“Restringir los intereses de las operadoras dificultaría el cumplimiento de sus obligaciones, podría llevar a una eventual concentración del mercado y desincentivar la participación”, así defendió la Superintendente de Pensiones, Rocío Aguilar la comisión que cobran las Operadoras de Pensiones Complementarias (OPC) por administrar los fondos del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) durante su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa.
En dicha comisión legislativa se discuten los expedientes N°23.353 y N°23.202 que en el fondo plantean que las operadoras de pensiones no deberían cobrar estas comisiones en los casos en que las inversiones que realicen generen pérdidas -o minusvalías como las clasifica Aguilar-.
Con respecto al expediente N°23.353, argumentó la jerarca que Costa Rica es el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que tiene la comisión más baja, la cual se ubica en un 0,35%, luego de una reducción escalonada que se estableció desde el año 2011.
De hecho, señaló, en Costa Rica ésta es la única comisión, mientras que otras naciones cobran otras comisiones sobre la cuenta y el salario, incluso dijo que México está viendo cómo emular el sistema costarricense.
“El problema de decir que cuando haya pérdidas al capital la operadora no podría cobrar una comisión, estamos confundiendo el término con minusvalías y olvidamos que el rol de las operadoras no es solo administrar los fondos, sino que tienen costos administrativos, de seguridad informática y atención de afiliados que trascienden la gestión de las inversiones”, dijo Aguilar.
Agregó la Superintendente que la reducción que se había dado de las comisiones generó beneficios en los activos de los afiliados y pensionados, los cuales rondan el 19% y 25%, dependiendo del momento en que ingresó el trabajador al régimen.
Además, fue enfática en que se debe ser cuidadoso en tocar las comisiones con estrategias agresivas, pues indicó que hay temporadas en que se registran caídas en los rendimientos las operadoras (como en los últimos 12 meses) perciben menos ingresos que son necesarios para sus operaciones.
Cuestionó tratamiento desigual entre operadoras
Rocío Aguilar también se refirió al expediente N°23.202 que reformaría un artículo de la Ley de Protección del Trabajador para que las operadoras de pensiones le trasladen el 100% de las utilidades netas de las operadores—subiendo del 50% actual— en favor de sus afiliados en las cuentas individuales de su respectivo fondo obligatorio de pensiones complementarias, en proporción con el monto total acumulado en cada una de ellas.
En este sentido, argumentó que hay una diferencia en el tratamiento para las operadoras públicas y de la operadora de la Caja, ya que el BAC y Vida Plena no reparten sus utilidades.
“Podríamos ver que algunas se retiren del negocio y concentraríamos más el mercado, viendo que es una actividad lucrativa pero las velarían de tener utilidades, generaría desmotivación en los gestores y hasta afectar los precios de transferencia porque muchas de las operadoras forman parte de conglomerados financieros, las utilidades son para hacer inversiones”.
