Sala Constitucional se trae abajo acuerdo de Incopesca que buscaba reactivar pesca de arrastre

Incopesca había aprobado el establecimiento de nuevas licencias para el arrastre de camarón, a pesar de un fallo constitucional en contra de esa actividad.

La Sala Constitucional anuló la tarde de este viernes el acuerdo AJDIP/474-2017 del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), mediante el que se pretendía girar nuevas licencias para la pesca de arrastre de camarón, a pesar de que la propia Sala IV había prohibido esa actividad en la resolución 10540-2013.

En aquel momento, la Sala había resuelto un recurso presentado por seis fundaciones ambientalistas, las cuales habían alegado la inconstitucionalidad de esa técnica como estaba planteada.

En esta ocasión, el tribunal resolvió con lugar dos recursos conjuntos, luego de que  la Junta Directiva de la entidad aprobara un marco normativo para el otorgamiento de nuevos permisos para la “pesca sostenible de camarón”; a pesar de que ya se les había advertido que sólo podían hacerlo a través de una “reforma legal correspondiente”.

Esta reforma nunca se hizo; sin embargo, Incopesca había argumentado “mejoras regulatorias” para reinstalar estas operaciones vía acuerdo administrativo.

No obstante, la reforma legal planteada por la Sala se refería al restablecimiento de las licencias que en su momento fueron prohibidas, para lo que el organismo legal había indicado que la Ley de Pesca y Acuicultura (Ley 8436) podía reformarse con “la obligación de utilizar dispositivos para la disminución de la captura incidental”.

Las intenciones de Incopesca y la sostenibilidad de la actividad económica habían sido cuestionadas por académicos y ambientalistas, como el Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (CIMAR), la Universidad Nacional (UNA) y la Fundación MarViva, organización que informó sobre lo resuelto en el Poder Judicial.

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Específicamente, la Sala reiteró que “la regulación de la licencia de pesca de arrastre de camarón debe realizarse mediante ley” y ordenó a la Junta Directiva de Incopesca —incluido su presidente ejecutivo, Gustavo Meneses— brindar “asistencia socioecnómica” a las personas afectadas que dependen de esta actividad y no pueden realizarla de ninguna manera, mientras no se resuelva una ley restrictiva.

“Para tales efectos, deberán elaborar en el plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de este pronunciamiento, un plan de asistencia socioeconómica sobre este particular, sin poder autorizar, en ausencia de ley, nuevas modalidades de pesca de arrastre de camarón”, suscribió.

Además, se condenó al Instituto “al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo”.

En total, la Sala estuvo conformada por los magistrados Ernesto Jinesta (presidente), Fernando Cruz, Fernando Castillo, Paul Rueda, Nancy Hernández, Luis Fernando Salazar y José Paulino Hernández; de los que sólo Castillo salvó su voto y lo declaró “sin lugar en todos sus extremos”.

Ante este fallo, la MarViva señaló que “en definitiva, la Asamblea Legislativa ha dejado pasar más de cuatro años y no ha dictado la ley de regulación de la pesca de arrastre, conforme a los estudios técnicos. Por lo que para atender la situación de vulnerabilidad socioeconómica de las personas que dependen de las actividades irregularmente autorizadas por el Incopesca”, motivo por el que “la Asamblea Legislativa debería emitir, cuanto antes, la ley respectiva”.


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