País

Sala Tercera rechaza casación del Movimiento Libertario que buscaba evitar pago de ¢209 millones

Trámite del recurso es investigado por participación del magistrado Celso Gamboa

La Sala de Casación Penal declaró sin lugar un recurso de casación interpuesto por el partido Movimiento Libertario, el cual buscaba evitar el pago de ¢209 millones por una estafa al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), más ¢67 millones de intereses, ¢32 millones de costas personales y ¢600.000 de honorarios y costas procesales.

Los jueces resolvieron este recurso –que se había presentado desde agosto del año pasado- un día después de que se diera a conocer que el magistrado Celso Gamboa había sido instructor de la causa a pesar de que, por rol, a él no le correspondía.

Las condiciones en que se dio el cambio de magistrado son ahora objeto de una investigación disciplinaria debido a que el letrado de la Sala Tercera, Jeffrey Gonzaga, alertó a la presidenta, Doris Arias.

El magistrado Gamboa se encuentra suspendido de su cargo desde el 18 de octubre, mientras se le investiga por su relación con el empresario importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños. Por ello, la causa fue instruida por el suplente Rafael Segura Bonilla.

El caso se relaciona con la condena que en octubre del 2015 recibió el Movimiento Libertario por estafar al TSE con capacitaciones ficticias. En ese momento, fueron sentenciados a prisión el exdiputado y vicepresidente del Movimiento Libertario, Ronaldo Alfaro; el excontador, Róger Segura; y el exsecretario de Capacitación, Carlos Solano.

Además, el Tribunal ordenó pagar por el monto estafado más los intereses y las costas del proceso y la acción civil resarcitoria.

Posteriormente, el Tribunal de Apelación de Sentencia de Goicoechea confirmó la culpabilidad pero ordenó un nuevo juicio para que se reconsideren las penas de prisión y se determine un monto por daño social. Ese nuevo debate no se ha realizado.

El Movimiento Libertario presentó un recurso de casación en el que alegó que no existió perjuicio económico. La Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía se opusieron alegando que sí se demostró dicho perjuicio.

La oficina de prensa del Poder Judicial indicó que el fallo de la Sala Tercera no modifica la sentencia del Tribunal de Apelación, por lo cual está pendiente que se lleve a cabo un nuevo juicio.

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