Este viernes la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia informó que acogió para estudio la consulta que la Corte Plena le planteó este miércoles, respecto al proyecto de ley de empleo público.
Así, ese Tribunal decidió acumular, o resolver en un único proceso, las cuatro consultas que se han presentado respecto a ese proyecto.
Es decir a la primera consulta planteada por el diputado del Frente Amplio José María Villalta y otros desde el 17 de junio, se acumula ahora las consultas que en asocio con otros legisladores plantearon Pablo Heriberto Abarca (PUSC), el 22 de junio, Roberto Thompson (PLN) al día siguiente y finalmente la presentada por la Corte Plena, acogida este 1 de julio.
Según la información oficial, la Ley de Jurisdicción Constitucional concede a este tribunal un mes para resolver ese tipo de consultas, por lo que, a menos de que surja algún imprevisto de fuerza mayor, la decisión respecto a la constitucionalidad del proyecto de ley deberá estar lista a más tardar el 2 de agosto.
El proyecto de ley de empleo público ha constituido uno de los principales esfuerzos de la administración Alvarado en la Asamblea Legislativa y ha sido amplia y seriamente cuestionado, pues incluye una definición de las llamadas familias salariales en el sector público y otras medidas que riñen con la autonomía de las universidades y de las municipalidades.
Además, en la sesión de la Corte Plena del pasado miércoles, cuando se decidió plantear la consulta, los magistrados y magistradas tomaron en cuenta consideraciones como que las regulaciones internas del Poder Judicial respecto a puestos de dirección estratégicos, como en materia policial “son totalmente obviadas” en el proyecto.
Además el magistrado presidente de la Corte, Fernando Cruz, observó que el proyecto en realidad lo que plantea es una reforma del Estado y que implica riesgos importantes respecto a la concentración de poder político y violación a la independencia de los poderes de la República.
