Por mayoría la Sala Constitucional rechazó por el fondo una acción de inconstitucionalidad interpuesta contra el decreto ejecutivo N°43249-S, el cual estableció la obligatoriedad de la aplicación de la vacuna contra la Covid-19 para las personas funcionarias públicas.
La decisión fue tomada en la sesión de este miércoles y por medio del voto N°202200374 ese tribunal determinó que el objetivo de ese decreto es garantizar el derecho a la salud a nivel colectivo y en defensa del interés público, según el comunicado oficial.
La acción de constitucionalidad fue presentada por un abogado de apellidos Hernández Mussio, quien alegó que ese decreto lesiona los principios de igualdad, autodeterminación informativa y reserva de ley, entre otros, así como el derecho al consentimiento informado.
El principio de reserva de ley tiene que ver con que se disponga que un tipo de medidas sólo se puedan aplicar mediante una ley.
Todos esos alegatos fueron rechazados por las y los magistrados con base en jurisprudencia de la propia Sala Constitucional, entre la que se citó una sentencia de octubre de 2020 en la que se reconoció la importancia de la vacunación “como parte de la asistencia sanitaria esencial que debe garantizar el Estado costarricense en aras de proteger el derecho fundamental a la salud de todas las personas”.
Sobre el argumento particular del principio de reserva de ley, la Sala determinó que la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología actuó dentro de sus potestades legales al determinar la aplicación obligatoria de la vacuna contra la covid-19, según la Ley Nacional de Vacunación.
Fernando Castillo, presidente de la Sala Constitucional, informó que el criterio de ese tribunal fue que “es fundamental la vacunación con el fin de proteger la salud de todas las personas que habitan en el país”.
Castillo en un audio difundido por la propia Sala entre otras cosas se refirió al alegato respecto a la autodeterminación infomativa y dijo que se descartó que haya sido vulnerado, pues “el mismo decreto establece la posibilidad de que aquellas personas que tienen una contraindicación médica pueden eximirse de la vacuna”.
“Finalmente -expresó- lejos de afectar la vacuna la vida y la salud de las personas, todo lo contrario, lo que se busca a través de esta vacunación es garantizar a las personas la salud y la vida”.
El magistrado añadió que «otros aspectos fueron rechazados de plano».
Por otra parte, justo al cierre de esta nota el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial (Sitrajud) informó que la misma Sala Constitucional dio trámite a una acción de inconstitucionalidad presentada por esa organización, contra la obligatoriedad de la vacunación en el Poder Judicial.
Aclaración
Una primera versión de esta nota detalló erróneamente que la resolución de la Sala Constitucional fue adoptada por unanimidad, cuando fue por mayoría. El error se debió a que así lo manifestó el Magistrado Presidente de ese tribunal en un audio difundido por la propia Sala.
