País

Sala Constitucional condena a Ministerio de Seguridad por lanzamiento de gas lacrimógeno en San Carlos

Acción policial afectó a vecinos de Aguas Zarcas que no participaban en bloqueos de octubre pasado.

La Sala Constitucional falló en favor de una mujer afectada por el lanzamiento de gases lacrimógenos, por parte del Ministerio de Seguridad, durante los bloqueos ocurridos en octubre pasado en San Carlos.

La Sala estimó que los antimotines ejercieron fuerza excesiva, ya que la afectada no era parte de los manifestantes y, sin embargo, fue impactada por una lata del gas en su frente y por el propio químico, mientras esperaba que se habilitara el paso en Aguas Zarcas.

«Existe prueba que apunta a que la amparada fue impactada en su rostro por una bomba de gas, lo que implica, que -la policía-, además de atacar a personas que no eran manifestantes, y que, ni siquiera se encontraban en el lugar donde se encontraban las personas que mantenían los bloqueos, tampoco se aseguraron de mantener control del sitio en el que la bomba iba a impactar, con el fin de no lesionar de forma desproporcionada a otra persona», reza la sentencia.

La denunciante narró en el recurso que el 3 de octubre de 2020 se encontraba sobre el río Aguas Zarcas, donde se presentaba un bloqueo, por lo que con la llegada de la Policía ingresaron su vehículo en la propiedad de un conocido. Posteriormente, los antimotines lanzaron los gases hacia el lugar donde estaba el grupo de manifestantes, y, después, a la propiedad privada donde estaba estacionada.

«Se comprueba que los gases lacrimógenos fueron utilizados de forma indiscriminada, y, en contra de personas que no estaban participando de los bloqueos, y que, habían tomado la decisión de ubicarse en una propiedad privada -para no verse afectados-, ya que habían sido advertidos de la llegada de la Policía. Por otra parte, también se acredita, que la técnica utilizada para gasear a la amparada, fue desproporcionada», estableció la Sala.

En el «por tanto», la institución ordenó al director regional de la Región Huetar Norte, Luis Enrique Ortega, y al Ministro de Seguridad Pública, Michael Soto Rojas, girar las instrucciones respectivas al personal de Fuerza Pública a su cargo, para «evitar que, en el futuro, el personal de la Fuerza Pública incurra en hechos como los denunciados en este hábeas corpus».

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