País Entregado razonamiento de sentencia constitucional en marzo

Sala Cuarta: no hay excepciones en desalojos y demoliciones si se violenta el patrimonio natural del Estado

Determinó la inconstitucionalidad de una ley que durante dos años frenó toda acción para remover a quienes de manera ilegal ocupan la zona marítimo terrestre, franja fronteriza o el patrimonio natural del Estado.

Bajo ninguna circunstancia el Estado costarricense puede dejar de aplicar medidas como desalojos o demoliciones cuando se trata de proteger de ocupaciones ilegales los bienes públicos como bosques o la zona marítimo terrestre.

Ello se desprende de una resolución de la Sala Constitucional, que data del 2019, pero hasta ahora se divulgó el texto completo con sus argumentos de fondo.

A finales de marzo, la Sala Constitucional dio a conocer la resolución mediante la cual declaró inconstitucional una ley de 2012, que estableció una moratoria de 24 meses en la ejecución de desalojos, demoliciones y otras medidas en la zona marítimo terrestre (ZMT), la zona fronteriza y el patrimonio natural del Estado.

Como salta a la vista, tanto la sentencia de la Sala como la divulgación del texto completo se dieron de forma muy atrasada, ya cuando había vencido el plazo de la moratoria establecida en la Ley de Protección a los Ocupantes de Zonas clasificadas como Especiales, No. 9073, que entró en vigencia en setiembre de 2012.

 “Me atrevería a pensar muy maliciosamente que esa ley pudo tener nombres y apellidos de quienes les interesaba que no se les tocaran sus comercios que estuvieran de forma irregular en la ZMT”, Álvaro Sagot.

La acción de inconstitucionalidad fue presentada en febrero 2013 por Roberto Molina, como secretario general de la Asociación Sindical de Trabajadores del Ministerio de Ambiente y Energía e Instituciones afines de Conservación. Ahora, al conocerse el texto completo de la resolución, es notorio que el tribunal puntualizó cinco “agravios” cometidos por esa ley, por los cuales determinó su total inconstitucionalidad.

El primero de ellos tiene que ver con que la ley violentó el principio de que el Estado debe velar por el cumplimiento de las leyes que establecen medidas de protección a los bienes públicos, como el patrimonio natural del Estado, definido en la Ley Forestal como “los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública”.

Es decir, que al establecer la moratoria, el Estado costarricense dejó de llevar a cabo acciones de protección como los desalojos y demoliciones de construcciones ilegales en sitios como playas o bosques protegidos.

La Sala Cuarta también encontró transgresión al principio precautorio, según el cual siempre se debe actuar en favor de la protección al medio ambiente. Asimismo, determinó que la ley implicó un retroceso en cuanto a la protección al medio ambiente y, además, que nunca existieron estudios objetivos y previos sobre los efectos que la moratoria tendría.

Comparó que con la ley “se colocan en condición de igualdad, sin tenerla, a personas legales e ilegales en cuanto a su permanencia en el terreno que ocupan, al no permitirse el desalojo de los segundos ni la demolición de sus construcciones. Tal desbalance… no es equitativo y quebranta el principio de igualdad”.

Precedente

La ley en cuestión determinó en su artículo 1 que “por el plazo de veinticuatro meses, se suspenderá el desalojo de personas, demolición de obras, suspensión de actividades y proyectos en la zona marítimo-terrestre, zona fronteriza y patrimonio natural del Estado”.

Estableció además algunas excepciones, como que el Ministro de Ambiente —en ese entonces René Castro, de la administración Chinchilla Miranda— podía “desaplicar la moratoria” cuando se determinara “la comisión de daño ambiental o peligro o amenaza de daño al medio ambiente”.

En junio de 2013 la contralora Marta Acosta se presentó como coadyuvante en favor de la acción de inconstitucionalidad. Ahora, al conocerse el texto íntegro, Hansel Arias, de la División Jurídica de la Contraloría General de la República (CGR), explicó que la sentencia de la Sala Constitucional señala que la posibilidad de llevar a cabo desalojos o demoliciones forma parte de “una serie de potestades que tiene el Estado para lograr la protección” de los bienes públicos —en este caso la ZMT, la zona fronteriza y el patrimonio natural del Estado—, los cuales “son por su naturaleza inalienables, imprescriptibles, inembargables y que están sometidos a un régimen especial”.

Dijo que la resolución implica que, “en adelante, las administraciones y las distintas autoridades públicas con competencias en esta materia, deben observar este precedente y adecuar sus actuaciones a ese marco constitucional, de lo contrario la Sala podrá conocer similares cuestionamientos que se formulen en este sentido y arribar a una determinación como la que estamos viendo en esta en esta sentencia”.

Cuestionamientos

El abogado ambientalista Álvaro Sagot destacó el reconocimiento de que “los bienes públicos son de alto valor, sobre todo cuando hablamos de la ZMT, que mucha de ella es patrimonio natural del Estado” y que, por lo tanto, “los desalojos debieron haber procedido y que los diputados para quedarle bien a algunas personas o a algunos intereses hicieron esta ley de excepción, la cual —así lo resolvieron los magistrados— es totalmente inconstitucional”.

Tras destacar que no se trata de la primera ocasión en que la Asamblea Legislativa promulga leyes con excepciones a la protección del medio ambiente, el profesor de derecho ambiental de la UCR aseveró: “incluso me atrevería a pensar muy maliciosamente que esa ley pudo tener nombres y apellidos de quienes les interesaba que no se les tocaran sus comercios que estuvieran de forma irregular en la ZMT”.

Calificó esa posibilidad como “verdaderamente preocupante” y le sumó todos los años de atraso de la Sala Cuarta en resolver: “aquí podría haber algo que huela feo dentro de la Sala Constitucional, si bien es cierto reconocieron que (la ley) era inconstitucional”.

Aseveró, finalmente, que esta sentencia no cambia una línea que ya ha tenido el tribunal constitucional, “no es un parteaguas”.

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