La Sala Constitucional acogió un recurso de amparo favorable al presidente Rodrigo Chaves porque los diputados que indagaron el financiamiento electoral del 2022 le achacaron faltas sin haberlo llamado a comparecer, por lo cual queda anulada la recomendación emitida contra el mandatario.
Por unanimidad los magistrados consideraron en la sentencia N° 2024-16848 de este viernes que del 14 de junio de 2024, que “hubo una lesión al derecho a la defensa, puesto que, durante su vigencia y todo el período de trabajo, la Comisión Investigadora no otorgó audiencia al mandatario, lo que resulta contrario a lo contemplado en el artículo 39, de la Constitución Política”.
Así lo dice un comunicado de prensa emitido por el alto tribunal en la tarde de este mismo viernes, tras resolver el recurso de amparo que en favor de Chaves presentó la diputada oficialista Ada Acuña.
Acuña reclamó porque en el informe de mayoría de la comisión de diputados se atribuyó responsabilidades a Chaves como “autor intelectual” de estructuras ilegales y pidieron al Ministerio Público levantar el secreto bancario al mandatario y varios de sus colaboradores.
La diputada alegó que nunca se llamó a comparecer al Presidente para la confección de ese informe, que además fue acogido por el Plenario Legislativo.
El comunicado de la Sala Constitucional dice que este tribunal “tiene reiterada jurisprudencia” sobre ese derecho de defenderse en el proceso. “El rigor del debido proceso aplicable a un procedimiento de naturaleza sancionatorio administrativo o jurisdiccional, no se puede transferir a uno de control político; lo que no significa que se pueda prescindir del derecho de defensa, de cara a que la comparecencia da un mínimo de oportunidad de argumentar lo que el investigado considere necesario, antes de que el Plenario Legislativo apruebe el informe”.
Por tanto la Sala anula la recomendación legislativa en lo relacionado a Chaves formalizada el 26 de febrero de 2024 en el siguiente punto “Considerar solicitud de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos a aquellas personas que siendo candidatas o parte de las estructuras partidarias incurrieron en delitos electorales”.
