El Ministerio de Salud sigue sin tomar acción sobre el oligopólico mercado de los medicamentos en el país y su impacto en la economía de los pacientes que buscan aplacar su enfermedad o dolor, pero se topan con precios muy altos.
Ha pasado más de un año desde que el Ministerio de Salud presentó el primer borrador de un decreto que vendría a generar competencia en el mercado, pues obligaría a los médicos prescribir medicamentos por Denominación Común Internacional (DCI); es decir, por su principio activo y no por marca.
Reuniones vienen y van con distintos grupos como el Colegio de Médicos y el de Farmacéuticos, entre otros. También han pasado cuatro borradores; sin embargo, a la fecha, el ministro de Salud, Daniel Salas, solo dice que aún se encuentran trabajando en el decreto y que esperaría firmarlo a final de este semestre.
Además, con gran entusiasmo, y en conjunto con el Ministerio de Economía (MEIC), anuncia la presentación de un proyecto de ley que busca bajar el costo de los medicamentos.
Los borradores del decreto han cambiado con el paso de los meses. Por ejemplo, en su primera versión, en su Artículo 1, señala solo que el objetivo del documento era establecer el sistema de prescripción de medicamentos por DCI.
El último borrador dado a conocer (octubre 2019) presenta cambios y aclara en su Artículo 1 que se prescribirán por principio activo solo los pertenecientes al listado oficial de medicamentos equivalentes terapéuticos. Para los demás medicamentos que no pertenezcan a este listado se permite que, adicional a la prescripción por denominación común internacional, se incluya el nombre comercial del medicamento.
En setiembre del 2019, el ministro de Salud, Daniel Salas; el ministro de Cooperación con el Sector Privado, André Garnier, y miembros de la Junta de Gobierno del Colegio de Médicos y Cirujanos, sostuvieron una reunión para conversar sobre algunas cuestiones del borrador.
Tras la reunión, el Colegio de Médicos y Cirujanos señaló que ambos ministros se comprometieron a que en “la receta obligatoriamente se consigne la DCI del medicamento, aunque el médico también podrá recetar por su marca registrada sin ninguna justificación”.
Al ser consultado por el acuerdo, Salas respondió que será obligatorio prescribir por nombre genérico de los medicamentos; sin embargo, en algunos casos se podrá recetar por marca.
“Es recomendación. Lo que es obligatorio es el DCI. El médico tendrá el criterio justamente de aplicar esa recomendación, y como le digo, en cuanto a esa recomendación estamos en esa etapa final en donde si hay una equivalencia terapéutica, que son esos 47 medicamentos, tendría que tener esa justificación. Por ejemplo, reacción al componente tal. No es una justificación amplia; algo muy escueto. Para el resto está la libertad de que el médico puede recomendar“, señaló Salas.
“Estamos trabajando con la Facultad de Farmacia de la UCR en una lista de bioexención. La bioexención corresponderá a medicamentos que justamente no requieren de esa equivalencia terapéutica. Entonces más bien quedarían exentos de la aplicación de cualquier tipo de justificación”, añadió.
Además, los ministros se comprometieron a eliminar del decreto la obligación del médico de justificar las razones clínico farmacológicas para recetar por marca.
En esta situación, Salas respondió que esta medida solo se aplicará “en el caso de los que no tengan equivalente terapéutico”.
En cuanto a las sanciones, el jerarca destacó que en este decreto solo se impondrán sanciones de tipo administrativo a las farmacias o consultorios que incumplan con el decreto.
“Las medidas administrativas que contempla la Ley General de Salud se seguirán aplicando, lo que pasa es que simplemente se está diciendo que dependiendo del caso, así se valorará la sanción o la medida administrativa que deba aplicarse. La Ley General de Salud no faculta al Ministerio de Salud a hacer multas y eso en realidad nos limita en cierta forma a aplicar ciertos reglamentos. Pero sí se pueden imponer las medidas administrativas que van desde la prevención (la orden sanitaria) hasta la denuncia al Colegio respectivo por incumplimiento, o incluso el cierre del establecimiento”, señaló el jerarca.
Para el diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Welmer Ramos, impulsor de un proyecto de ley que busca generar competencia en el mercado de medicamentos, el actuar del Ministerio ha sido lamentable.
“Es lamentable que un decreto para recetar por la Denominación Común Internacional esté engavetado. Este era un asunto de urgencia y eso iba a llevar a que la gente tuviera más opciones para escoger medicamentos con igual desempeño a precios mucho más asequibles, principalmente para la población que tiene menores ingresos”, señaló el legislador.
“Lo único que se le pide a los médicos es que receten por el nombre de la sustancia activa y que si quieren recetar un medicamento por el nombre de marca lo puedan hacer con una justificación; sin embargo, el ministro y el presidente lo han postergado demasiado. Yo no me explico por qué razón”, añadió.
La propuesta de prescripción por Denominación Común Internacional se suma a otro decreto que permitiría las importaciones paralela.
Precios altos
El ministro es consciente de que el costo de los medicamentos en las farmacias privadas de Costa Rica es uno de los más altos de Latinoamérica y el mundo. Un país en el que participan 76 laboratorios (nacionales y extranjeros), 221 droguerías y 1.167 farmacias privadas que conforman la cadena valor.
De esto da fe el último estudio elaborado por el Ministerio de Economía (2019), el cual reveló que existe un mercado de medicamentos que golpea a los ciudadanos con sus altos precios.
El estudio compara los precios de 20 medicamentos en tres farmacias distintas: tipo A (independientes), B (cadenas de precio barato) y C (cadenas de precio regular).
Por ejemplo, comprar una caja de las tabletas anticonceptivas marca Yasmin en una farmacia de tipo A tiene un costo de ¢12.640, mientras que en la B, ¢10.785, y en la C, ¢11.207.
