El ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza, confirmó que el Gobierno estará anunciando su política para el cumplimiento de metas fiscales en las próximas semanas, muchas de las cuales afirma que se podrán empezar a gestar sin grandes reformas, especialmente en la contención del gasto público.
“Hay una voluntad claramente expresada para tener una agenda de contención del gasto, no bajarlo pero sí que no crezca de la forma en la que lo ha venido creciendo”, dijo el ministro a los medios en días pasados.
“Eso lo va a presentar la nueva ministra de Hacienda (Rocío Aguilar) en las próximas semanas, definiendo cuál es la política para garantizarle a los diputados y la ciudadanía que el esfuerzo viene por los dos lados: zocándonos la faja sin afectar los programas sociales ni las acciones de infraestructura, pero también con una mejor recaudación partiendo de las reglas vigentes y con la reforma de las finanzas públicas”, apuntó.
Según Piza, las medidas que serán anunciadas estarán especialmente relacionadas con las que plasmaron él y el presidente Alvarado en el acuerdo que firmaron en la campaña, un texto en el que se fijaron diez puntos estratégicos de acción para reducir los egresos y captar nuevos recursos.
La meta de Alvarado, de su ministro y su equipo es bastante concreta: reducir el déficit fiscal a un 3% del Producto Interno Bruto (PIB) cuando finalice sus gestiones; un compromiso que reiteró el nuevo mandatario en su discurso de la toma de mando este martes, a pesar de las proyecciones que apuntan a un desequilibrio del 7,1% del PIB al finalizar este año.
Entre los puntos que podrían aplicarse prontamente están algunas de las acciones restrictivas del gasto; un factor que además podría ser determinante para contar con el apoyo de las fracciones de oposición en el Congreso, que así lo han condicionado, para aprobar nuevos impuestos. Ellos, en su gran mayoría, aseguran ver ‘señales positivas’, aunque todavía algunos -como la bancada del PLN- esperan ver las propuestas ‘concretas’.
Entre esas medidas, están el compromiso de aumentar los ingresos vía recaudación en más de un 1% del PIB, no permitir que las plazas del sector público crezcan más de un 1% anual hasta 2020, y promover regulaciones al sector público para que no se generen nuevos pluses, se controlen las anualidades y se introduzcan mecanismos de evaluación.
Todos esos acuerdos podrían empezar a trabajarse en un contexto cercano, incluso con directrices o decretos ejecutivos; sin embargo, otras tomarían más tiempo, especialmente las referidas o dependientes de la aprobación de leyes en el Congreso.
Alvarado también ha mencionado la pronta jubilación de un 27% de los empleados públicos nacionales como una “oportunidad” para replantear esas plazas, una idea que también atrae al ala socialcristiana.
Entre las iniciativas de ley que se mencionan en el acuerdo están el proyecto de regla fiscal constitucional (expediente 20.179) y el plan fiscal que se tramita en la corriente legislativa (expediente 20.580). También, se mencionan los textos que proponen limitar los salarios de lujo en el sector público (expediente 19.156) y controlar los destinos específicos (expediente 20.595). Todos ellos requieren de la aprobación del Congreso.
Así mismo, el acuerdo menciona la posibilidad de impulsar la colocación de bonos en el exterior sin la autorización de los diputados, “siempre y cuando el saldo de la deuda denominada en moneda extranjera no supere el 20% del saldo total” y la regla fiscal constitucional se encuentre aprobada.
También, se establece la propuesta de que el gasto corriente (sin el pago de intereses) crezca por debajo del 85% del crecimiento de la producción nominal, algo que sólo dependerá de este Gobierno hasta que envíe su primer presupuesto de la República a la Asamblea Legislativa.
Piza reiteró la mañana de este jueves el mismo discurso en el programa radial Hablando Claro de Radio Columbia. Allí aseguró que la nueva ministra de Hacienda anunciará “un calendario y metas concretas en la contención del gasto”, probablemente en este mismo mes de mayo.
“Son propuestas ya definidas, aunque bastantes nuevas porque están puestas en un acuerdo muy concreto que tiene implicaciones muy grandes. El Gobierno dará una señal de esfuerzo y de austeridad, pero también se necesita un esfuerzo para apuntar mejor a la recaudación”, concluyó.
Las medidas del acuerdo
1) Apoyar el proyecto de regla fiscal a nivel constitucional (Expediente N° 20.179)
- Que limita el déficit fiscal y el endeudamiento público para financiar el gasto corriente
- Que ajusta proporcionalmente los gastos establecidos por Ley
- La meta es llegar gradualmente a un déficit corriente del 1% del PIB (excluyendo la inversión) en el 2022.
- Bajar el déficit del Gobierno Central a razón del 0,75% del PIB por año.
2) Impulsar el proyecto de ley para el control de los destinos específicos.
3) Una vez que esté en cumplimiento la regla fiscal constitucional, promover que el gobierno tenga la posibilidad de colocar bonos en el exteriorsin autorización de la Asamblea Legislativa siempre y cuando el saldo de la deuda denominada en moneda extranjera (colocaciones internas y externas) no supere el 20% del saldo total de la deuda.
4) El Ministerio de Hacienda garantizará que el gasto corriente, excluyendo el pago de intereses, no crezca más que el 85%% del crecimiento del PIB nominal.
5) Apoyar el IVA al 13%, con tasas muy reducidas para salud y educación y tasa común en impuesto de renta a los ingresos pasivos de capital.
6) Aumentar ingresos vía mejor recaudación en más del 1% del PIB.
7) El total de plazas en sector público no podrán crecer más del 1% anual hasta el 2020 y el 1,55% anual para 2021 y 2022. Las plazas del Gobierno Central no podrán crecer más que esa misma proporción. Revisar detalladamente la situación de plazas vacantes y la conveniencia de realizar traslados horizontales.
8) Respecto al empleo público:
- Respetar derechos adquiridos de los empleados públicos, pero oponerse a nuevos pluses salariales, privilegios y beneficios insostenibles, así como racionalizar los existentes para nuevos ingresos.
- No renegociar convenciones colectivas que impliquen aumentar gasto público.
- Apoyar las propuestas para poner límite a los salarios de lujo en el sector público (Expediente N° 19.156), e impulsar límites máximos a las anualidades (no deberían pasar del 2,5% anual).
- Introducir mecanismos de evaluación del desempeño de la función pública y certificación externa de la calidad de los servicios institucionales para incrementar la eficiencia y eficacia de las entidades públicas.
9) Proponer, además, un sistema de regulación del empleo público que cubra a todos los funcionarios públicos como principio de equidad y justicia en la función pública que se aplicaría a los nuevos trabajadores y para la racionalidad del gasto público.
10) Propiciar mayor transparencia en las medidas de intervención del Banco Central en el mercado cambiario y se buscará mayor flexibilidad del tipo de cambio.
Texto completo: Acuerdo de Gobierno Nacional