Rocío Aguilar: “Si algo defenderé yo es el Estado Social”

Como ella misma reconoce, su cargo de Ministra de Hacienda es uno de los más incómodos del gabinete. En la calle, sus detractores más extremos la comparan con la exprimera ministra británica, Margaret Thatcher, por ser la mujer que asumió, en los años 80 del siglo XX, la reestructuración de ese Estado europeo ante la crisis mundial de aquellos tiempos.

Sin embargo, la ministra Rocío Aguilar dice tener claro que todo lo que se está haciendo en materia de finanzas públicas tiene el objetivo, precisamente, de salvar la sostenibilidad del Estado Social del que dice sentirse “súper orgullosa”.

En esta entrevista, que se llevó a cabo en su despacho el lunes pasado, la ministra Aguilar habla también de los roces con algunas instituciones públicas por la regla fiscal, del caso particular de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), de por qué no firmó el acuerdo del Fondo Especial de la Educación Superior (FEES), y de por qué sí lo hubiera firmado, pues lo respalda.

Además, explica por qué la salida del exministro de la Presidencia, Rodolfo Piza, no implicará un cambio de dirección en materia de finanzas públicas, aunque no niega la existencia de “matices y cosas” en el gabinete, las cuales seguirán presentes con el nuevo ministro de la Presidencia, Víctor Morales, según dice.

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Hace escasos meses, el año pasado, Costa Rica estuvo muy cerca, realmente, de un proceso de crisis que terminó después de usar las Letras del Tesoro, de tener dificultades de pago, de ver una vertiginosa subida de tasas de interés, del tipo de cambio”.

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¿Cuál es su evaluación del proceso de implementación del IVA hasta el momento?

—Nosotros no debemos tener una memoria corta. Hace escasos meses, el año pasado, Costa Rica estuvo muy cerca, realmente, de un proceso de crisis que terminó después de usar las Letras del Tesoro, de tener dificultades de pago, de ver una vertiginosa subida de tasas de interés, del tipo de cambio.

Dichosamente, el país logró salir adelante con la reforma y, yo diría, gracias a un esfuerzo de múltiples actores. Primero, por supuesto, un Poder Ejecutivo comprometido con ir hacia delante; segundo, el Congreso, la misma Sala Constitucional que en oportunidades anteriores había, de alguna forma, no sé si la palabra es “frenado”, ir adelante, y los sectores en general.

Desde el punto de vista del año 2019, terminado ese momento, con lo que nos encontramos fue con el reto de poner en práctica la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Era el reto importante porque, incluso para las calificadoras de riesgo, el siguiente riesgo tenía que ver con la capacidad de implementación de la ley.

Iniciado el año 2019, el mercado financiero, al menos, retornó en confianza. Y esto lo podemos ver porque el Ministerio de Hacienda logró captar los recursos incluso en forma anticipada y a tasas muchísimo más bajas -y esto ha seguido- y a plazos mucho más largos, que ayudan a que en adelante podamos gestionar de mejor manera la deuda.

Otra variable, que fue como de los primeros réditos, fue la amnistía tributaria, porque implicó un ingreso de recursos importante que le permitió al Ministerio mejorar su estrategia de captación.

Fue un plazo relativamente corto, pero de manera categórica; además, el Ministerio, en un plazo de seis meses, se preparó para la titánica tarea de hacer cambios en sistemas, de emitir una cantidad importantes de reglamentación, que si bien se critica que entró tarde, desde febrero más o menos se pusieron a disposición del público todos los borradores más importantes para recibir todas las críticas, retroalimentación y aportes. Y el Ministerio estuvo preparado y listo el 1º de julio para el cambio, no en un impuesto, sino en el sistema completo como tal.

Posiblemente, si hubiésemos gozado de más tiempo, se pudieran haber hecho mucho mejor las cosas, eso siempre es posible. Pero visto hoy el plazo relativamente corto, yo considero que el Ministerio de Hacienda lo llevó adelante de la manera más exitosa posible con los recursos y limitaciones que tiene.

¿Qué puede decir en cuanto a las reformas de las remuneraciones y a la regla fiscal?

—De igual manera, nos enfocamos y no fue tan sencillo el cambio en los sistemas, porque se trata de un cambio completo en la forma como se calculan las remuneraciones y se logró, ya en este mes de julio, hacer el pago retroactivo del incremento y en la siguiente planilla se harán los siguientes ajustes.

