El Ministerio de Salud trabaja en un nuevo decreto que permitiría reducir el precio de los medicamentos a través de una indicación muy sencilla: la obligatoriedad de que todas las recetas médicas que se prescriban utilicen el nombre genérico de los medicamentos más allá de una marca en específico.
Esta indicación, afirmó el viceministro de Salud, Dennis Angulo, permitiría a los pacientes tener un acceso lo más amplio posible a todos los medicamentos que existen, incluidos los genéricos, “que son totalmente seguros e igualmente efectivos, pero que tienen un costo hasta diez veces más bajo que los productos ‘de marca’ que se prescriben actualmente”.
El nuevo decreto ya se encuentra en etapa de consulta pública, consta de cinco páginas y simplemente obliga a los médicos, odontólogos y obstetras a utilizar este nuevo sistema, algo que sería verificado por las autoridades sanitarias a través de la recolección de copias de las recetas y la futura implementación de la receta digital.
Con esta reforma, aseguró el viceministro, la idea es que “el farmacéutico estaría obligado a decirle al usuario que tiene tres o cuatro productos con el nombre genérico, además de los productos ‘de marca’, una simple variante que le permitiría al paciente “elegir cuál va a comprar y a cuál precio va a hacerlo”.
Además, Angulo recordó que tanto los medicamentos genéricos como los ‘de marca’ “tienen los mismos efectos y pasan por los mismos controles”, un hecho que no debería generar mayores preocupaciones. “En el momento en que estos genéricos entran en el mercado costarricense, el producto ya pasó por todo un tamiz riguroso de parte del Ministerio de Salud, que dice que el producto es sano y seguro. No tenemos que tenerles miedo”, subrayó.
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Según el jerarca, con este simple movimiento la cartera de Salud estima una reducción en los precios de los medicamentos de entre el 25% y el 50%, en medio de un mercado que mueve más de $500 millones anuales solo en el sector privado.
Ese sector privado, afirmó Angulo, ha mostrado cierta reticencia al cambio; sin embargo, confían en que sean más las reacciones positivas, tratándose de un tema que beneficia directamente a la capacidad de consumo de los hogares.
“La única razón por la cual nosotros estamos haciendo esto para darle el acceso a los medicamentos a muchas personas. Hablamos de un mercado que en realidad está siendo usurero con la población y que afecta a la economía familiar al final de toda la cadena”, describió.
“Alguien que padece de un problema de salud tiene que ir primero donde el médico y pagar su consulta, y si el médico le cobra ¢30.000 o ¢40.000 el paciente luego ni siquiera podría pagar los medicamentos. Además, si solo decide pagar los medicamentos, tendría que pagar mucho dinero y eso entonces podría limitar su capacidad de adquirir en la economía, de alimentarse o de recrearse, porque a fin de cuentas hablamos de un asunto de salud”, ejemplificó.
Por este motivo, Angulo subrayó que la idea es continuar con este tipo de medidas, incluidos algunos otros decretos que “vienen en camino”. Este proceso lo define como “tortuoso” y lleno de “intereses del mercado”, pero necesario para atender el derecho a la salud.
“Hay un enorme interés de varios sectores en el mercado de que cosas como esta no pasen, de que sigamos igual; pero nosotros estamos apostando a que la gente también se está pronunciando en la consulta y que existen gremios que están a favor de lo que estamos haciendo”, comentó.
Este primer decreto estará en consulta hasta el próximo 31 de mayo, un plazo que se extendió a solicitud del Colegio de Farmacéuticos desde la semana pasada. Más tarde, podrá firmarse y publicarse, si la administración así lo decide.
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“Hay un enorme interés de varios sectores en el mercado de que cosas como estas no pasen, de que sigamos igual; pero nosotros estamos apostando a que la gente también se está pronunciando en la consulta y que existen gremios que están a favor de lo que estamos haciendo”.
