A raíz de un recurso de amparo interpuesto por la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (Fecon), la Sala Constitucional considera la pertinencia de reconocer derechos a la naturaleza y los ecosistemas y para ello pidió el criterio de la Defensoría de los Habitantes.
El amparo fue elaborado por el abogado ambientalista Álvaro Sagot, quien ha impulsado en el país ese concepto de los derechos de los ecosistemas, con el fin de que la legislación ambiental sea más efectiva, tal y como ha informado UNIVERSIDAD.
El recurso apunta a autoridades del Ministerio de Salud y tiene que ver con la situación de contaminación con mercurio que se da en Cutris de San Carlos, a raíz de la explotación ilegal de oro en el sitio donde Industrias Infinito pretendió establecer una gran mina a cielo abierto.
En una nota firmada por la magistrada María Eugenia Esquivel y fechada el pasado 17 de enero, se cita el alegato de los ambientalistas en el sentido de que los problemas ambientales en la zona van desde contaminación de suelos y cuerpos de agua, hasta tala ilegal y que que para extraer un gramo de oro se requiere al menos de 14 gramos de mercurio y remover cerca de una tonelada de material.
Pero además, en el amparo se apuntó que “sería vital, dado el problema, que se declaren los derechos de los ecosistemas sobre esa región de Crucitas, tal y como se hizo en Colombia que declaró los derechos de personalidad jurídica de la región de la Amazonía Colombiana ante la desidia institucional”.
La misiva de la magistrada concede a la Defensoría de los Habitantes cinco días hábiles par responder a partir de su notificación.
Sagot, en la edición del pasado 15 de enero de UNIVERSIDAD”, explicó que ta reconocimiento de derechos de la naturaleza, implicaría “hacer todo un vuelco” al sistema económico que “funciona con una visión totalmente antropocéntrica y economicista que da prioridad, a pesar de lo que dicen de las normas, a que no se ejecute o no sea efectivo ese derecho ambiental nacional”.
