El proyecto de ley que para reducir el Impuesto sobre la Renta a las personas trabajadoras independientes de menores ingresos no tiene vicios que rocen con la carta magna, resolvió la Sala Constitucional.
El tribunal anunció este viernes que evacuó una consulta legislativa facultativa de constitucionalidad formulada por un grupo de diputados sobre el texto y aclaró que el mismo “no contiene vicios de constitucionalidad, en los términos en que fue planteada”.
El proyecto, propuesto por el diputado frenteamplista Jonathan Acuña, propone reformar el inciso c) del artículo 15 de la Ley de Impuesto sobre la Renta para ampliar el mínimo exento y reducir la tarifa del impuesto sobre la renta para las personas físicas con actividades lucrativas, de tal manera que se disminuya la carga tributaria sobre las personas trabajadoras independientes de menores ingresos.
La motivación de la propuesta es que actualmente en los distintos tramos del impuesto sobre la renta, los trabajadores asalariados tributan sumas muy inferiores a las que corresponden a las personas trabajadores independientes, incluyendo el mínimo exento, lo que constituye una desigualdad que afecta a los profesionales que trabajan bajo esa modalidad.
Por ejemplo, una persona que gane ₡940.000 mensuales por concepto de salario no paga renta pero un trabajador independiente que tenga exactamente el mismo ingreso tiene que pagar entre el 15% y el 20% de sus ingresos, dependiendo de los gastos que pueda rebajar.
Así, si se concreta la reforma, quedarán exentos de pago todos los trabajadores independientes con ingresos inferiores a ₡6.244.000 anuales y se aplicará una reducción para todos los demás grupos de ingresos.
El gobierno y su bancada, sin embargo, se han opuesto a la iniciativa criticando que afecta la recaudación e incluso, en la consulta plantearon que la reducción de ingresos afectaría al Poder Judicial, aunque esa argumentación no prosperó.
Cabe recordar que el proyecto de ley ya fue aprobado en primer debate (23 de setiembre de este año) y justo antes de que se diera su segundo debate, que estaba fijado para el 3 de octubre, la fracción oficialista en pleno con el apoyo de dos diputados socialcristianos (a saber, Alejandro Pacheco y Carlos Andrés Robles) interpusieron la consulta, frenando el avance.
Ahora, el proyecto podrá continuar su camino hacia la aprobación una vez concluyan las sesiones extraordinarias en febrero, pues es poco probable que el gobierno lo convoque cuando ha antagonizado desde el principio la propuesta.
