La Comisión de Hacendarios sepultó, desde la semana pasada, una propuesta para aumentar la recaudación del impuesto de la renta vía una reforma que habría permitido que negocios que operan dentro y fuera del país, como las multinacionales, reportaran con sus utilidades con la totalidad de sus “actividades lucrativas de fuente costarricense y en otras jurisdicciones”.
Esta misma medida habría frenado un mecanismo de elusión por el cual empresas locales simulan que obtienen ganancias en el extranjero, como una forma de evitar fiscalización y cobro desde el Ministerio de Hacienda.
“La Asamblea Legislativa está demasiado permeada por intereses económicos y la mayoría de los diputados que están ahí defienden los intereses de grupos de poder que pretenden que no se cambie nada del estado de las cosas. También, da lástima porque la mayoría de diputados no son estudiosos sino que se dejan llevar por dimes y diretes. Hay que mejorar mucho. Es una Asamblea Legislativa y un Gobierno que toman decisiones muy serias basándose en ocurrencias, la mayoría de las veces”, opinó el legislador Welmer Ramos, proponente de la iniciativa.
El proyecto Ley para la inclusión de Renta Mundial en el sistema tributario costarricense (221.166) fue archivado por 7 de los 11 votos de la Comisión de Hacendarios. Dos de ellos de Restauración Nacional, Carlos Avendaño y Eduardo Cruickshank; uno de Liberación Nacional, Ana Lucía Delgado; y tres de independientes, Shirley Díaz, Édgar Jovel Álvarez (quien reemplazó a la exdiputada María Inés Solís) y Harllan Hoepelman, del bloque de Nueva República.
A favor se mantuvieron los votos de la liberacionista Yorleny León y de las dos oficialistas, Nielsen Pérez y Laura Guido.
Guido, jefa del Partido Acción Ciudadana, manifestó que el objetivo del proyecto era “para evitar que por medios lícitos, porque la Ley nuestra está desfasada y rezagada, que haya personas que no están pagando en función de sus verdaderas tenencias de riqueza”.
Guido señaló que la Comisión de Hacendarios no quiso conocer el proyecto de ley, y que anteriormente también abandonó la discusión del proyecto de Renta Global Dual en el que también se cambiaban elementos del impuesto de utilidades (previamente, en sesiones extraordinarias, fue el Ejecutivo quien congeló la discusión por la vehemente oposición al proyecto; desde el inicio de las sesiones ordinarias, en febrero, la Comisión no ha continuado con audiencias ni consultas al respecto).
Guido acusó que mientras el sistema tributario siga “desactualizado”, el país “pierde capacidad para atender a personas que se han quedado más rezagadas en las brechas del desarrollo” por la falta de dinero público.
“Costa Rica, constantemente, está renunciando a esta posibilidad, por el miedo a las discusiones y porque algunos sectores no quieren absolutamente ningún cambio y mucho menos pagar en relación a su genuina riqueza”, afirmó Guido.
No obstante, la propuesta de renta mundial inició trámite sin los apoyos del Poder Ejecutivo, tal y como reportó este semanario desde el 2020.
Diputados recortan anualidades del sector público pero develan que Presidencia rechaza renta mundial
“Es una congoja del Presidente”, dice el oficialista Welmer Ramos sobre el rechazo a impuestos para rentas que se ganan grandes empresas fuera de Costa Rica.
En una reunión de ese año, junto a varios legisladores, el presidente Carlos Alvarado rechazó el proyecto propuesto por el diputado oficialista Welmer Ramos.
“Hay estudios que demuestran que Costa Rica está perdiendo hasta un 2% del Producto Interno Bruto en recaudación tributaria, producto de la relocalización de las ganancias de las empresas y capitales más grandes de Costa Rica. Todo es consecuencia de que el país tiene abierto un portillo que únicamente cobra impuestos por las rentas que se generen en el territorio costarricense. Entonces, ese portillo hace que muchas empresas simulen, no que obtengan, sino que simulen ganancias que las obtuvieron fueran de las fronteras, y con ese mecanismo eviten el pago de impuestos en Costa Rica”, explicó Ramos en entrevista.
Para el diputado, el mecanismo de cobro habría permitido cumplir con las normas emitidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
