La falta de estudios que justificaran la creación del nuevo parque nacional, pero sobre todo la disminución del área marina protegida y la creación de áreas comerciales de “turismo sostenible” dentro de sus límites, son los principales argumentos esgrimidos por una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de creación del Parque Nacional Isla San Lucas.
La acción fue acogida para estudio el pasado 24 de marzo, tras ser presentada por el abogado ambientalista Álvaro Sagot y la economista Anais Villalobos.
Otro de los aspectos señalados es que la ley creó una junta directiva del parque, en la cual se incluyó al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), pero también a entes como la Cámara de Turismo de Puntarenas, mientras que es notorio que se excluyó al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac).
Esta ley, No. 9892, surgió como iniciativa del diputado liberacionista y precandidato presidencial Carlos Ricardo Benavides y tras su aprobación en la Asamblea Legislativa en agosto del año pasado, entró a regir en setiembre.
San Lucas funcionó como presidio desde 1874 hasta 1991. Desde 1974 la propiedad de la isla pasó a manos de la Municipalidad de Puntarenas; sin embargo, en el 2001 se constituyó como un Refugio Nacional de Vida Silvestre, con lo cual su administración pasó a manos del MINAE.
Esta nueva legislación cambió la categoría de San Lucas de refugio de vida silvestre a parque nacional, al tiempo que, como se dijo, disminuyó el área marina de protección al cambiar el parámetro que la delimitaba de una profundidad de seis metros a sólo tres metros.
Por otra parte, la ley estableció una “zona de aprovechamiento turístico sostenible” en las que se pueden desarrollar actividades “comerciales”.
Esta norma además especifica áreas que “estarán afectadas a la condición de Zona turística”, que incluyen “las edificaciones del antiguo presidio San Lucas, incluyendo el muelle, así como la zona marina y terrestre de acceso a la isla, los predios, los senderos y las zonas de playa”.
Establece que “se podrán otorgar concesiones y permisos para actividades e instalaciones distintas del servicio de parques. No se permitirán en esta zona los servicios de hospedaje y juegos de azar”. Como ya se dijo, crea una junta directiva del Parque y establece que contará con guardaparques del Sinac, pero abre la posibilidad de que esa junta directiva “pueda contratar la seguridad que considere necesaria”.
La ley también permite el desarrollo de infraestructura como “muelles, atracaderos, servicios de alimentación y vías de acceso, información y comunicación en diversos formatos”.
Así, la acción presentada por Sagot y Villalobos señala siete motivos para declarar la inconstitucionalidad de la ley. A los ya mencionados de la reducción del área marina protegida y creación de áreas comerciales de “turismo sostenible” dentro de los límites del área silvestre protegida, se suma la falta de estudios que justificaran el cambio de categoría de protección, o cualquiera de las otras medidas.
También se señaló la omisión del Sinac en la junta directiva del parque, la incorporación de guardas de seguridad privada y el hecho de que la ley permite a esta junta directiva otorgar concesiones “para actividades e instalaciones distintas del servicio de parques”.
Señala, además, que la creación del parque nacional “genera inseguridad jurídica en la parte presupuestaria dado que se fue muy vaga, por lo que al carecerse de un presupuesto se debe declarar como inconstitucional”.
Objeciones
El abogado Sagot subrayó en primer lugar que “no hay ningún estudio que valide esa ley, porque fue regresiva en tanto cercenó muchísimas hectáreas” del área marina.
Para el recurrente, la zona de “turismo sostenible”, en realidad es “una excepción a lo que no se puede hacer en parques nacionales”, por lo que en su opinión no se pueden otorgar concesiones. “Es una intentona más de abrir San Lucas a fines comerciales”.
Enfatizó que bajo la premisa de atraer turismo, los atracaderos y muelles se convertirían en sitios donde proliferan los jet ski, botes, lo cual genera una alta contaminación de aceites, gasolinas y ruido en un parque nacional. “Es total y absolutamente prohibido, incluso por convenciones internacionales”, añadió.
El abogado recalcó que no se tomó en cuenta la cobertura boscosa del 98% en la isla, lo cual permite esbozar un escenario de “muchas inconsistencias que en mi criterio llevan a una inconstitucionalidad de toda la ley”.
Por su parte, Danny Villalobos, presidente de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (Fecon) llamó la atención del “manejo político que se quiere hacer de las áreas silvestres protegidas”, lo cual “queda claro en la falta de estudios técnicos” y en la “insistencia” de del liberacionista Benavides en impulsar la explotación turística de la isla.
En efecto, en 2008, en calidad de ministro de Turismo, Benavides firmó un decreto en esta línea, el cual fue declarado inconstitucional.
Villalobos señaló también la falta de estudios técnicos y la integración de la junta directiva “que se supone es pública”, pero “se saca al Sinac” y que al tener representación de del Minae, del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), la Municipalidad de Puntarenas y la Cámara de Turismo, queda “un perfil muy político empresarial, más manejable políticamente”.
Sin embargo, reconoció que el refugio de vida silvestre “ha estado muy abandonado por el Sinac. Es un problema estructural, el Sinac ha sido desmantelado progresivamente y las condiciones bajo las que trabaja el personal de la isla son deplorables”.
Al cierre de edición se buscó a Benavides y se le enviaron preguntas por Whatsapp. Por medio de una asesora indicó buena disposición para referirse al tema, pero falta de tiempo.
“Toda la isla es un gran sitio arqueológico”
Un elemento obviado en la ley es el patrimonio arqueológico de la isla. Myrna Rojas, jefa del Departamento de Antropología e Historia del Museo Nacional, detalló que se trata de áreas donde la población prehispánica tuvo aldeas y cementerios, todo ello registrado por el Museo desde los años 70.
Tras informar que en su momento el Museo Nacional educó a la Asamblea Legislativa sobre el registro arqueológico de la isla, mencionó como parte de todo ese registro el cementerio del presidio, que data del siglo XIX y cuya excavación parcial UNIVERSIDAD reportó en 2009.
Rojas recordó que Costa Rica ratificó la Convención de 2001 sobre la Protección de Patrimonio Cultural Subacuático de la Unesco, por lo que también se le hizo saber a los diputados que existen pecios -es decir, restos de navíos- que están semisumergidos alrededor de la isla.
La funcionaria informó además que como colaboración con el Área de Conservación del Pacífico Central, recientemente se hizo una visita y se ubicaron dos monumentos más. “Pero toda la isla en sí es un gran sitio arqueológico, como otras islas del golfo”, señaló.
Finalmente dijo estar “muy preocupada por el patrimonio en San Lucas, entiendo la situación, no es una cuestión aislada, lamentablemente, es una cuestión sistemática con el patrimonio de este país”.
