La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo presentado en contra del Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados (AyA) por un vecino de Tibás, de 69 años, que se vio afectado con la contaminación de agua potable con el disolvente xileno, en enero pasado.
La Sala IV ordenó al AyA prevenir de modo eficaz y eficiente que vuelvan a contaminarse las fuentes de agua y que, como mínimo trimestralmente, realice análisis técnicos del agua en las fuentes que abastecen a las comunidades de Tibás, Moravia y Goicoechea.
El vecino alegó que la situación causada por la contaminación del agua potable puso en grave riesgo la salud y vida de los habitantes de la zona; y reclamó que tuvo que comprar agua porque no podía usar ese líquido ni para tomar, ni para cocinar, ni para bañarse, según informó la Sala Constitucional hoy en un comunicado.
La Sala señaló que el AyA no tiene un sistema eficiente de prevención contra la contaminación de fuentes de agua potable, lo que facilitó que se diera la situación en las comunidades afectadas.
Por esta razón, la Sala ordenó al AyA que en plazo de un mes examine, defina e implemente todas las medidas requeridas para garantizar la potabilidad del agua y prevenir que vuelva a presentarse contaminación en las fuentes de agua.
También apuntó que una vez denunciada la contaminación, las autoridades del AyA, no tuvieron protocolos efectivos, porque tardaron varios días en verificar la contaminación.
Desde el lunes 22 de enero en la noche, el AyA empezó a recibir denuncias de personas sobre la calidad del agua, específicamente sobre un olor y sabor a combustible. Sin embargo, según explicaron las autoridades del AyA, el Laboratorio Nacional de Aguas del AyA tomó las muestras el martes en la mañana; pero como no tienen el instrumental ni los químicos para hacer análisis de hidrocarburos, tuvieron que enviar las muestras a un laboratorio privado externo y los resultados estuvieron listos hasta el jueves en la mañana, que fue cuando las autoridades confirmaron la contaminación.
“No se observan garantías suficientes de que tal situación no vuelva a ocurrir, ni se informó del establecimiento de procedimientos disciplinarios para establecer las responsabilidades del caso por parte de los funcionarios omisos”, explicaron los magistrados.
La Sala ordenó al AyA que a más tardar en un mes inicie las investigaciones preliminares para determinar la responsabilidad administrativa de las personas funcionarias involucradas; y que en un plazo de dos meses tramite los procedimientos disciplinarios respectivos.
Como reportó UNIVERSIDAD, el presidente de la seccional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (Anep) en Acueductos y Alcantarillados (AyA), Edwin Marín Bonilla, denunció que desde el 22 de enero operadores de la Planta Potabilizadora de Guadalupe informaron en la bitácora sobre un fuerte olor a combustible en el ambiente; pero que el agua se siguió distribuyendo, presuntamente por decisión de mandos superiores.
