La Sala Constitucional ordenó a la Caja Costarricense de Seguro Social diseñar en un máximo de seis meses, un sistema para reducir los plazos desproporcionados que deben esperar los asegurados para recibir atención en los hospitales.
Así lo señala la sentencia número 201955605 que declaró con lugar un recurso de amparo interpuesto el pasado 13 de setiembre por Blanca Iris Arias, de 73 años.
La asegurada requería que se le programara una cirugía en el Hospital San Rafael de Alajuela; sin embargo, no se le señaló una fecha concreta para la operación y se le puso en lista de espera. Por tal motivo, la mujer recurrió a la Sala Constitucional alegando que su derecho a la salud fue violentado por el centro médico.
Según el Tribunal Constitucional, la problemática por los plazos excesivos en las listas de espera es una constante en la CCSS.
“Estas actuaciones en la prestación del servicio público violentan el derecho a la salud de los administrados como un derecho fundamental autónomo e infringen los principios constitucionales del servicio público…”, señala la resolución.
Tras la sentencia, la CCSS deberá diseñar en un plazo de seis meses, un sistema de gestión integrado para disminuir las listas de espera.
“La institución deberá definir plazos de espera razonables por patología, así como los criterios objetivos para precisar la ubicación de un paciente en las listas de espera. También se le exige fijar un cronograma de acciones para cumplir con las metas”, se lee en el comunicado de prensa.
Asimismo deberá proponer soluciones a las carencias y problemas de la institución, como ausencia de infraestructura adecuada, falta de médicos especialistas, necesidades de equipamiento; y el ausentismo de pacientes a citas en diversos centros médicos, entre otros.
El próximo 14 de noviembre habrá una audiencia pública y oral a las 9 a.m en la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia, donde las autoridades de la CCSS deberán exponer los avances y acciones desarrolladas.
La defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, también deberá coadyuvar con el seguimiento de la ejecución de esta resolución; para lo cual las autoridades recurridas deberán facilitar acceso a la información y participación que resulte necesaria.
El caso de Arias se suma a los miles de recursos de amparo contra la CCSS que ingresan a la Sala Constitucional para intentar acortar la espera de los pacientes por atención médica.
En el 2012 ingresaron 1.745 relacionados con violación al derecho a la salud y fueron aumentando hasta que en en el 2018 se recibieron 7.037, según datos de la Sala Constitucional.
