Sala IV exige a Ministerio de Justicia plan para atender cárceles en eventual brote de COVID-19

Gobierno carece de protocolos en caso de propagación masiva en alguno de los 20 centros penales que albergan a unos 16.000 privados de libertad.

El Ministerio de Justicia carece de un plan para atender un eventual brote masivo de coronavirus en el sistema penitenciario costarricense, por lo que tendrá dos semanas para confeccionarlo con lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La Sala Constitución ordenó a Justicia preparar el protocolo al acoger parcialmente un recurso de amparo presentado por una persona privada de libertad con condición especial de salud.

Los siete magistrados constitucionales votaron a favor de ese amparo en su sesión de este viernes 29 de mayo, informó ese tribunal en un comunicado de prensa.

Las autoridades penitenciarias deberán considerar la cantidad de camas en las clínicas de los centros penales para atender privados de libertad sospechosos de tener COVID-19. También la capacidad de atención de pacientes en el servicio médico o en los espacios determinados para ese uso.

En caso de ser necesario, Justicia debe construir infraestructura o implementar hospitales campaña para procurar espacios de aislamiento a pacientes sospechosos o diagnosticados, añade la sentencia 2020- 009738.

Además el Gobierno debe disponer en cárceles materiales de protección y desinfección y respiradores, así como medicamentos, personal de enfermería y personal médico profesional.

Los 20 centros penales del país alojan a unas 16.000 privados de libertad, quienes desde abril dejaron de recibir visitas para evitar contagios.

El 19 de abril, el contagio de un policía penitenciario obligó al aislamiento por 14 días de la Unidad de Atención Integral (UIA) Reinaldo Villalobos, en el complejo contiguo a La Reforma en San Rafael de Alajuela.

Además, en el Centro de Aprehensión Regional Central, para extranjeros en situación irregular, 27 internos y al menos cuatro funcionarios resultaron infectados. Este sitio de detención no está bajo el mando del Ministerio de Justicia, sino de la Dirección de Migración y Extranjería.

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