País Encuesta CIEP-UCR de noviembre

Respaldo popular al gobierno de Carlos Alvarado roza el suelo en el cierre del 2020

Rechazo al gobierno sube a 66%, el más alto en esta administración y el segundo desde 2013. El castigo es mayor en adultos medios y en provincias Limón y Puntarenas, mientras el desempleo continúa como mayor problema nacional.

El respaldo ciudadano hacia del gobierno de Carlos Alvarado cae a mínimos en el cierre de este año 2020, hasta los niveles que que presentó la administración de Laura Chinchilla en 2013, cuando empezaron las encuestas de opinión del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR).

En una medición que asemeja a un efecto resaca del ascenso de apoyo popular en los meses iniciales de la pandemia de COVID-19, las valoraciones negativas llegan a representar dos tercios del total, en contra del segundo presidente elegido bajo la bandera del Partido Acción Ciudadana (PAC).

Aunque Alvarado recibe valoraciones moderadas en lo concerniente a las medidas económicas y sanitarias relacionadas al coronavirus, el respaldo popular sobre la gestión en general se desploma al punto de que solo un 15% de la población mayor de edad emite una calificación positiva.

Este es el resultado que depara la encuesta habitual del mes de noviembre del CIEP-UCR, realizada sobre 969 encuestas telefónicas entre el 2 y el 9 de noviembre, después de varios meses marcados por manifestaciones contra el Gobierno, críticas por el manejo económico e intentos de diálogo con sectores sociales. El margen de error de los datos de la encuesta es de 3 puntos sobre la muestra total.

Las entrevistas se realizaron en una semana en que se cifró en 22% el desempleo y el mandatario vetó el proyecto de ley de pesca de arrastre que esperaba un sector de puntarenenses, días después de confirmarse el aumento de la pobreza hasta un 26% de la población.

Además, se registró un leve movimiento de la economía después del golpe pandémico en este año que hará se contraiga el PIB un 4,5% y se agrave el crítico estado de las finanzas públicas, que acabarán el año con un endeudamiento del 70% del PIB.

Los contagios de COVID-19 llegaron a 115.000 casos con casi 1.500 fallecimientos, cifras que escapan a los buenos pronósticos que se hacían al principio de la pandemia en Costa Rica. Aunque la curva ha dejado de crecer en el país y se han rehabilitado numerosas actividades económicas, el peligro sigue vigente, advierte el Ministerio de Salud.

Se desinfló el apoyo de inicios de la pandemia

Así llega el gobierno a la etapa final del 2020, a un año y medio del fin de su mandato y con el repudio popular acentuado. Después de retornar en agosto a los niveles de respaldo popular que tuvo antes de la pandemia, la encuesta de noviembre muestra una reversión total de esas opiniones negativas y positivas..

Las calificaciones a la gestión específica de Carlos Alvarado son muy similares: 66% de opiniones desfavorables y solo 15% favorables, después de que en abril fueron 20% y 65%, respectivamente, y en agosto cambiaron a 50% y 26%, en ese mismo orden.

Las peores calificaciones a un gobernante registradas por las encuestas CIEP-UCR las había recibido Laura Chinchilla en agosto de 2013, con 67% de rechazo y 14,5% de aprobación. Eso, sin embargo, ocurrió cuando estaba a nueve meses de acabar su período presidencial, la mitad de lo que le resta en este momento a Alvarado.

Por grupos, las evaluaciones más duras vienen de los hombres, los adultos de edad media (35-54 años) y quienes tienen un nivel educativo de secundaria.

Además, se muestra una diferencia importante en el apoyo que recibe desde las provincias Limón y Puntarenas, donde el castigo es más fuerte. Esto coincide con el poco respaldo electoral que recibió el PAC en las elecciones de 2018, pero también con intensos reclamos regionales que se han expresado durante la actual administración.

Estas valoraciones ciudadanas se expresan en un marco ya instalado de alto pesimismo sobre la situación económica del país, la cual, un 87% de personas la consideran mala o muy mala, contrario a un 4% que la valora positivamente.

Esta evaluación es la peor de toda la serie, pero coincide con la línea de fuerte pesimismo popular que se ha expresado sobre la situación económica del país, incluso antes de la pandemia.

Más benevolente es la opinión popular sobre las medidas del Gobierno ante la pandemia de COVID-19, tanto las de carácter económico (43% valoraciones positivas y 43% desfavorables) como las de índole sanitaria (60% de opiniones positivas y 17% negativas).

Gestión del gobierno, tercer problema nacional

En los problemas nacionales, el desempleo continúa instalado como el más grave, como aparecía ya en la encuesta del mes agosto, cuando se conoció que el porcentaje de trabajadores sin empleo se duplicó en relación con el año 2019, como motivo de las restricciones aplicadas para intentar contener los contagios de coronavirus y así evitar muertes o la saturación del sistema hospitalario.

El segundo problema está ligado a la capacidad de consumo de los hogares, pues se señala “el costo de la vida y la situación económica”, ahora que se redujo más de 10% el ingreso promedio de las familias y que la pobreza dio un salto hasta 26% de la población.

La novedad en la pregunta sobre los problemas nacionales es que el coronavirus ya no aparece ni en la tercera posición, después de que fue segundo en agosto y primero en abril. Esa tercera casilla la ocupa ahora “la mala gestión del gobierno”, en sintonía con el reproche reflejado en la calificación al poder Ejecutivo. La crisis de las finanzas públicas del país solo aparece en la quinta posición, con 7% de las menciones.


