La Ruta del Arroz no solo benefició a tres industrias de la Asociación Nacional de Industriales del Sector Arrocero de Costa Rica (Aninsa) con una reducción de impuestos que las salvó de pagar ₡2.418 millones, sino que también les aseguró contratos estatales con el Programa de Abastecimiento Institucional (PAI).
El PAI registra contratos por ₡8.320 millones con cuatro industrias: Arrocera Liborio, Cooparroz, Arrocera San Pedro de Lagunilla y Coopeliberia. De estas, solo la última no pertenece a Aninsa y su contrato es de ₡1.616 millones.
“Fue un golpe muy fuerte porque cuando las industrias fueron atacadas por el Gobierno, nosotros dimos la cara y cuando las cosas se invierten y ellos tienen la oportunidad de defender a los productores ellos ceden”, Wendy Vargas, presidenta Asociación Nacional de Productores de Arroz.
Tras seis meses de la Ruta del Arroz, cientos de productores abandonaron la actividad y las industrias de Aninsa, que antes criticó al mandatario y que se oponían a la Ruta, ahora está sentada en la mesa técnica conformada por el Gobierno y dieron su apoyo a Chaves en campos pagados en la prensa ¿Qué los hizo cambiar de opinión?
Según el pronunciamiento de Aninsa, las industrias celebraban que el precio del arroz si había bajado, sin embargo, para el momento del comunicado el precio del arroz tenía una baja “cercana a cero”, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
Este marzo se presentó la primera baja significativa del precio del arroz de un 1,95%, un porcentaje bajo si tomamos en cuenta que los impuestos bajaron de un 36% a un 5% y que en los últimos meses el precio arroz importado de Suramérica (de donde proviene el 91%) cayó un 8%, según datos de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz).
La posición de Aninsa también contrasta con su postura en mayo del 2022, hace menos de un año, respecto de la producción nacional en tiempos de crisis.
“La producción interna es lo primero que hay que ver, hay que garantizar la comida en este momento tomando en cuenta cómo está la alimentación en riesgo alrededor del mundo por eventos como la guerra en Ucrania”, dijo Eduardo Rojas, presidente de la empresa Arrocera San Pedro Lagunillas y presidente de Aninsa.
En total Aninsa se compone de seis de las diez agroindustrias que pueden procesar granza —arroz sin pelar— en el país. Aunque principalmente las de esta asociación se beneficiaron con los nuevos contratos del PAI, todas las industrias en conjunto se beneficiaron con dejar de pagar millones de dólares en impuestos. -Ver nota: Industrias arroceras dejaron de pagar ₡7.600 millones en impuestos con Ruta del Arroz-
Representantes de varias de las industrias de Aninsa, elegidos por la Junta Directiva de Conarroz, estarían representados en la mesa técnica del Gobierno en la que se discutirán soluciones para las personas productoras afectadas.
Además de Rojas —presidente de Aninsa—, estarían contemplados Mario Valverde, de la empresa Cooparroz, Alexander Rodríguez, de Arrocera Liborio y Olger Chamorro, socio de la Arrocera Integro.
Aunque Valverde y Chamorro son listados por Conarroz como representantes de los productores nacionales, un grupo de 25 productores declararon desconfianza ante su representación a mediados de marzo en una reunión que Conarroz sostuvo con el Gobierno por su ligamen a las industrias.
UNIVERSIDAD pidió declaraciones a Aninsa, pero al cierre de esta nota no tenía la respuesta. Las preguntas consultaban si habían influenciado los beneficios percibidos con la Ruta del Arroz en su decisión de apoyar el Gobierno, si consideraban que la mesa técnica tenía una representación desbalanceada así como si estaban de acuerdo con las múltiples acusaciones que Chaves hizo en su contra.
El presidente del CNP, Adolfo Ramírez, indicó que los criterios para escoger a las industrias fueron que Cooparroz y Coopeliberia ya eran proveedores y en el caso de la Arrocera Liborio y San Pedro Lagunilla se incorporaron “para no saturar” a las otras dos, pero no entró en detalle sobre por qué se eligieron entre el restante de industrias.
