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Si todos los ticos fueran diputados, ni dudarían y abrirían las puertas del país a barcos y aviones de Estados Unidos para combatir el narcotráfico, aunque estos vengan artillados.
Esto se concluye de la encuesta reciente del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), que preguntó a los costarricenses su opinión sobre el programa de patrullaje conjunto contenido en la ley 7929, motivo de controversias recurrentes en la Asamblea Legislativa y más allá.
El 80% de los encuestados dijo que aprobaría “siempre” el ingreso de aviones y barcos estadounidenses, mientras que solo el 3,5% lo condicionó a que no contengan artillería.
El rechazo al programa de patrullaje conjunto alcanza solo a un 15% de la población, aunque aumenta a 25% si solo se considera la población menor a 24 años.
En cambio, el respaldo al patrullaje conjunto tiene un énfasis especial en el grupo entre los 25 años y los 50, con un 83% de apoyo. La encuesta no deja ver mayores divergencias por procedencia geográfica o grado de escolaridad de los entrevistados.
El tratado entre Estados Unidos y Costa Rica, vigente desde octubre de 1999, ha recibido el apoyo de los cinco gobiernos hasta ahora, incluyendo el actual. “Es vital”, ha dicho el ministro de Seguridad, Gustavo Mata, por la posibilidad de vigilar los mares territoriales en el Pacífico y en el Caribe y combatir las rutas de los narcotraficantes.
Algunos críticos del programa opinan que Costa Rica cede soberanía territorial ante Estados Unidos y que empuja a los narcotraficantes a buscar rutas terrestres, lo que provoca más violencia y mayor consumo de la droga que se trasiega entre costarricenses.
Datos oficiales muestran que las peleas entre bandas locales de trasiego de drogas han provocado una escalada de violencia en zonas periféricas del país y en los dos años recientes también en el Área Metropolitana.
