Danny Carmona es un joven nicaragüense que llegó hace nueve años a Costa Rica con la esperanza de encontrar un empleo y mejorar su calidad de vida. Lo que jamás imaginó fue que cuatro años después sería diagnosticado con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).
“Tenía 23 años cuando recibí el diagnóstico. Estaba empezando a vivir, siempre lo digo. Al inicio fue muy duro, uno pasa por una etapa de duelo, de aceptación y asimilación de una condición de salud nueva que le están dando. Uno, pese a tener formación en la temática de VIH, sin embargo, siempre es diferente vivirlo”, señaló Carmona.
Este hombre de 28 años de edad, quien es parte de la Asociación Esperanza Viva, es una de las miles de personas que conviven con VIH en el país, y que se ven actualmente beneficiados por el Proyecto País: Costa Rica un modelo sostenible de prevención combinada y atención a la población de hombres que tienen sexo con hombres y Trans Femenina, que se lleva a cabo con la organización del Instituto Humanista para la Cooperación de Países en Desarrollo (Hivos), y al cual la Defensoría de los Habitantes decidió abandonar semanas atrás.
El 10 de febrero anterior, la defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, envió una misiva a Hivos, en la cual argumentó que la salida de la institución del proyecto se originó por una reducción en el presupuesto.
Días después, en un comunicado de prensa, Crespo señaló que la ruptura del convenio se debía a que la participación de la Defensoría encuadra dentro de lo que se conoce como funciones de la Administración Activa; es decir, “una participación que podría significar que la institución funja como juez y parte ante la eventualidad de conocer denuncias contra el funcionamiento del proyecto”.
Desde el 2016 y hasta este año, la Defensoría de los Habitantes fue la encargada de apoyar a las organizaciones de sociedad civil en hacer incidencia política, defender los derechos humanos de estas poblaciones, y de todo el proceso de denuncia pública que pueda haber dentro del marco de cualquier proyecto.
Estas razones han sido criticadas por organizaciones de la sociedad civil, así como por diputados de la Asamblea Legislativa, quienes acusan a la defensora Crespo por el poco interés de proteger los derechos de las personas en condiciones de vulnerabilidad, lo cual se ve reflejado en varias decisiones de la actual administración, por ejemplo, en el finiquito del convenio con la Universidad de Costa Rica (UCR), el cual brindaba apoyo legal gratuito a población de escasos recursos.
Voces en contra
Uno de los diputados que alzó la voz en contra de la decisión de la defensoría es Enrique Sánchez, del Partido Acción Ciudadana (PAC), quien señaló que le parecía preocupante la actuación de la defensora.
“Leyendo las argumentaciones de las organizaciones que trabajan con el tema, la preocupación es esa, que hay un claro interés en descuidar la atención de esta población, en particular porque no hay ninguna razón para justificarlo. Es sistemático, pues ahora pasa con los consultorios jurídicos de la UCR utilizando el mismo argumento, el cual es completamente falso, porque se refiere a supuestos recortes en el presupuesto y eso es absolutamente falso. El presupuesto de la República en ese rubro no tenía ningún recorte y la Asamblea Legislativa no recortó ni un cinco en eso”, destacó Sánchez.
“Ella misma, cuando vino a la Comisión de Hacendarios a defender su presupuesto, se vanagloriaba en esa audiencia de haber recortado más de lo que Hacienda recortó. No es de recibo que hoy justifique y trate de responsabilizar a Hacienda por los recortes presupuestarios, cuando ella en ese momento, y así consta en las actas de la comisión, celebró haber recortado más de lo que Hacienda le había pedido. Si en ese recorte ella no previó que estaba desprotegiendo poblaciones que requieren atención jurídica o poblaciones con VIH, es un error más de su gestión”, criticó.