Igual, podríamos haber dicho que esos sistemas son muy complicados y esto no lo podemos poner en operación, pero el compromiso que tenemos en implementar la reforma es un compromiso real. Además, es necesario para que aquellos terceros que aún duden de la capacidad de implementación no queden con absolutamente ninguna, ninguna, duda.

Con respecto al tercer elemento, la regla fiscal, hoy en día estamos preparando un Presupuesto del año 2020 que está cumpliendo a cabalidad con la regla fiscal. No es sencillo, pero la reforma nos dio los instrumentos y las herramientas para hacerlo.

En particular, tenemos el cambio en remuneraciones, en destinos específicos, que nos van a permitir, de una forma ordenada, ir logrando el proceso de consolidación. Agregamos, por esto, un capítulo adicional, que es el financiamiento.

No podemos seguir presionando el mercado local para financiar nuestras necesidades, que todavía van a ser importantes hasta que toda la reforma despliegue sus efectos. Entonces, la posibilidad de ir a mercados internacionales con eurobonos o que nos autoricen los préstamos de apoyo presupuestario son elementos importantes.

Yo diría que salimos de un momento de crisis, retomamos, en el mercado financiero, la confianza. Ahora, ese mismo nivel de confianza tenemos que tenerlo del resto de los actores económicos porque, efectivamente, toda la incertidumbre que se generó alrededor de la misma reforma pospuso una serie de inversiones que hoy día son necesarias para poder continuar con la otra variable, que es posiblemente la más importante: el crecimiento.

¿Qué papel cree usted que está jugando, en que no se logre conquistar la confianza de los consumidores, tanto el contexto electoral –las elecciones pasadas y lo que puede ocurrir en las que vienen- como lo que está sucediendo ahora en términos de protestas sociales?

—Efectivamente, el 2018 no solo lo marcó la reforma, sino que tuvimos un proceso electoral que pospuso (igual, por una segunda ronda, etcétera) una serie de decisiones.

En el año 2019, lo que se está de alguna forma evidenciando es que los actores necesitan confianza del Gobierno en que, efectivamente, se va a apegar a la reforma.

Entonces, de un lado dicen: “¿Y si el Gobierno echa atrás porque empiezan las rebeliones institucionales?” Algunas (instituciones) dicen: “Esto no tiene que ver con nosotros”. Las municipalidades se quieren salir; las universidades, por su autonomía.

Entonces, estas señales realmente empiezan a permear de hasta dónde se va a ceder en una o en otra dirección, lo cual hace que, me parece, no logremos pasar la página.

Y yo creo que nosotros tenemos, como país, la posibilidad de pasar esta página. El país logró salir de una inminente crisis. Nosotros estuvimos realmente casi en el instante último de una crisis y tenemos que ver que, efectivamente, este año estamos en mucho mejores condiciones de lo que el país estuvo en el 2018. No es que estamos en el mundo ideal, porque tenemos un entorno internacional complejo. Tenemos productos que, ya sea por precios o por temas climáticos, no están aportando lo que solían aportar.

Tenemos, lamentablemente, una demora en la gestión de la inversión pública que hoy debería ser un motor para poder lograr crecimiento. En muchas ocasiones es por temas de gestión, por autorizaciones, permisos, que son obviamente necesarios para hacer una buena inversión.

Y tenemos, lamentablemente, debido a que por muchos años lo descuidamos, un excesivo endeudamiento en las personas y en las empresas. Entonces, hoy día no es suficiente con que yo toque el encaje mínimo legal o que se baje la tasa de interés. Tenemos un elevado nivel de endeudamiento y hay que buscar cómo ayudar a mejorarle el flujo de caja a las personas y a las empresas, para poder retomar el crecimiento.

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El país logró salir de una inminente crisis. Nosotros estuvimos realmente casi en el instante último de una crisis y tenemos que ver que, efectivamente, este año estamos en mucho mejores condiciones de lo que el país estuvo en el 2018”.

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Le menciono un dato. En el Gobierno Central, más o menos el 40% de los funcionarios tienen una deuda que supera el 50% de su ingreso mensual disponible; es decir, el salario menos las cargas sociales de ley. Eso realmente es un nivel de endeudamiento excesivo que se vio exacerbado el año pasado por tasas de interés y por el tipo de cambio. Además, muchísimas personas se endeudaron en dólares cuando sus ingresos no son en dólares.

La reforma fiscal que logramos genera por lo menos una condición precedente para que el resto de acciones se puedan tomar, porque ya no tenemos la preocupación de que el país va a entrar en un impago, de que las tasas sigan subiendo de forma acelerada y que el tipo de cambio crezca también.

