La Sala Constitucional ordenó al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y al Ministerio de Salud solucionar la contaminación con derivados del fungicida Clorotalonil en las nacientes que abastecen a la ASADA de Cipreses en un plazo de tres meses, así como investigar si la contaminación de estas nacientes ha afectado a otras comunidades de la zona.
La ASADA de Cipreses se abastecía de las nacientes Plantón y Carlos Calvo, y llevaba agua a aproximadamente 5.000 personas.
La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo interpuesto el 13 de junio por vecinos que conforman la organización Frente Ecocipreses, como parte del expediente 22-015651-0007-CO.
De acuerdo con la resolución 2022-0260-65 de la Sala IV, emitida el pasado 4 de noviembre, se ordena al gerente general del Aya, Eric Alonso Bogantes Cabezas, y a la directora a.i. del Área Rectora de Salud de Oreamuno del Ministerio de Salud, María José Lafuente González, girar las órdenes pertinentes para que, en el plazo máximo de tres meses, se ejecuten las acciones para “solucionar de manera integral y definitiva la situación de contaminación por metabolitos de clorotalonil en las nacientes de Plantón y Carlos Calvo de la ASADA de Cipreses de Oreamuno” e “investigar si el problema de contaminación en las nacientes supracitadas ha perjudicado a otras comunidades de la zona”.
Mientras tanto, ordena a las autoridades citadas “garantizar el suministro de agua potable a las comunidades afectadas mediante camiones cisterna u otra alternativa”.
Los vecinos de la comunidad ya van a cumplir tres semanas de estar recibiendo agua distribuida por el AyA en camiones cisterna.
El caso
Los problemas en la comunidad de Cipreses empezaron desde 2018, cuando los vecinos empezaron a ver cómo se sembraba a menos de 15 metros de las nacientes, aplicando plaguicidas de forma intensiva. Después, al abrir los tubos en la mañana, los habitantes empezaron a percibir un olor extraño y desagradable en el agua.
Desde 2019 empezaron a interponer denuncias y a realizar gestiones ante las autoridades correspondientes.
En diciembre de 2021, un análisis del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional (IRET-UNA), confirmó que las nacientes de Plantón y Carlos Calvo, estaban contaminadas con derivados del fungicida Clorotalonil, dañino para la salud.
En el recurso interpuesto por integrantes del Frente EcoCipreses en junio, éstos explicaron que ante la incertidumbre científica y la incapacidad técnica del Laboratorio Nacional de Aguas de monitorear plaguicidas y los productos de degradación en el país, “debe prevalecer el principio precautorio e in dubio pro aqua”. Criticaron que, “pese a la incapacidad de su laboratorio”, el AyA no aceptaba “los resultados de las universidades públicas nacionales que tienen mayor capacidad instalada”.
También denunciaron que, hasta ese momento, “la actuación de las autoridades recurridas permite que la población consuma el agua contaminada, lo cual vulnera el derecho a la salud y la vida”.
Mientras el recurso estaba en trámite ante la Sala, un análisis realizado por el Laboratorio Nacional de Aguas del AyA el 26 de setiembre también concluyó que el agua de las nacientes Plantón y Carlos Calvo, que abastecen a la comunidad de Cipreses, en Oreamuno de Cartago, contiene derivados del fungicida Clorotalonil en cantidades por encima del máximo permitido.
De acuerdo con el resultado, el 1,3-dicarbamoil-2,4,5,6-tetraclorobenceno (derivado del Clorotalonil) está presente en la naciente Plantón en una cantidad de 19,36 ug/L (microgramos por litro), cuando la presencia de estos químicos debe ser menor a 0,1 ug/L. En la naciente Carlos Calvo está presente en una cantidad de 1,73 ug/L.
Desde el 20 de octubre pasado, el Ministerio de Salud también ordenó a la ASADA clausurar las nacientes citadas, y ordenó al AyA brindar agua a la comunidad de manera inmediata, “por medio de camiones cisterna o cualquier otro mecanismo, que asegure disponibilidad de agua segura para consumo humano”.
El segundo recurso ganado por el Frente
En el recurso interpuesto, el Frente EcoCipreses también solicitó “que debe prohibirse la siembra de cualquier tipo de agricultura dentro del radio de los 200 metros de las fuentes agua y establecerse un plan de implementación urgente y obligatoria de protección del área de recarga acuífera de la naciente con base en estudios hidrogeológicos”.
Asimismo, pidieron a la Sala IV “que se realicen las gestiones necesarias para que el Laboratorio Nacional de Aguas cuente con la capacidad de analizar los subproductos del clorotalonil y análisis en los muestreos N4, así como monitorear todas las moléculas de plaguicidas registradas ante el Servicio Fitosanitario del Estado”.
Este es el segundo recurso de amparo interpuesto por el Frente.
El primero, interpuesto en el 2021, también fue declarado con lugar por la Sala IV (Expediente 20-021797-0007-CO) y solicitaban que se protegieran las zonas de protección de las nacientes y que se prohibiera la aplicación de plaguicidas en esas áreas.
En esa ocasión, la Sala Constitucional ordenó al director del Área Rectora de Salud de Oreamuno de Cartago del Ministerio de Salud y al jefe de la Oficina Subregional de Cartago del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) “llevar a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de su competencia, a fin de que, en el plazo de dos meses, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se resuelva de manera definitiva la denuncia interpuesta por la parte recurrente”.
Sin embargo, eso no ha ocurrido, afirmó Fabián Pacheco, integrante de la organización ecologista.
Salud clausura cinco nacientes más en Cartago por contaminación con clorotalonil
Se trata de las nacientes Piedra, Benjamin Uleth, Birris, Agua Fría y Manuel Granados que son utilizadas por la Asada de Santa Rosa de Oreamuno para proveer agua a miles de vecinos
Análisis del AyA confirma derivados de fungicida Clorotalonil en agua de Cipreses por sobre el máximo permitido
Los metabolitos del fungicida Clorotalonil están presentes en una cantidad de 19,36 microgramos por litro, cuando el límite es 0,1, según el Reglamento para la Calidad del Agua Potable para plaguicidas.