Sánchez destacó también que el convenio no requería presupuesto extra de la Defensoría, pues los fondos destinados para los proyectos son aportados por Hivos, quien recibió dineros del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA
Este donante ha aprobado dos subvenciones al país; una ejecutada en el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2015 al 30 de junio de 2018, con un presupuesto total de 4.8 millones de dólares;y la otra, que se encuentra actualmente en ejecución, comprende del 1 de julio de 2018 hasta el 30 de junio de 2021, con una subvención total de 2,682,165 dólares.
Otra voz que criticó la medida fue la directora ejecutiva de la Asociación Esperanza Viva, Rosibel Zúñiga, quien destacó que el mensaje de la Defensoría es contradictorio a lo que debería ser su quehacer.
“Es contradictorio, siendo la Defensoría el ente que nos podría apoyar en materia jurídica como ciudadanos y ciudadanas, y sobretodo cuando se da una violentación a los derechos, de estigma y discriminación. (…). El impacto que se puede tener es bastante fuerte para esa estructura jurídica que se había ido conformando. Yo lo veo como un retroceso a nivel nacional, e internacional”, mencionó Zúñiga.
A esto se sumó el co-creador de contenidos del podcast Positivxs, Josué López, quien indicó que existe un total desconocimiento de la defensora de los Habitantes
“Nos llama mucho la atención que esta señora, Catalina, muestra desconocimiento del tema. También lo vemos como un ataque a las instituciones que trabajan el tema, una persecución. No conoce el funcionamiento del proyecto VIH. Entonces, ¿a quién está defendiendo? y ¿por quién está trabajando? Sabemos para quiénes está trabajando y bajo qué intereses está trabajando. Son intereses fundamentalistas, conservadores”, criticó López.
En entrevista con UNIVERSIDAD, la viceministra de Salud, Alejandra Acuña, explicó que la salida de la Defensoría debilita el proyecto, pues es la encargada de acompañar a las organizaciones de la sociedad civil.
Indicó también que el proyecto continuaría sin la participación de la Defensoría, y que se encuentran buscando algunas alternativas para coordinar a las organizaciones de sociedad civil.
“Hay que definir con el Fondo Mundial el mecanismo para contratación, contratar a alguna instancia que nos apoye con las organizaciones de la sociedad civil,l para mantener el tema de incidencia política, capacitación en estigma y discriminación sobre derechos humanos. (…) Es un proceso que no podemos dejar de hacer”, destacó Acuña.
UNIVERSIDAD intentó localizar a la defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, sin embargo, al cierre de edición no se pudo concretar la entrevista.
La salida efectiva de la institución se dará a partir de este miércoles 10 de marzo, según informó el ente defensor a Hivos. Distintas organizaciones de la sociedad civil convocaron a una movilización en esa misma fecha frente a la Defensoría de los Habitantes.
¿Cuál ha sido el impacto del proyecto sobre las poblaciones con VIH?
Aún en el siglo XXI el estigma sobre el VIH sigue presente, siendo así la lucha por los derechos humanos una constante en esta población que ya per sé batalla contra un virus que año a año acaba con la vida de miles de personas.
Rosibel Zúñiga, directora de la Asociación Esperanza Viva, fue diagnosticada con VIH hace 21 años. Jamás le pasó por la mente tenerlo, en su caso, fue su exesposo quien la infectó.
“Como muchas de las mujeres infectadas con VIH, esta infección llegó a través de mi pareja de confianza en ese momento. Llega a la casa, no te pide permiso para entrar; y llegó. Siendo una mujer joven y madre de tres hijos, lo primero que pensé fue ¿qué va a pasar con mis hijos?”, mencionó Zúñiga.
“Mi mamá era de carácter fuerte, y la población LGTBIQ+ no estaba en su vocabulario. Cuando ella se dio cuenta, poco después del diagnóstico, supe lo que era el estigma y la discriminación directamente de mi propia mamá, creo que eso me motivó a informarme y educarme”, agregó.
Ella junto a otras mujeres con VIH fundó en el año 2001 esta asociación, la cual actualmente atiende mensualmente a más de 150 personas que son afectadas por el virus directa o indirectamente. Su propósito es ejecutar acciones de incidencia política, contraloría social y formación humana para mitigar el estigma y discriminación de esta población.