Entonces, lo que sigue es, así como nos unimos a finales del año 2018 los diferentes actores para lograr esa reforma, tenemos que unirnos para retomar la senda de crecimiento. Hay parte que le corresponde al Poder Ejecutivo, otra a los empresarios, otra al Congreso, con una serie de proyectos que están en el camino y cuya aprobación posiblemente genere unas mejores condiciones.

En la misma clase trabajadora, al entender que esta reforma no le redujo ni un cinco de su salario actual, a nadie se le reduce el salario. Lo que pasa es que de aquí en adelante va a crecer a una tasa muchísimo más normalizada que como venía creciendo en el pasado. Esto lo tenemos que hacer entre todos.

Hay una agenda de reactivación o crecimiento que en los próximos días se va a presentar desde el Ejecutivo, que yo creo que allí va marcando ese compromiso y esa agenda.

Las polémicas de las instituciones autónomas con la regla fiscal ¿deben resolverse en los tribunales o en procesos de negociación política?

—La vía judicial siempre está abierta para todos. La regla fiscal lo que está buscando es poder tener un crecimiento del gasto corriente acorde a lo que el país crece. Eso es, básicamente, hacia dónde vamos y aplica para todo el sector público no financiero.

La ley previó varias excepciones: una, la factura petrolera; segundo, las empresas que forman parte del sector público financiero; la tercera, la Caja en cuanto a las pensiones y al régimen no contributivo y posteriormente vino la Sala Constitucional y dijo que también en cuanto al Seguro de Enfermedad. Por eso es que la Caja, básicamente en regla fiscal, está fuera.

¿Qué tiene de específico el caso de la CCSS?

—En, prácticamente, todas las instituciones, nuestros ingresos tienen un control o un contrapeso. Yo no puedo definir los ingresos de Hacienda, me los define el Congreso cuando me aprueba impuestos. No puedo definir las tarifas eléctricas, hay un control que realiza la Aresep. En el caso de los bancos, hay un control de la Sugef; y en el caso de las pensiones, de la Supen.

En el caso de la Caja, vamos a tener que dilucidar, hacia adelante, porque no hay un contrapeso. La Caja se define sus propias tarifas, que son las cuotas y, como no hay un contrapeso, simplemente al final esa tarifa o se le pasa al sector privado -lo cual puede tener incidencia en la competitividad- o se le pasa al Gobierno, en cuanto patrono y en cuanto Estado.

Entonces, si bien la Caja no tiene que cumplir con la regla fiscal, es importante que cumpla con el capítulo de remuneraciones. Por su propia sostenibilidad futura y por los impactos que genera en el déficit fiscal y, por supuesto, en la competitividad del país.

¿Y las municipalidades?

—Las municipalidades están dentro de la regla fiscal, por decisión del Congreso. Todos, todos estamos dentro de la regla. Las empresas públicas en competencia están fuera siempre y cuando haya un porcentaje de deuda que no se supere. Pero la inteligencia de esto es que los riesgos de las municipalidades son, al final, riesgos fiscales del Gobierno Central.

En tanto todos los demás nos acoplemos a los cambios en remuneraciones, podemos cumplir de forma más realista la regla fiscal.

En cuanto a las universidades públicas, dicen las “malas lenguas” que usted se oponía a la negociación del FEES y que por eso al final el acuerdo fue firmado por el viceministro Nogui Acosta.

—Yo estuve presente en esta negociación del FEES. Estuve en todo el proceso de negociación y el día que se firmó yo estaba fuera del país. Pero estuve de acuerdo en la negociación en tanto se destinara –que es la primera vez que se hace– un monto para inversión. Con el 2,3% no le veo yo problema que cumplan con la regla fiscal, pero si no incorporábamos un monto de inversión allí, podíamos empezar a enfrentar problemas con la regla fiscal.

Lo que yo pedí fue que se incluyera un monto para inversión pública, no solo en interés del cumplimiento de la regla, sino de la propia comunidad universitaria. Segundo, que se fijaran metas, porque los compromisos en el FEES son cosas muy generales, entonces, que se establecieran ciertos criterios para que se pudieran verificar los compromisos que expresaran las universidades o ¿cómo rendirían cuentas en adelante?

Yo hubiera, perfectamente, firmado ese acuerdo. No lo firmé en esta oportunidad porque estaba fuera del país, pero hubiera firmado si hubiera estado aquí. Así es que las “malas lenguas” seguirán siendo “malas lenguas”.

