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Sala Constitucional ordena reubicar de forma inmediata a privados de libertad que están en celdas del OIJ

Magistrados y magistradas consideran que tiempos han sido "excesivos y desproporcionados" por lo que obliga al Ministerio de Justicia a revertir la situación.

La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de habeas corpus presentado en favor de un privado de libertad quien lleva ocho días en una celda del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a la espera de ser reubicado en un centro penitenciario.

Ante esta situación, la Sala ordenó que el Ministerio de Justicia debe trasladar a los detenidos a una cárcel en el menor tiempo posible, ya que se están violentando los derechos de dichas personas.

«Las y los magistrados ordenaron a las autoridades recurridas tomar todas aquellas medidas que se encuentren dentro del ámbito de sus competencias y coordinar entre sí lo pertinente, para que, de forma inmediata, el tutelado y todos los privados de libertad que estén en idénticas circunstancias sean reubicados en un centro penal», se informó en un comunicado de prensa.

Durante la sesión de Corte Plena del pasado lunes, los magistrados de la Sala III habían presentado un reclamo ante el actuar del Ministerio de Justicia y fue el director del OIJ, Walter Espinoza, quien presentó el habeas corpus contra dicha institución.

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«Dentro de los argumentos del recurrente se destaca que las celdas del OIJ han sido diseñadas para el tránsito de personas detenidas y no como recintos de custodia definitiva, también alega que las condiciones de hacinamiento que se están generando en las celdas del Poder Judicial afectan la sana convivencia y crean un clima inadecuado que puede detonar en agresiones y perturbaciones emocionales de las personas privadas de libertad», detalla la Sala en el comunicado.

El magistrado instructor del caso, Jorge Araya García, aseguró que el tribunal entiende las dificultades del sistema carcelario, pero que las instituciones no pueden obviar sus responsabilidades.

«Es responsabilidad de dichas autoridades implementar y ejecutar medidas contundentes y efectivas que permitan que la población penal que se mantiene en celdas judiciales lo haga de forma temporal y no de manera prolongada, en claro menoscabo de sus derechos y garantías, tal y como sucedió en el caso del tutelado», aseguró.

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