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Un proyecto de ley
Los decretos, sin embargo, no son el único intento que se realiza para regular los precios de los medicamentos a través de medidas en materia de competencia. Por el contrario, el diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Welmer Ramos, presentó a finales de abril el proyecto de ley 21.368, una iniciativa que recoge varias de las que ahora el Ministerio de Salud quiere impulsar vía reglamentación.
Esto es así porque la implementación vía decretos es mucho más débil que una posible ley, pues un futuro gobierno podría derogar las medidas si así lo quisiera.
En ese contexto llega la iniciativa de Ramos, quien fue ministro de Economía en la administración anterior, la cual propone varias reformas para evitar las prácticas identificadas por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía que evitan la competencia del mercado y que elevan los precios de los medicamentos. Estas son prácticas mayoritariamente monopolísticas, según Ramos, las cuales solo podrían regularse definitivamente con una nueva legislación.
Entre sus propuestas, el proyecto incluye las mismas indicaciones del decreto en materia de recetas, así como algunas prohibiciones para que laboratorios, droguerías, farmacias y médicos apliquen prácticas monopolísticas, como los contratos de exclusividad entre laboratorios y farmacias, o las regalías que a veces ofrecen las farmacias a los profesionales de la salud para que estos prescriban sus respectivos productos.
Además, propone que los medicamentos, laboratorios, importadores y las droguerías inscritas en países con mejores controles que los nacionales puedan registrarse en el país a través de trámites sencillos de homologación, de modo que puedan establecerse y brindar sus servicios a nivel nacional para aumentar considerablemente la oferta de productos y, por ende, la competencia en los precios.
Por este motivo, Ramos asegura que el texto no es una propuesta tradicional de regulación de precios, sino de promoción de la competencia, un abordaje más amplio para atender un mercado que “tiene que ver con el dolor de las personas y a qué precio se puede brindar la salud”.
Además, el texto establece medidas complementarias como la creación de un sistema oficial de información de medicamentos, de modo que el consumidor pueda comparar los precios,, así como el registro de una canasta básica de medicinas, a través de la cual se daría seguimiento a productos que atienden distintas enfermedades y la evolución de su efecto en el mercado.
Todo ese control quedaría en manos de los ministerios de Salud y de Economía, cada cual en los asuntos de su materia.
[padding type=”medium_right”][quote_colored name=”Welmer Ramos, diputado del PAC y exministro de Economía” icon_quote=”no”]
“Nuestra ley homogeniza el tratamiento de todos los mercados y eso debe cambiar. Mercados como el de los medicamentos deben tener una vigilancia preferencial y hay que romper con ciertos tabúes de ese mercado, en especial cuando se comercializa con productos a cambio de vidas de los seres humanos (…) Costa Rica tiene uno de los precios de los medicamentos más altos de América y mucho más altos que muchos mercados europeos”.
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Sobre este proyecto, el ministro de Salud, Daniel Salas, aseguró que una de las funciones de la institucionalidad es “buscar la garantía del acceso a los servicios de salud en todo el país para toda la población”, por lo cual “los medicamentos son parte de ese servicio”.
“En ese sentido sabemos que el precio de los medicamentos es un factor que juega un rol muy importante para ese acceso y el Ministerio de Salud apoyará o promoverá cualquier iniciativa que busque justamente una reducción en el precio de los medicamentos para que la población pueda tener acceso a los mismos”, analizó.
Más explícito sobre el proyecto fue el viceministro Angulo, quien agregó que dicha propuesta permitiría “blindar las medidas de los futuros decretos para que no se vaya a mezclar con el vaivén de la política”.
Por su parte, Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) —principal comprador público de medicamentos con más de $250 millones anuales–, indicó a través de su equipo de prensa que desde la institución que dirige hablarán sobre el proyecto hasta que sea puesto a consulta por parte de los diputados, pues no sería correcto adelantar un criterio concreto sobre la iniciativa sin haberla analizado a fondo, de forma colegiada, como suele hacerse con cada proyecto desde la Junta Directiva.
