Salarios quedarían suspendidos durante las huelgas con nueva reforma legislativa

En una votación totalmente dividida, los diputados aprobaron una modificación al proyecto de ley sobre huelgas para detener los pagos y solo devolverlos cuando se comprueben incumplimientos “graves” de los patronos.

Los diputados aprobaron esta tarde una moción al proyecto de ley 21.049 “para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos” que permitirá suspender el pago de los salarios a los trabajadores que abandonen sus labores para manifestarse en movimientos huelguísticos.

El texto fue apoyado por 30 de 52 congresistas presentes, a pesar de que tuvo el rechazo de diputados en todas las fracciones presentes.

La iniciativa dispuso que se suspendan los contratos de trabajo entre los empleadores y los trabajadores apenas inicien las huelgas, de modo que los trabajadores “no estén obligados a prestar sus servicios” y que los empleadores tampoco deban cumplir con “el pago de las remuneraciones”.

Además, el texto aclaró que los salarios solo serán reestablecidos cuando se compruebe que los motivos de la huelga “son imputables al patrono por incumplimientos graves del contrato de trabajo”; al tiempo que estableció la imposibilidad de que se condene al patrono por huelgas en servicios esenciales.

La propuesta la reiteró el diputado del Partido Unidad Social Cristiana, Pedro Muñoz; quien ya había pujado por el tema en la comisión especial que dictaminó la iniciativa, pero que hasta ahora logró alcanzar las voluntades necesarias para añadirla al proyecto de ley que se discute.

Sobre esta postura, Muñoz indicó que lo que busca es dejar en claro la gestión de los salarios, de modo que se cumpla “lo que ya establecen los artículos 380 y 386 del Código de Trabajo modificado por la reforma procesal laboral”.

“La propuesta es porque se ha malinterpretado el artículo 179 de forma contraria a los artículos ya existentes, los artículos 380 y 386 del Código de Trabajo, que los tribunales han convertido en letra muerta. Estos artículos los han ignorado y nosotros debemos hacer que la ley se aplique y se aplique para todos”, subrayó.

Antes de esta moción, el texto señalaba que los salarios de los huelguistas podían rebajarse de forma retroactiva si las huelgas eran declaradas ilegales; sin embargo, esta moción amplía esa postura.

Ahora, los salarios quedarían pospuestos en todos los casos, excepto el de servicios esenciales. “Mi moción, con todo respeto, busca justicia, busca legalidad y busca cumplimiento del ordenamiento jurídico (…) esto ha producido desasosiego, injusticias, muertes y una huelga en educación que duró tres meses, con un daño irreparable para la juventud “, señaló el socialcristiano.

Fisuras abiertas

La moción de Muñoz dividió a casi todas las fracciones del Congreso. De hecho, solo la bancada del Partido Restauración Nacional (PRN) y la bancada unipersonal del Frente Amplio, enfundada en José María Villalta, se opusieron en bloque.

Por el contrario las otras fracción se fragmentaron.

En el Partido Acción Ciudadana (PAC) se opusieron Paola Vega, Welmer Ramos, Ramón Carranza y Mario Castillo; en el Partido Liberación Nacional (PLN) se distanciaron  David Gourzon, Aida Montiel, María José Corrales y Paola Valladares; en el bloque independiente Nueva República se apartaron Carmen Chan e Ignacio Alpízar; en el Partido Integración Nacional  (PIN) se distanció Patricia Villegas, en el Republicano Social Cristiano (PRSC) votó en contra Dragos Dolanescu, y en el PUSC hicieron lo propio Shirley Díaz y Óscar Cascante.

De hecho, la diputada oficialista Paola Vega fue una de las más intensas en contra de la iniciativa, a la que calificó como una “coacción” para prohibir implícitamente la huelga a los sectores más vulnerables, especialmente los del sector privado.

Al respecto, Vega acusó al diputado Muñoz de “traerse abajo lo que alguna vez Calderón Guardia logró con el capítulo de garantías sociales en la Constitución”, palabras que no calaron de mayor manera en la bancada socialcristiana, donde solo dos de los nueve diputados rompieron la línea de su fracción.

También fue especialmente crítico, desde un punto de vista técnico, el frenteamplista José María Villalta, quien puntualizó que condicionar la devolución de los salarios a “incumplimientos graves” no es algo que esté en el Código de Trabajo y que deja el tema abierto a interpretaciones subjetivas.

Según Villalta, esto permitiría evitar las devoluciones si así lo decide un juez, aún cuando existe “el supuesto de huelga justa”.

Más emotiva fue Paola Valladares, del PLN, quien simplemente subrayó cómo lamentaba que a los liberacionistas se les hubiese “olvidado para quién legislar: la gente más vulnerable que no tiene ni qué comer”.

Según Valaladres, esto “le quita el pan y el sustento a los trabajadores, además de su derecho a huelga”, pues bajo amenaza “nadie va a pensar en salir a las calles”; al tiempo que se estaría abriendo el paso a “salidas revolucionarias”, en vista de que se coartan otras formas de presión.

No obstante, la mayoría de los votos fue positiva para la iniciativa, con criterios de diputados y diputadas como Yorleny León (PLN) y Catalina Montero (PAC), quienes defendieron que no trabajar implica la posibilidad de suspender los pagos y que eso no implica un perjuicio al derecho de huelga.

También respaldó la iniciativa Enrique Sánchez, del PAC, quien sí reconoció la debilidad de supeditar todo a incumplimientos “graves”, pero ponderó con mayor fuerza la posibilidad de disuadir las huelgas en servicios esenciales.

Hoy martes, el proyecto de ley 21.049 recibe sus últimas modificaciones. Además, los diputados aprobaron una moción para avanzar hasta su aprobación en primer debate esta misma noche.

Todo sobre el proyecto:


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