Zúñiga, de 47 años de edad, destacó que entre los beneficios del proyecto se encuentran el fortalecimiento de poblaciones claves y organizaciones de la sociedad civil.
“Hubo varios procesos de formación y fortalecimiento a las ONG insertas en el proyecto de VIH, y en otra etapa, a otras que no estaban insertas pero que sí estaban avaladas por el CONASIDA, el ente rector. Posteriormente a estas capacitaciones se hizo un compendio jurídico junto a la Defensoría de los Habitantes en el marco de este proyecto país”, recordó Zúñiga.
A esto sumó las articulaciones entre organizaciones gubernamentales y sociedad civil, entre estas los diálogos con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) que tienen por objetivo mejorar los vacíos y brechas existentes en la población.
“Cada mujer que ha sido diagnosticada con VIH se da cuenta en ese momento, por ser una situación tan difícil y por ser una condición de salud que está tan estigmatizada en la sociedad, de la fortaleza que tenemos para enfrentar las cosas, y que hay un motor principal que nos lleva a salir adelante; en primer caso, nuestros hijos, y obviamente, la fuerza de un ser superior que nos da la posibilidad de salir adelante”, mencionó.
Capacitaciones y educación
En esa misma línea, Danny Carmona, quien ahora es promotor de salud en esta misma Asociación, destacó que el Proyecto VIH-Costa Rica, le ha permitido tener una mayor formación en cuanto a derechos humanos.
“Con el apoyo técnico de la Defensoría de los Habitantes en el proyecto, muchos nos vimos beneficiados en formación respecto a la temática de derechos humanos, derechos humanos para refugiados, migrantes, y en derechos humanos para la población LGBTIQ+ y población trans”, destacó Carmona.
Carmona es un migrante nicaragüense que decidió venirse a Costa Rica hace nueve años, debido a la situación económica en su país. Para él, la decisión de la Defensoría es lamentable, pues proviene de un Estado que no es garante de los derechos humanos.
“Es lamentable porque si el ente rector que se encarga de velar porque se cumplan los derechos de los ciudadanos se va, muchas de las poblaciones nos vamos a quedar más vulnerabilizados y nos va a violentar los derechos, que es por lo que hemos peleado durante mucho tiempo”, añadió.
Este joven de 28 años de edad fue diagnosticado con VIH hace cinco años.Creía que tenía una pareja estable, sin embargo, el virus también tocó su puerta.
“Al principio fue una etapa muy dolorosa, no sabía qué hacer. Sentí que me cayó un balde de agua fría pero con cubitos de hielo. Fue una etapa de aceptación y asimilación, de cuestionarme yo mismo qué va a ser de mi vida, de mis metas y cómo le voy a decir a mi familia”, destacó.
Otro miembro de Esperanza Viva es Rodolfo Leitón, quien fue diagnosticado con VIH en 1999. “Mi vida era como un tren bala, pero en el momento del diagnóstico fue como si este se descarrilara”.
De acuerdo con Leitón, de 49 años de edad, los proyectos se han desarrollado gracias a los fondos administrados por Hivos. Han venido a dar educación, respeto y empoderamiento.
“A mi parecer la actitud de la defensoría es un duro golpe para las asociaciones. ¿Cuándo no nos hemos llevado golpes? La Defensoría es un baluarte que nos ha ayudado, pero tenemos que creer en nosotros mismos para seguir en la lucha. Yo lo veo, a título personal, que vienen tiempos electorales y esto se mueve al baile del electorado”, destacó.
Leitón, quien también forma parte de la junta directiva de Esperanza Viva, comentó también que a través de los años se ha dado una mayor sensibilización en el tema del VIH, sin embargo, el estigma o la discriminación continúa latente.
Según ONUSIDA, alrededor de 38.000.000 personas en el mundo viven con VIH, mientras que en Costa Rica cerca de 15.000 tienen esta condición de salud.
