La ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, culmina una semana crítica en el arranque del encargo mayúsculo que le hizo el presidente Carlos Alvarado: atacar el déficit fiscal como se ataca una enfermedad muy grave, con medicinas amargas que podrían traer efectos secundarios.
La interpelación legislativa que el Partido Liberación Nacional (PLN) se ufanó en impulsar dejó satisfecha a la ministra. Este viernes, aún subida en el carrusel de reuniones, actos y entrevistas, respiraba aliviada como una doctora que siente haber ayudado al paciente con el primer paso de un tratamiento que puede llevar años.
La diferencia es que Aguilar, la excontralora de la República que ya tiene ganada la antipatía de un sector de organizaciones de trabajadores del sector público, no receta en la privacidad de su oficina. Sabe que opera en público, bajo los focos atentos de la prensa, compañeros de este gobierno mixto, partidos opositores, sindicatos, cooperativas, empresarios, organismos financieros, calificadoras de riesgo…
Por eso respiraba aliviada después de 8 horas con 25 minutos de comparecencia en doble jornada para explicar el plan de contención del gasto público que ella misma subrayó como “insuficiente”. Sentía que había cumplido con el precepto de no esperar a una segunda oportunidad para causar una buena primera impresión, a juzgar por las reacciones de varios diputados opositores.
Aunque no faltaron las críticas, algunas estaban presupuestadas y otras ella tuvo que rechazar con contención del gesto. Tuvo que recordar que solo lleva 22 días en el puesto y cuando Ivonne Acuña (Restauración Nacional) le cuestionó la disposición del Gobierno a aplicar pronto las medidas anunciadas, ella le contestó que no se preocupara, que eso ocurriría en cuestión de horas.
Y esta cierto; este viernes por la mañana la ministra acompañaba a Carlos Alvarado a firmar cuatro decretos, cinco directrices y un proyecto de ley. Entre ellos iba la determinación de poner tope a beneficios salariales de trabajadores públicos. Quizá el dato más fácil de comprender es que los salarios solo aumentarán c3.750 para el próximo año. El monto equivale a un plato del día con fresco y cajeta en una soda, pero es lo que ofrecen las autoridades o las circunstancias, según quién lo diga.
Cuidándose de no mencionar montos totales o porcentajes, Aguilar fue detallando las medidas sabiendo que en calle 20 de San José, en las oficinas del sindicato ANEP, habría reacciones negativas y que recibiría aplausos de sectores económicos que quizá solo en secreto han aplaudido en algún momento una decisión de un gobierno descendiente del PAC. Este viernes diría que lo importante en este pasaje no son exactamente los números, sino generar confianza. De nuevo, entre el gasto y el gesto.
Trataba de ser cautelosa; Aguilar prefiere no comprarse más enemigos en el trámite de asuntos que de por sí le dejarán déficit (de confianza) de un lado u otro; nunca el Ministerio de Hacienda ha sido una máquina de capital político, aunque para ella es bueno que esta factura se cobre en Zapote. No mencionó lo que gobiernos pasados hicieron o dejaron de hacer, las contrataciones masivas ni el desorden de la planilla estatal; la falta de tino o de ganas para empujar reformas fiscales ni la displicencia ante la evasión fiscal.
Ella pretende estar los cuatro años del mandato, aunque todavía hay quien este jueves se pregunta por qué aceptó ser ministra de Hacienda en mitad de una crisis fiscal, con un salario muy inferior al que disfrutaba como superintendente de Entidades Financieras (Sugef) y con un gobierno por el que no trabajó en campaña dirigido por un muchacho que, por edad, podría ser su hijo. Su respuesta pública la había esbozado en el plenario legislativo al responderle: esto es de todos y nos corresponde a todos, contestó después de hablar de la necesidad de sostener “el contrato social”.
“Cuesta mucho criticarle esta comparecencia sin hacer el ridículo”, dijo fuera de grabación una legisladora opositora. Aguilar, la primera mujer titular en Hacienda salía entera de su comparecencia y recibía la noticia de que los diputados aceptaron reactivar la comisión legislativa que estudia el plan fiscal, otro de los flancos del tratamiento contra el déficit. La acción pasa ahora a Cuesta de Moras, apuntaba Carlos Alvarado en la cadena televisiva de este jueves.
Los números finalmente sí importan. La confianza no se puede calcular con porcentajes como el déficit fiscal, que supera el 6% del PIB, o el endeudamiento público, que podría llegar a 70% del PIB en el cierre de este gobierno si nada se corrige, explica. En algún momento mencionó como parámetro la crisis durante el gobierno de Carazo, al inicio de los 80.
Aún si se aplicaran las medidas de austeridad y el plan fiscal pendiente en la Asamblea Legislativa, el endeudamiento en el 2022 puede alcanzar el 62% del PIB, pero lo que urge es desactivar el círculo vicioso de pagar deudas con otros préstamos más groseros. En eso, insiste Aguilar, son vitales los mercados financieros y a ellos debería llegar la noticia sobre el plan de “reducir la velocidad del gasto”, como decía Alvarado días atrás. “Esto estabiliza al paciente”, señalaba la Ministra, aunque en ANEP insisten en que solo traerá más dolores a los trabajadores.