Los tres tipos de farmacia compraron los medicamentos a diferente precio. En este caso, la farmacia tipo A compró el medicamento a un precio de ¢10.994, la B a ¢10.864 y la C a ¢10.575.
En el caso de los anticonceptivos Primabela la situación es similar. En la farmacia de tipo A el costo del medicamento es de ¢8.854, en la B ¢7.167 y en la C ¢8.219.
La farmacia tipo A compró este medicamento a un precio de ¢7.577, la B a ¢7.332 y la C a ¢7.485.
El estudio también hizo hincapié en las prácticas comerciales en que incurren tanto los laboratorios, las droguerías y farmacias.
Se encontró, por ejemplo, que los laboratorios en el país suelen tener prácticas como el ofrecer regalías a los médicos y bonificaciones de productos, así como incentivos (puede ser monetario o en producto) a las farmacias. También se identificó la estrategia de comercialización realizada por el laboratorio, llamada “Plan Paciente”.
En el caso de las droguerías, existen contratos de exclusividad con laboratorios. Asimismo, la escala de bonificaciones que aplican estas depende del volumen de compra que pueda tener cada farmacia, entre otros.
En cuanto a las farmacias, las tipo B (cadena de precio barato) y C (cadena de precio regular) tienen mayor poder de negociación que las tipo A, por comprar grandes volúmenes de medicamentos. Además, se da la existencia del push money en el punto de venta para incentivar la rotación de inventario que muchas veces determina o elimina el criterio farmacéutico.
De acuerdo con el estudio del MEIC, solo en el año 2017 la población invirtió en medicamentos un total de ¢190.000 millones.
Desde los años noventa, el país ha intentado disminuir el precio de los medicamentos; sin embargo, los esfuerzos fueron en vano. Por ejemplo, el exministro de Salud, Rogelio Pardo (1998-2002) apostó por seis decretos que tenían como objetivo lograr la libre competencia en el mercado y así reducir el precio de los medicamentos.
“Lo que estamos haciendo con el DCI es que desde el origen de la receta sea obligatorio. También se refuerza el asunto de los farmacéuticos porque antes se dejaba la responsabilidad solo al farmacéutico y sabemos que no siempre se ha aplicado. Tenemos algunas denuncias. Aquí lo importante es empoderar a la población. Por eso ocupamos que la población sepa y denuncie si injustamente está siendo víctima de un incumplimiento”, señaló el ministro Salas.
Proyecto de ley
Ahora el Poder Ejecutivo aboga por llevar un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa para bajar los costos de los medicamentos.
De acuerdo con el viceministro de Economía, Carlos Mora, actualmente se está desarrollando el borrador, en el que están colaborando Casa Presidencial, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía.
Según Mora, el proyecto tiene como objetivo mejorar la competencia. Para lograr esto incluirán la idea de que los médicos receten medicamentos por Denominación Común Internacional.
Además, la iniciativa pretende que se dé un reconocimiento de registro de autoridades sanitarias estrictas de otros países. De esta manera se podría dar una homologación ante el Ministerio de Salud de los registros sanitarios de medicamentos que estén inscritos en otro país.
Permitiría también que se dé el uso de registro. Esto implicaría que cualquier farmacia, droguería o laboratorio nacional pueda importar y vender en el país cualquier medicamento inscrito en Costa Rica.
De acuerdo con Mora, así se lograría evitar lo que sucede actualmente, “que una droguería tiene la exclusividad de importar un medicamento al país, y como solo ellos lo pueden importarlo, pueden cobrar el precio que quieran”.
El proyecto pretende que se dé una transparencia de mercados, educación dirigida a los pacientes y empresas a través del Ministerio de Salud, así como la trazabilidad de los medicamentos para verificar que no estén adulterados. El texto también incluiría castigar los contratos de exclusividad, las prácticas como obsequios de viajes, pagos, entre otros.
“Se busca una propuesta que logre de manera más integral disminuir los costos de los medicamentos. Hay diferentes puntos: el punto de entrada en donde hay un precio establecido que dan las casas farmacéuticas, y también los márgenes de ganancia. Sabemos que hay una cadena que va agregando precios en lo largo de la distribución, del almacenamiento, de todos los costos de administración que suman las farmacias, que al final le da otro precio al medicamento”, acotó Salas.
Salas aclaró que la idea es que las ganancias sean lo más razonables posibles, siempre pensando obviamente en que haya competitividad. “No estamos buscando una disminución en la que quede el medicamento con un 100% menos; o sea, son cosas razonables, pero que siempre se maneje reducción de precios que sea algo significativo para el consumidor final”.
El viceministro de Economía señaló que el borrador será afinado por las autoridades durante este mes. Además, agregó que la idea de elaborar este proyecto se debe a que a futuro los decretos se pueden derogar. “Queremos dar más fortaleza jurídica al instrumento”.
Para el legislador Welmer Ramos, la redacción de un nuevo proyecto solo significa alargar más la difícil situación que afecta desde hace años a los ciudadanos que necesitan comprar fármacos.
“¿Por qué el Ejecutivo no mociona uno de los que está adentro y lo pone a tono con lo que tiene? ¿Por qué va a presentar otro? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué sabemos que ese que va a presentar el Ejecutivo tiene más viabilidad que cualquiera de los que hay? Los proyectos cuando están en la Asamblea son proyectos que pueden ser modificados y perfeccionados. Yo lo que me pregunto es por qué tienen que crear uno nuevo que entraría allá en un momento muy lejano”, criticó Ramos.
Además agregó que este asunto no se puede alargar en el tiempo pues es un tema de derechos humanos, sanidad y defensa de la vida. “Esto tiene un interés superior. La urgencia debería ser muy grande”, dijo.