¿Cómo deben ser el tamaño y la función del Estado costarricense en el actual contexto nacional e internacional? Las “malas lenguas” dicen que el Gobierno quiere eliminar el Estado Social y la comparan a usted con la exprimera ministra británica Margaret Thatcher. ¿Qué dice a esto?

—(Se ríe). Déjeme decirle que como ministra y como persona, si algo defenderé yo es el Estado Social que Costa Rica ha construido. Cuando, quizás, yo me pueda ver más vehemente en esto, es porque la sostenibilidad de ese Estado puede verse afectada si no tomamos decisiones sobre la eficiencia de ese Estado.

Este problema no es si el Estado es más grande o más pequeño, es cuál es el Estado que de manera eficiente puede satisfacer de mejor manera los servicios y los bienes a la sociedad.

Cuando uno ve el ejemplo del proyecto de don Ottón Solís, que se llamaba “fusionar, cerrar” o el nombre que sea, lo que tenía de valioso era que reducía el gasto administrativo con el único propósito de que hubiera más oportunidad de que la gente recibiera el beneficio social. Porque cuando usted va y pregunta cuánto es lo que en teoría este gasto social se nos queda en el camino, en gasto administrativo, allí lo que puede encontrar son oportunidades.

Yo me siento súper orgullosa de lo que este Estado ha hecho, ha logrado y ha querido conservar, pero no lo vamos a poder seguir conservando si no tomamos decisiones de cómo lo hacemos más eficiente. Así que el que crea que yo quiero cerrar, fusionar instituciones, con un mero interés de pensar en el tamaño del Estado como un fin en sí mismo, está total y absolutamente perdido.

¿No quiere decir algo sobre la comparación con la exprimera ministra Thatcher?

—No, no. Un día me comparan con uno y otro día con otro. Pero yo sí quiero dejar muy en claro que usted no puede garantizar las pensiones y la salud en adelante si hoy no toma decisiones.

Tenemos que ver cómo seguimos garantizando los recursos para educación, en particular para la primera infancia, cómo los invertimos mejor. Y aquí nos encontramos con que durante muchos años creíamos que, con canalizar fondos, lográbamos el propósito. Pero el propósito es que cada colón que el Estado tiene no es que lo sembró en una mata, es que lo está contribuyendo una parte de la sociedad, con impuestos.

Estamos comprometiendo a las sociedades futuras con deuda. Entonces, estamos en la responsabilidad de que cada colón que tengamos lo invirtamos de la mejor manera posible.

Mi vehemencia con esto no tiene que ver con un resultado final de un número, sino con un Estado que pueda seguir cumpliendo y tutelando ese papel con desafíos tan grandes como los que enfrentamos con el cambio climático, el cambio demográfico, de productividad, de un mercado laboral donde podamos insertar a la mujer porque hay condiciones para que esto se pueda lograr.

Y esos desafíos por un transporte público, por menor contaminación, por mejor calidad de vida, no podemos lograrlos si seguimos con un Estado ineficiente.

Algunas críticas al gobierno por la reforma fiscal plantean que hay un desbalance en la reforma, que supuestamente pone más peso en los sectores asalariados que en la gente más adinerada y pudiente. ¿Qué se puede esperar de los cambios que la reforma introdujo en cuanto al Impuesto sobre la Renta?

—Durante la discusión de la reforma quedó claramente acreditado que quienes estaban soportándola más eran los deciles que tenían muchísima mayor capacidad. Allí quedó acreditado, demostrado.

Y en Renta, si bien uno no puede lograr todo lo que aspira, hay cambios importantes, hay renta global en el sector financiero; está la norma de subcapitalización, que fue podada en el camino y que pudo haber salido mejor; excluimos al sector de cooperativas bajo el argumento de que ellas no deben contribuir, pero que contribuyen de otra forma, como si las personas y las empresas que pagamos impuestos no estuvieran contribuyendo.

Las cooperativas no podrían contribuir si no utilizaran la infraestructura, la educación y todo lo que el Estado les está proveyendo como nos provee al resto.

En cambios de renta hubo un aumento en las tarifas de los asalariados con salarios muchísimo más altos; por el contrario, para las pequeñas empresas hubo una reducción tarifaria para promoverlas y en busca de una mayor formalidad.

Está el impuesto a las ganancias de capital. ¿De qué sector provienen estas ganancias? En el pasado solo estaban afectas cuando alguien se dedicaba a una actividad de manera habitual. Incluso, todos estos ingresos no los hemos podido cuantificar en una buena base porque no existían en el pasado.

