de detención de migrantes?

La primera noticia hablaba de dos migrantes infectados de COVID-19 en el Centro de Aprehensión Regional Central (CARC). Al día siguiente se ampliaba el reporte: eran 14 los afectados, más de la mitad de los 27 detenidos en estas instalaciones donde podrían caber 200 según las autoridades.

Se conoció entonces que el CARC estaba ya aislado, que desde hacía semanas se prohibieron visitas de familiares y que, según el parte oficial, ningún policía estaba contagiado aún.

“Todos (los contagiados) están en el país antes del cierre de fronteras”, asegura Vargas, aunque advierte que algunos estaban fuera del CARC. Es decir, no son casos importados directamente.

Reportó también que hay un funcionario administrativo que dio positivo. “No se sabe cómo llegó el virus a ese centro, pero se está investigando con las bitácoras. Es cierto que no se reciben familiares desde el 17 de marzo, pero sí abogados o diplomáticos. Ya sabíamos que esto era un riesgo”.

Vargas sostiene que todos los protocolos están activados y que hay atención médica dentro del CARC. Se han controlado los turnos de los custodios y la “situación está administrada”.


 

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