El presidente de la República, Rodrigo Chaves, tendrá que dar explicaciones a los magistrados sobre la suspensión de cinco directivos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), luego de que la Sala Constitucional acogiera para estudio un recurso de amparo presentado por el Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (Sinae Afines), en compañía de la Unidad en la Acción Sindical (UAS).
Para el Sinae Afines y la UAS, la decisión de suspender a los representantes de distintos sectores en la Junta Directiva viola el estado social de derecho y transgrede el orden constitucional. En la acción presentada, indicaron que la Constitución Política le otorga a la CCSS la autonomía de administración y Gobierno; además, el Artículo 2 de la Ley Orgánica de la institución la define como entidad de derecho público, autónoma del Estado, en lo administrativo, funcional, económico y financiero, con personería jurídica y patrimonio propio.
Presentan recurso de amparo contra Chaves por suspensión de directivos de la CCSS
De acuerdo con 15 representantes de distintas organizaciones, la decisión de suspender a los cinco representantes de la Junta Directiva viola el estado social de derecho y transgrede el orden constitucional.
“Que se declare con lugar el recurso de amparo por transgresión a los artículos 1, 9, 11, 73, 147, 148, 149, 188, 189, de la Constitución Política, por parte de los recurridos Rodrigo Chaves Robles en su condición de Presidente de la República y su Consejo de Gobierno, por las infracciones en pleno de los cánones supra mencionados, conductas desplegadas los días 07 y 12 de diciembre del año 2022, donde deliberadamente separa de sus cargos a 5 miembros de la Junta Directiva de la CCSS sin ostentar potestad constitucional para adoptar tales medidas arbitrarias”, se lee en la pretensión del recurso de amparo.
Los representantes pidieron también que “hasta tanto no se resuelva el presente recurso de amparo, se adopten las medidas precautorias necesarias por parte de esta Sala Constitucional en suspender los efectos de la separación de cargo como directivos de los 5 miembros de dicho cuerpo colegiado”.
Ante la decisión de la Sala Constitucional de acoger para estudio este recurso de amparo, ahora el mandatario tendrá tres días hábiles para brindar respuesta.
“Nos sentimos muy contentos, satisfechos, por el actuar de la Sala Constitucional. Interpusimos el recurso de amparo para defender que los sectores laborales tenemos el derecho de escoger a nuestros representantes y, la única forma de separarlos de la Junta Directiva de la CCSS es a través de una orden judicial de un juez y no así por la decisión administrativa del Consejo de Gobierno, que lo catalogamos como sacada de clavo política”, indicó el Secretario General del SINAE AFINES, Lenin Hernández.
Precisamente, este miércoles UNIVERSIDAD publicó la denuncia de dos sindicatos, quienes aseguran que la Junta Directiva de la CCSS se encuentra intervenida ilegalmente.
Junta Directiva de la CCSS se encuentra “intervenida ilegalmente” por el Ejecutivo, afirman sindicatos
Representantes de la Unión Médica Nacional y del Sindicato Nacional de Enfermería aseguran que la decisión del gobierno de Chaves de suspender a cinco directivos es totalmente “totalitaria”, pues intenta “descabezar” la CCSS, y que los argumentos para separarlos de sus representaciones son “débiles”.
“La Junta Directiva de la Caja ha sido tomada por el Poder Ejecutivo de una manera ilegal e inconstitucional (…) Para nosotros es un acto ilegal e irregular, excluir a la representación de los trabajadores es inaceptable. (…) El Consejo del Gobierno no tiene potestades para suspender o separar a excepción de los representantes del Gobierno porque las representaciones laborales son elegidas democráticamente por todos los trabajadores del país del sector público”, externó el presidente de la Unión Médica Nacional (UMN), Edwin Solano.
Asimismo el secretario general de Sinae Afines, Lenin Hernández, señaló a UNIVERSIDAD que la actual Junta Directiva sesiona sin un quórum estructural, por lo que no puede tomar decisiones relevantes para la seguridad social.
A las críticas, Hernández sumó el hecho de que los argumentos usados por el Gobierno para suspender a los directivos son débiles e incluso uno de ellos fue traído abajo por parte de la misma Auditoría Interna de la CCSS, la cual descartó que exista un conflicto de interés en la participación de miembros de la junta directiva de la Caja en el acuerdo del reajuste salarial.
“Trataron de lanzar una cortina de humo en esa conferencia de prensa, tratando de argumentar que los presuntos hechos a investigar eran gravísimos y por eso trataron de sustentar la medida cautelar separándolos del cargo. (…) Hicieron el traslado de cargos correspondiente y vaya sorpresa que el presunto conflicto de intereses no está dentro de la imputación de cargos”, señaló el secretario general refiriéndose a una denuncia penal interpuesta contra los cinco directivos y el expresidente ejecutivo de la institución, Álvaro Ramos.
Los directivos Marta Rodríguez (Sindicatos), José Luis Loría (Cooperativas), Maritza Jiménez (Solidarismo), Jorge Arturo Hernández (Empresarios) y Carlos Salazar (Gobierno) fueron suspendidos a finales del año anterior por el Consejo de Gobierno.
El Poder Ejecutivo alegó que estos cinco representantes de distintos sectores habían incurrido en un aparente incumplimiento de deberes y conflicto de intereses relacionados con temas como la aprobación del reajuste salarial para los empleados de la CCSS, así como por su oposición en cuanto a salario mínimo inembargable, entre otros.
