La Sala IV falló con lugar un recurso de amparo presentado por el Observatorio Ciudadano de Transparencia Fiscal (Territorios Seguros) contra el Ministerio de Hacienda, en el cual se manifiesta a favor de liberar la información sobre la fiscalización que se ha realizado a grandes contribuyentes entre el 2010 y el 2019.
Este recurso de amparo fue interpuesto por el Observatorio pues había solicitado la información al Ministerio de Hacienda, incluyendo cédula jurídica, razón social, nombre comercial, período y resultados de la fiscalización, sin embargo, en su respuesta la entidad no aportó el nombre de las compañías.
La situación, evidentemente, imposibilitaba al Observatorio Ciudadano de Territorios Seguros a ejercer su función de fiscalización, violentando sus derechos fundamentales.
En su respuesta original, el Ministerio de Hacienda indicó que no se proporcionaría el nombre de los obligados tributarios ni sus cédulas jurídicas, al estar impedida la Administración Tributaria de divulgar información propia de la cuantía de las rentas de los contribuyentes, mismas que gozan de confidencialidad.
Por ello, este órgano ciudadano presentó la acción para obligar a Hacienda a entregar el nombre y número de cédula de las empresas grandes contribuyentes que en los últimos 10 años han reportado pérdidas o cero ganancias y deberá entregarse de manera desglosada, por año fiscal.
Carlos Campos de la organización Territorios Seguros confirmó a UNIVERSIDAD que este fallo resulta una gran victoria, pues no sólo obliga a Hacienda a dar la información requerida, sino que reconoce que la ciudadanía tiene la razón, en cuanto al privilegio exclusivo que tiene de fiscalizar el desempeño de las instituciones del gobierno como manda la Constitución Política.
“Estamos hablando del ejercicio de cogobernar. Y al fallar a nuestro favor, la Sala IV reconoce la valía de conocer cómo la Hacienda Pública está fiscalizando, sobre todo a esos grandes contribuyentes que son los que más aportan a través del Impuesto de Valor Agregado (IVA)”, señaló Campos.
Esta acción busca fiscalizar el trabajo de Hacienda para determinar cuántas veces evalúa a los grandes contribuyentes, con qué frecuencia y de qué manera lo hace, es decir, si la institución está cumpliendo con su responsabilidad.
“El paso que tenemos que aprender es cómo, desde la ciudadanía se obliga a las instituciones a rendir cuentas y entender que incluso si se demuestra el incumplimiento de funciones ejecutar la presión para el despido de un funcionario que no esté cumpliendo”, añadió el representante de Territorios Seguros.
La Sala VI ordenó a la Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales del Ministerio de Hacienda adoptar las medidas necesarias y ejecutar las acciones para proporcionar la información solicitada por el Observatorio.
