Nueve de cada diez funcionarios que trabajan en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) quedaron con su salario congelado, al entrar a regir el salario global impuesto por la Ley Marco de Empleo Público (LMEP), lo cual muy probablemente provocará una migración de personal al sector privado en busca de mejor remuneración y un consecuente aumento en las listas de espera por la fuga de estos especialistas.
El análisis se basa en los datos de la planilla de la Caja a junio pasado, que incluía a 64.000 trabajadores, y fue realizado por Luis Ángel Oviedo Carballo, estadístico y especialista en análisis de datos e investigador del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica (UCR).
El congelamiento salarial, producto de la aplicación del salario global, afecta a los más de 19.290 empleados administrativos de oficinas centrales y centros de salud que quedaron bajo la rectoría del Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan), y que la junta directiva de la Caja llamó “concurrentes”.
Pero también tiene un impacto en los alrededor de 40.000 trabajadores declarados por la junta directiva de la CCSS como “exclusivos y excluyentes” de la rectoría y gobernanza de Mideplan.
La diferencia es que los “exclusivos y excluyentes” están bajo la tutela de la Caja, que como institución autónoma define sus escalas salariales y su salario global, mientras que los “concurrentes” están bajo la rectoría de Mideplan, que establece su salario, evaluaciones de desempeño, procesos de despidos, de reclutamiento y perfil del puesto.
Más de 46 años con el salario congelado
El análisis realizado por Oviedo muestra que un 97,5% de los trabajadores “concurrentes” y un 93,2% de los trabajadores “exclusivos y excluyentes” quedaron con su salario congelado, al tener un salario compuesto mayor al salario global.
El salario compuesto es el salario base más componentes salariales complementarios (sobresueldos, pluses o incentivos), mientras que el salario global es la remuneración o monto único que reciben las personas servidoras públicas desde que entró a regir la ley de Empleo Público el pasado 10 de marzo.
Otra conclusión es que los trabajadores “concurrentes” tendrán su salario congelado un promedio de 12,5 años, y los “exclusivos y excluyentes” 13,5 años.
“En promedio, la mayoría de funcionarios van a tener que esperar 13 años con su salario congelado, sin poder tener ningún incremento. Es bastante difícil creer que alguien se va a mantener en su cargo sin recibir un solo incremento mientras los productos de consumo, alimentos, pasajes, combustibles van en aumento. Esto es muy riesgoso para la institución”, resaltó Oviedo.
Sin embargo, hay puestos en los que los años de congelamiento alcanzan más de 46 años (Ver cuadro).
Otra conclusión del análisis es que el salario global transitorio que definió Mideplan desde marzo pasado esté en promedio un 28% por debajo del salario mensual de la mayoría de los funcionarios de la Caja, “lo cual implica un congelamiento salarial insostenible en la mayoría de puestos”, aseveró Oviedo.
“Este congelamiento muy probablemente lo que va a provocar es una migración de personal en busca de mejor remuneración y con su consecuente aumento en las listas de espera por la fuga de estos especialistas”, afirmó el investigador.
Sin aumentos por costo de vida
¿Por qué sucede esto? El transitorio XI de la LMEP estableció que aquellos funcionarios públicos con un salario compuesto menor al que le corresponde a su categoría bajo la modalidad de salario global, únicamente podrán recibir aumentos de pago por concepto de “anualidades” hasta que alcancen el monto establecido bajo el esquema de salario global.
Mientras que quienes reciban un salario compuesto mayor al salario global, no tendrán ningún incremento salarial hasta que el salario global sea igual al salario compuesto que reciben.
Pero, además, según el transitorio XII, estos trabajadores no tendrán incrementos salariales por concepto de costo de vida, mientras se mantengan las condiciones señaladas en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9635).
Es decir, mientras la deuda pública sea igual o mayor al 60% del Producto Interno Bruto (PIB) no se realizarán incrementos por costo de vida en el salario base, ni en los demás incentivos salariales de estas personas.
Se perpetúa la inequidad
Para poner un ejemplo, un médico asistente con especialidad en geriatría, que tiene actualmente un salario compuesto de ₡2.972.004 al mes, tendrá que esperar 26 años —hasta el 2049— para tener un aumento salarial porque esto solo podrá ocurrir cuando el salario global para ese puesto (que quedó en ₡1.420.695) lo alcance.
“Es difícil creer que este geriatra, que quiere mucho a la Caja y a sus pacientes, no se va a separar de la institución por un periodo de congelamiento tan largo. Hay personas que se pensionan, vuelven a nacer y todavía no reciben un incremento en sus salarios”, enfatizó Oviedo.
Pero, además, la muy citada inequidad que pretendía corregir la LMEP más bien se perpetúa y se distorsiona todavía más, explicó Oviedo. Por ejemplo, un médico asistente con especialidad en radiología, que actualmente tiene un salario compuesto de ₡1.195.572, solo podrá recibir aumentos por costo de vida, cuyo cálculo se le va a aplicar a su salario base, que puede ser de aproximadamente ₡800.000. Mientras que el médico nuevo, contratado por la Caja en ese mismo puesto con un salario global de ₡1.471.259 recibirá aumentos por costo de vida calculados con base en ese salario global, abriéndose aún más la brecha entre ambos.