“Los proveedores de arroz que tiene el CNP son las agroindustrias, las mismas que compraron a los productores registrados, ellas reciben el arroz en granza, almacenan, procesan, transforman y, posteriormente, distribuyen el grano listo para consumo a través de suplidores PAI autorizados a los clientes institucionales”, dijo Ramírez en una respuesta escrita dada a UNIVERSIDAD.
El CNP señaló que por medio de estas industrias se logró asegurar un mercado a 270 productores registrados durante el segundo semestre del 2022 que se filtraron de 476 que inicialmente aplicaron para ser proveedores del PAI.
Industrias arroceras dejaron de pagar ₡7.600 millones de impuestos en seis meses de Ruta del Arroz
Las agroindustrias se beneficiaron con la reducción de impuestos en casi el triple que los importadores de arroz pilado como el financista de Chaves: Bernal Jiménez. En marzo seis industriales dieron su apoyo al Gobierno.
Productores sufren revés de industrias
El pronunciamiento de Aninsa apoyando la Ruta del Arroz y al mandatario fue un “golpe muy fuerte” para los productores, dijo Wendy Vargas, presidenta de la Asociación Nacional de Productores de Arroz.
Vargas explicó que antes de la aprobación de la Ruta del Arroz las industrias y los productores nacionales trabajaban como socios comerciales, ya que los segundos dependen de las industrias para procesar el arroz por lo que no pueden vender directamente.
“Fue un golpe muy fuerte porque cuando las industrias fueron atacadas por el Gobierno, nosotros dimos la cara y cuando las cosas se invierten y ellos tienen la oportunidad de defender a los productores ellos ceden y se traen abajo la búsqueda de un modelo sostenible para todos”, contó Vargas.
Los productores aseguran que las industrias prosperan como nunca antes, a pesar de que la promesa de Chaves en julio era que la Ruta del Arroz tenía como objetivo acabar con “el oligopolio” de un “puñado de industriales del arroz” por medio de “una estructura que se creó para ganar millones de dólares al año”.
Importaciones de arroz en granza aumentan 477%, mientras se reduce producción nacional
Mientras las industrias han llenado sus graneros de arroz en granza importado y se han ahorrado ₡10.436 millones en impuestos, al menos 150 pequeños y medianos arroceros abandonaron la actividad.
Al anunciar la Ruta del Arroz, Chaves le aseguró a los productores nacionales que podrían “dormir tranquilos” porque les compraría la cosecha por medio del PAI, el programa del Consejo Nacional de Producción (CNP) que lleva la comida a las escuelas, cárceles y hospitales del Estado.
Aunque la medida salvaría a los productores, el CNP rápidamente se dio cuenta que podría comprar poco, en comparación con la oferta de los productores nacionales, por lo que cientos optaron por abandonar la actividad.
Además, incluso aquellos que lograron entrar al PAI desconocen por cuánto tiempo será sostenible ya que la regla fiscal aún tiene congelados los ingresos propios del CNP y la propia demanda del mercado institucional podría no alcanzar con otros presupuestos afectados.
“El mercado del PAI es sumamente restringido, es muy pequeño para el volumen de producción nacional y quedaron por fuera muchísimos productores, y lo más grave es que los que sí están no tienen la certeza de compra de cosechas que tienen o que están sembrando”, comentó Vargas.
El economista Leiner Vargas cuestionó que el PAI sea la estrategia para resolver el impacto negativo de la Ruta del Arroz entre los productores nacionales porque considera que no es sostenible y que la trazabilidad es difícil de realizar.
“Es un modelo donde son los presupuestos públicos de comedores escolares, hospitales, cárceles, que ya de por sí tienen los presupuestos muy ajustados, financian a los industriales con la justificación de que le compran a los productores nacionales y esa línea de trazabilidad es muy fina”, comentó el economista.
Vargas asegura que la Ruta del Arroz a quienes beneficia es a los importadores y a los grandes arroceros, mientras que los micro, pequeño y medianos pierden sus empleos y los que generaban por encadenamiento. Conarroz estima que esta política amenaza a 33 mil empleos, principalmente en zonas rurales.
