La Sala Constitucional recibió una acción de inconstitucionalidad contra los artículos 13 y 14 del decreto 38681 MAG-MINAE, que permite el ingreso de embarcaciones extranjeras a aguas costarricenses para pescar atún.
El recurso fue presentado por Manuel Enrique Ramírez Galler, quien, durante una audiencia virtual y pública, aseguró que esta medida carece de estudios técnicos y científicos que la respalden.
“Si no hay estudio se está otorgando un recurso nacional a ciegas, sin saber si hay suficiente materia prima para la disponibilidad de captura de estos barcos. Con esto se permitiría la desprotección de las áreas, la vulneración de los principios de proporcionalidad y racionalidad y se elimina la priorización del acceso de pescadores nacionales al atún”, argumentó José Antonio Chaves Villalobos, abogado de Ramírez.
Chaves agregó que el permiso deja en desventaja a la industria nacional, ya que anualmente pesca menos volumen que las embarcaciones de otros países.
“Todas las embarcaciones nacionales, que son alrededor de 400, pescan en un año cerca de 1.500 toneladas. Eso es lo que un solo barco de red de cerco puede pescar en 2 meses, hay una desproporción enorme”, afirmó.
Por su parte, el director de INCOPESCA, Daniel Carrasco Sánchez, defendió el decreto y aseguró que se trata de una medida de ordenamiento y manejo pesquero, necesaria para Costa Rica.
“Es un hito para el país porque es la primera medida de ordenamiento pesquero y planificación que se hace, para que no interactúen las diferentes flotas. Esto fue un consenso de todos los subsectores, incluso el actor de la acción participó en la elaboración del decreto”, argumentó.
Carrasco considera que los artículos son claros en limitar el permiso a situaciones excepcionales, por lo que no representa alguna contradicción con la Constitución Política nacional.
“Si no hay desabasto no se usa la exclusión. Del 2014 a la fecha el INCOPESCA ha establecido nuevas regulaciones; actualmente tenemos, del año pasado a la fecha, de 4 a 6 licencias.Con esta regulación se obliga a la flota pesquera a entregar la totalidad de su captura a la industria; ya no se da la desorganización que había en nuestra zona
económica”, afirmó.
Los magistrados de la Sala Constitucional indicaron que dentro de un mes se notificará a las partes sobre la resolución que tomen.