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Sala IV rechaza amparo contra acuerdo que mantiene incentivos salariales en el Poder Judicial

El recurso lo interpuso el diputado Pedro Muñoz, contra un acuerdo de la Corte Plena que autoriza que los incentivos salariales del Poder Judicial se sigan calculando de forma porcentual (no nominal), incluso después de aprobado el Plan Fiscal

La Sala Constitucional declaró sin lugar la acción de inconstitucionalidad interpuesta por el diputado socialcristiano Pedro Muñoz contra el Acuerdo de Corte Plena de 18 de marzo del 2019, que permite calcular el pago de incentivos al personal judicial como porcentajes del salario, en lugar de transformarlos a montos nominales, tal y como establece la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Plan Fiscal).

La resolución además rechaza las gestiones de coadyuvancia del Sindicato de la Judicatura, que interpuso en contraposición al escrito de Muñoz, una solicitud de medida cautelar, prontos despachos y otra acción de inconstitucionalidad, en caso de que esta se resolviera favorablemente.

El tribunal comunicó en días pasados haber «dictado el voto número 2021-020701 de las diez horas quince minutos del dieciséis de setiembre de dos mil veintiuno» e informó que este rechaza la acción. No obstante, aún no se ha dado ha conocer la sentencia completa y sus efectos, aunque puede asumirse que esta reestablecería las formas de pago vigentes hasta el 2019.

La Sala indicó que el recurso de Muñoz alegaba que tal acuerdo, que emitió la Corte Plena -citando lo establecido por la misma Sala Constitucional en la consulta sobre esa misma ley- era contrario a los principios de legalidad, confianza legítima, discrecionalidad e interdicción de la arbitrariedad. Esta argumentación fue rechazada por la Sala al declarar sin lugar el recurso.

Jorge Morales, secretario de actas del Sindicato de la Judicatura, explicó que la disputa data del 2019, pues en un primer análisis que hizo la Corte Plena de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas «y con base en el criterio de la Dirección Jurídica», determinó que esa ley tenía solamente efectos a futuro de modo que no era aplicable a los empleados del Poder Judicial hasta entonces contratado.

Esto, dijo, era especialmente evidente porque «para poder salvar el proyecto, no lo aprobaron con más de 38 votos». Esta mayoría calificada requiere para aprobar iniciativas que el Poder Judicial haya dictaminado, afecten su estructura o funcionamiento.

«Entonces, en la consulta de constitucionalidad, la Sala dijo que ni la ley de salarios del Poder Judicial ni el estatuto se afectaban con esa ley, o sea, eso dejaba las cosas en la Corte, tal y como estaban, pero don Pedro no lo interpretó igual», comentó el sindicalista.

Así, Muñoz interpuso la acción de inconstitucionalidad pretendiendo que se modificara el cálculo de los incentivos salariales en función de esa ley. «Si lo analizamos desde el discurso neoliberal, la cosa es que la Corte estaba siendo muy mal ejemplo y para disciplinarla, esa acción», opinó.

Morales explicó que en consecuencia, el Sindicato de la Judicatura – que entonces él lideraba – previendo el riesgo que la Sala «cambiara de criterio» presentó gestiones de coadyuvancia, entre las que se encuentran una solicitud de medida cautelar, prontos despachos y otra acción de inconstitucionalidad.

«En resumen, alegamos que la Corte había resuelto acatada a la consulta de constitucionalidad de la misma Sala y señalamos que si la Sala Constitucional cambiaba de criterio, entonces la ley se habría aprobado ilegalmente porque no tuvo mayoría calificada», comentó.

Posteriormente, en diciembre del 2019, recordó, la Contraloría General de la República pidió al presidente de la Corte aplicar en todo extremo la ley y como consecuencia, «después dijeron que iban a pagar los pluses nominalmente, aunque fuera ilegal, por eso desde entonces a todos, nuevos y viejos, los días nos están pagando menos», dijo Morales.

Ahora, con la resolución recientemente anunciada por el tribunal constitucional, el dirigente sindical supone que «lo que corresponde es que deberíamos volver a lo que imperaba en el acuerdo inicial, pero estamos esperando tener el texto completo para hacer las gestiones, es decir, pedir que se paguen los incentivos de forma porcentual y que se respete el acuerdo original».

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