El Tribunal Constitucional (Sala IV) ordenó al Consejo Nacional de Viabilidad (Conavi) dar acceso inmediato a los expedientes de obras viales contratadas a la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para proyectos (UNOPS) y que habían sido declarados confidenciales.
En sendas sentencias emitidas el pasado 25 de mayo (No. 2018-8398 y 2018-8397) la Sala IV acogió en su totalidad un recurso de amparo presentado contra el Conavi y de manera parcial otro presentado contra la Contraloría General de la República (CGR).
El Conavi fue condenado al pago de daños y perjuicios en relación con los hechos que dieron base a la declaración y cuyo monto será determinado en fallo de ejecución.
La CGR y el Conavi, adscrito al Ministerio de Obras y Transportes (MOPT), se habían negado a entregar la información tras un polémico acuerdo de confidencialidad firmado con UNOPS.
Los recurrentes, representantes de empresas constructoras, alegaron que se les negó el acceso a información pública de los expedientes de las licitaciones para el diseño y la construcción del puente sobre el río Virilla en la ruta 32 (conocido como el Puente del Saprissa), y el paso a desnivel en la rotonda de las Garantías Sociales, en la carretera de Circunvalación.
Se trata de obras financiadas con fondos públicos en las que UNOPS se encarga de contratar los estudios, diseños y la construcción de las infraestructuras a cambio de un porcentaje del costo total.
El Conavi firmó en setiembre del año pasado un acuerdo exigido por UNOPS en que se obligaba a “mantener estricta confidencialidad” sobre los expedientes de dichos proyectos.
El pasado 5 de diciembre la CGR frenó, por segunda vez, las adjudicaciones de los dos proyectos por no haberse permitido a las empresas oferentes ver los expedientes completos de la contratación.
La resolución se dio tras las apelaciones de las empresas H. Solís y FCC Construcción América S.A.
Tras la polémica generada por la decisión de UNOPS de impedir el acceso a los expedientes de las obras viales que tenía a su cargo, al Gobierno anunció en diciembre pasado que en el futuro desistiría de otorgarle nuevos proyectos de obra pública a la agencia de Naciones Unidas.
