Restauración Nacional confirma que enviará plan fiscal a consulta de la Sala IV

El jefe de fracción restauracionista, Carlos Avendaño, indicó que la Sala Constitucional deberá determinar cuestiones de fondo y aspectos procedimentales como la votación requerida.

El jefe de fracción del Partido Restauración Nacional, Carlos Avendaño, confirmó la tarde de este jueves que enviarán el proyecto de reforma fiscal a consulta facultativa con la Sala Constitucional.

El legislador confirmó así que el expediente 20.580 deberá pasar por manos de los magistrados constitucionales, fase que ya dio al traste con dos proyecto similares en los últimos 12 años, la Ley de Pacto Fiscal impulsada por Abel Pacheco en 2006 y la Ley de Solidaridad Tributaria de Laura Chinchilla en 2012.

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Según Avendaño, la construcción de la consulta ya la realizan “un equipo que está viendo los puntos que llevaría” el documento, pues consideran que “tiene que haber mucha claridad sobre lo que se está pidiendo a la Sala”.

El legislador además señaló que este es un proceso que inició desde la aprobación en primer debate, un trámite para el que esperan concluir la próxima semana.

“Hay gente, principalmente de Derecho, que está conjuntada para estudiarlo y que ha estado haciendo el análisis desde que se dio la aprobación en primer debate, yo creo que ya para la próxima semana estaría listo”, indicó, antes de enumerar algunos de los  motivos por los que estarían presentando la consulta.

“Hay temas que es la Sala la que tiene que zanjarlos, por ejemplo, cuántos votos se necesitan, aquí hay un criterio, pero realmente es la Sala la que tiene que zanjar eso, y también algunos temas como el empleo, es necesario que digan si deben o no deben estar integrados ahí, cositas así, que entre nosotros puede seguir la discusión de que 29 votos o no, qué sé yo, pero hasta que no haya un criterio de la Sala no hay contundencia”, subrayó.

Resolver las incógnitas

A lo largo del trámite del proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, los diputados opositores han manifestado posibles vicios de constitucionalidad en el trámite legislativo; así como algunas diferencias con el proyecto en temas de fondo, como algunos aspectos salariales y de tratamientos diferenciados.

Además, un criterio enviado por la Corte Plena al Congreso indicó que el proyecto afectaría el funcionamiento del Poder Judicial y su “autonomía presupuestaria”, momento desde el que persisten serias dudas sobre cuál será el criterio final que enviarán al Congreso.

La Constitución Política establece que la opinión negativa del Poder Judicial sobre proyectos que afectan su funcionamiento obligan a los legisladores a votar con mayoría calificada (dos terceras partes) para apartarse del criterio de los magistrados, lo cual supondría un duro golpe para el plan, que se aprobó en primer debate con el respaldo de 35 congresistas.

Si el criterio es negativo por parte de la Corte Plena del Poder Judicial, incluso podría corresponder a la Sala Constitucional determinar si efectivamente el proyecto tiene incidencia en el Poder del que es parte, pues el Ejecutivo sostiene que es una reforma que no se planteó con ese objetivo y que la propia Sala ya ha dicho que ese es un factor que debe tomarse en cuenta.

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Según el abogado constitucionalista, Manrique Jiménez, lo cierto es que la Sala tiene “amplias facultades” en este tipo de consultas; sin embargo, sólo son vinculantes sus indicaciones en materia de procedimiento.

En otras palabras, la Sala puede “adelantar criterios” sobre la constitucionalidad de las normas, pero sus indicaciones sólo son vinculante en cuanto al trámite legislativo, pues lo pueden tirar abajo el proyecto o retrotraer hacia algún punto en específico para corregir algún vicio.

Entre esos vicios podrían estar también problemas de publicidad de las acciones legislativas o para garantizar el derecho de enmienda de los diputados.

Diez días

Los diputados tienen un plazo de diez días para presentar la consulta facultativa a la Sala Constitucional, la cual requiere de diez firmas, que Restauración Nacional puede superar con sus 14 congresistas.

Sin ellos, los restantes ocho opositores al plan no habrían podido alcanzar el número necesario.

Según comentó la presidenta legislativa Carolina Hidalgo, el plazo para recibir los criterios de las instituciones que fueron consultadas por obligación legal vencería el próximo 22 de octubre, plazo para la presentación de la consulta constitucional.

De no presentarse, el proyecto se votaría en segundo debate inmediatamente, algo que ahora sería imposible.

“Se envió a publicar y a consultar el proyecto, ambas se dieron, a todas las instituciones, no sólo a la Corte Suprema de Justicia, ellos tienen tiempo hasta el 22 de octubre para responder y si el 22 se reciben todas las respuestas y no hay presentada ninguna consulta facultativa se podría votar el 23”, manifestó.

La intención de Restauración Nacional vendría a desacelerar aún más la tramitación del proyecto, que mantiene en vilo a las finanzas públicas del Estado y la administración en Hacienda.

Ante esta consulta, la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, aseguró recientemente en entrevista con este medio que se mantienen optimistas, pues  parten con “la ventaja de que son personas preparadas y que entienden perfectamente, sin necesidad de grandes explicaciones, la importancia que tiene el proyecto para el país”.

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