¿Van a dar algún reporte pronto de cuánto más se ha recaudado por los impuestos a la renta y a las ganancias de capital?

—Este corte de agosto, que viene, es interesante, porque es la primera vez, por ejemplo, que en materia de personas que se dedican al negocio inmobiliario, que alquilan edificios u otros, van a empezar a pagar una renta de capital inmobiliario que no existía como tal y lo van a pagar en conjunto con el IVA.

Esto no lo podemos medir hasta que el 15 de agosto llegue y veamos cuánto y cómo ingresó y si además ingresó lo que tenía que ingresar, porque siempre tenemos algunos que están tentados por favorecer el incumplimiento.

Pero sí hay cambios importantes y no debemos dejar de lado que una cosa extraordinaria de esta reforma es que contiene el gasto. Porque si nosotros hubiéramos hecho la reforma por ese monto o por uno más alto y no contenemos el gasto, en dos o tres años nos comemos la reforma.

Entonces, hay más en el rendimiento de esta reforma que viene por una contención del gasto, que por el lado de los ingresos. Y en los ingresos, recae en los sectores de mayores ingresos asalariados o en el sector empresarial, donde ahora podemos entrar a reductos que antes no teníamos y que tienen que ver con los famosos escudos fiscales, etcétera. Hoy, con la reforma, vamos a tener un cambio importante.

La salida del exministro de la Presidencia, Rodolfo Piza, ¿impactará en la visión de Hacienda sobre las reformas pendientes? ¿Es real la existencia de visiones encontradas en este campo entre el PUSC y el PAC?

—Don Rodolfo cumplió un rol muy importante en el proceso de aprobación de la reforma. Hoy día hay un cambio de don Rodolfo por don Víctor (Morales). Creo que don Víctor no solo goza de la confianza del señor Presidente, sino que también tiene, desde el punto de vista de la Asamblea Legislativa, una muy buena relación.

Así que yo esperaría que todo el proceso de reformas que traemos pueda continuar. Allí podrá haber matices y cosas, pero yo creo que todos seguimos apuntados a que, uno, la ley de fortalecimiento tiene necesariamente que cumplirse, segundo, que estas reformas como formación dual, el tema de jornadas, de pensiones, de reformas adicionales en el sistema financiero, entre otras, tiene que continuar. Y yo no veo que don Víctor tenga una visión tan diferente respecto de esa agenda.

Sería imposible decirle que no hay matices. Claro que hay matices en esto, pero yo no veo que aquí haya habido como un quiebre respecto a lo que veníamos trabajando.

Siempre, como Ministerio de Hacienda, como a uno es a quien le corresponde decir que no se puede, siempre será la antipática del grupo; pero aparte de ser la antipática del grupo, creo que todos entendemos que a cada uno de nosotros nos corresponde un rol y que si quisiera otro calificativo, pues haría otra cosa y no sería Ministra de Hacienda.

Es la primera vez que se negocia deuda pública mediante el uso de las plataformas que tienen el Banco Central, en vez de recurrir a la Bolsa Nacional de Valores. ¿Qué impacto y significado tiene esto?

—Eso, igual, hay que medirlo. Eso es algo que me encontré en el camino, porque hace algunos años se tomó la decisión, se empezaron a desarrollar sistemas, etcétera, y básicamente ya se puso en operación.

Sí queremos salir, definitivamente, de la negociación directa, porque eso tiene efectos muy negativos en la formación de precios. Porque, entonces, yo negocio con alguien, que es alguna institución pública y yo me convertí en la Tesorería. Y para que este mercado, efectivamente, pueda desarrollarse y podamos mejorar la gestión de deuda, necesitamos emisiones estandarizadas, donde se vayan fijando precios, donde se vayan marcando precios en mercado secundario y no negociaciones directas.

Este año, el Ministerio de Hacienda, en lo que es gestión de deuda ha hecho cambios significativos que van a redundar en una mucho mejor gestión hacia adelante, no solo la reducción de corto plazo y cara, también la captación a más largo plazo, con mejor información al mercado de qué días vamos a tener subastas, gestión de deuda.

Realmente se han dado pasos muy, pero muy importantes. Ya la inversión se había realizado. Se están terminando ajustes de carácter operativo, que son importantes; pero, al final del día, lo importante es que sea transparente desde el punto de vista de precios y de formación y que dejemos el viejo picadillo que teníamos en deuda, que a poco contribuía.