Las autoridades del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) y del Área de Conservación Tempisque (ACT) cuentan con un mes a partir de ser notificadas para, finalmente, dar alguna respuesta ante denuncias de personas vecinas de río Lagarto, en playa Sámara, por “obras de eliminación de humedales y manglar, así como rellenos que afectan áreas de alta fragilidad ambiental y Patrimonio Natural del Estado”.
El por tanto de una resolución del 7 de junio, dado a conocer este miércoles, recoge el reclamo de quien presentó el recurso, en el sentido de que “pese a que la comunidad es consciente de estas actividades”, las autoridades recurridas “no han tomado medidas para recuperar y proteger estos recursos públicos”.
Con gravedad, se apunta que desde el 8 de abril de 2022 se interpuso una denuncia ambiental ante el Sinac del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), “en la que se requirió información, acciones correctivas, así como la delimitación y restauración de las áreas afectadas”.
Sin embargo, “aunque han transcurrido 669 días desde el planteamiento de la denuncia, esta no ha sido resuelta por las autoridades competentes”, lo cual es tanto más grave pues se considera que es preciso una inspección en campo “para verificar los reclamos”. Además se solicitó copia de los informes correspondientes.
Además se indica que “las acciones realizadas dentro del humedal son contrarias a la normativa” de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), que clasifica las Zonas Marítimo Terrestres (ZMT) y los humedales como áreas de alta fragilidad ambiental.
Entre las medidas solicitadas, se menciona el amojonamiento de las áreas de manglar, la restauración de los terrenos afectados y la coordinación con la Municipalidad de Nicoya para corregir la zonificación errónea.
“Es evidente que tanto el SINAC como el municipio han fallado en cumplir con sus obligaciones ambientales, particularmente en lo que respecta a la restauración de los humedales y el cumplimiento del Principio de Irreductibilidad” se alegó.
No de menor importancia es el reclamo de que “la falta de acción por parte de las autoridades competentes ha llevado a la desesperanza”, ya que el recurrente “no cree que el Sinac esté en disposición de implementar medidas de restauración ecológica ni a respetar el Principio de Irreductibilidad en un área de gran fragilidad ambiental dentro de la ZMT”.
Así, como se dijo, la Sala IV concedió un mes de tiempo a David Chavarría Morales, director ejecutivo a.í. del Sinac y a Nelson Marín Mora, director del ACT, para que ofrezcan la respuesta pendiente a la denuncia de abril de 2022; pero además les dio doce meses para que “se efectúen los estudios necesarios y que correspondan a fin de determinar la situación real de la problemática denunciada y brindar una solución definitiva”.
Cabe recordar que desde la renuncia del viceministro de Ambiente Rafael Gutiérrez en junio del año pasado, la administración Chaves no ha nombrado a nadie en la dirección del Sinac.
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