Gobierno reprobado, pero Asamblea Legislativa y Defensoría también salen castigadas

El Gobierno central, la Asamblea Legislativa y la Defensoría de los Habitantes son las tres instituciones que más redujeron su nota popular en comparación con la que recibían en noviembre de 2016.

Según la comparación de estudios del CIEP-UCR, las tres instituciones cayeron casi medio punto en la escala de 1-10, en la lista de 18 organizaciones públicas o de interés público encabezada por la UCR, las universidades públicas, el Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social (CCSS).

La peor nota de la lista la reciben, como ha sido usual, los partidos políticos que dentro de un año estarán compitiendo ya en la campaña electoral para las elecciones de febrero del 2021.

El Gobierno central está de penúltimo en la lista, pues ahora recibe una nota más baja que la Asamblea Legislativa. El primero pasó de 4,3 a 4 en un año y la segunda, de 4,8 a 4,4, aunque en medio ambos tuvieron y perdieron el repunte general de las instituciones alcanzado en la medición de abril de 2020, cuando comenzaba la pandemia.

Lo mismo pasó con la Defensoría de los Habitantes, encabezada por la defensora Catalina Crespo. En noviembre de 2019, esa institución recibía una nota de 6,2 y ahora tiene un 5,8, tras haber superado ella una investigación en el Congreso y numerosos cuestionamientos a su gestión, tanto desde fuera como dentro de la entidad.

Las instituciones que crecen en términos interanuales son la CCSS (de 6,3 a 7,5), la Iglesia católica (de 6,6 a 6,8) y la policía (de 6,3 a 6,5). En otros momentos no se incluía en la lista al Ministerio de Salud, que aparece con un 7,9.

En general, las notas de las instituciones cayeron después del impulso que tuvieron en la medición de abril, en la etapa inicial de la epidemia de coronavirus en Costa Rica.


Respaldo a la democracia soporta la agitación política y la tentación autoritaria

La encuesta CIEP-UCR, de este mes noviembre, halló que el respaldo a la democracia en Costa Rica y la resistencia a posiciones autoritarias siguen sólidas a pesar la agitación política y social registrada en este año de tensiones económicas vinculadas a la pandemia de COVID-19

Pese al malestar ciudadano con el Gobierno y los representantes políticos, el apoyo a la democracia se ubica en 63 puntos de 100 posibles, similar a los 65 que se registraban en la encuesta de agosto y cercano al promedio de las mediciones hechas en este siglo XXI por el Barómetro de las Américas y el CIEP.

El indicador de tolerancia política se mantiene estable (58, frente a 55 de noviembre 2019) y junto al de apoyo a la democracia permite identificar al grupo de la población “demócrata liberal”, el más grande en el país (21%) y opuesto a un ínfimo autoritarismo (1%) que representaría una amenaza para la estabilidad política del país.

En medio hay posiciones como “ambivalentes” o “demócratas a medias” (17%, la cifra más baja en 14 años) y otros puntos medios más cercanos a los “demócratas liberales”, que son los de mayor tolerancia y apoyo al sistema democrático, valores necesarios para evitar que determinadas fuerzas políticas nutran intentos populistas o abiertamente antisistema para hacerse con el gobierno. En estos afines están los liberales semidemócratas (15%), demócratas semiliberales (19%) y “demócratas iliberales” (6%)

La conclusión del informe del CIEP, sin embargo, es más optimista: “pese a estar afrontando la coyuntura política más adversa y crítica en varias décadas, producto de fuertes tensiones, presiones y ataques, la democracia costarricense demuestra, una vez más, poseer un recurso estratégico en momentos claves: una amplia reserva de legitimidad de bases sólidas, una fuerte resistencia a las tempestades y la capacidad de resiliencia que demandan los tiempos extraordinarios”.

Creencias de identidad nacional

De igual forma, las creencias sobre los rasgos esenciales de Costa Rica se mantienen semejantes a los del año pasado, aunque ya sin el puntaje extra que se acreditó en la encuesta de abril de este año, cuando todos los indicadores subieron de manera significativa.

El promedio de aprobación a la creencia de que “Costa Rica es un país libre y democrático” está en 6,6, una décima arriba del año anterior, mientras “Costa Rica es un país pacífico” aparece con un 6,3, mejor que el 6,0 de noviembre 2019. Además, “Costa Rica es un país que protege la naturaleza” recibe un 6,8, idéntico al del año pasado, de acuerdo con los datos generados en las entrevistas realizadas en la semana inmediatamente posterior al veto presidencial contra el proyecto de ley de pesca de arrastre.

Pese a la estabilidad de los indicadores de apoyo al sistema democrático, los investigadores del CIEP mantienen activa la alerta. “El hecho de que la democracia costarricense siga resistiendo en la coyuntura más crítica en poco más de siete décadas, no exime la posibilidad de que enfrente fuertes tensiones y desafíos”, dice el documento antes de mencionar las circunstancias de los últimos meses.

Los autores incluso sometieron esos indicadores a respaldo democrático a “pruebas de estrés”, mediante preguntas con escenarios hipotéticos, mediante índices de teorías de la conspiración (“la pandemia es falsa”, “el gobierno quiere imponer un modelo venezolano”, “quieren promover la crisis para apoderarse de nuestros recursos naturales”…) y acciones políticas directas como bloqueos, huelgas y protestas.

Con las respuestas de los encuestados y una serie de cálculos posteriores, los investigadores concluyeron que son leves los cambios en las respuestas según cada perfil. “Por sí solas, las teorías de conspiración (o su formulación) así como el planteamiento de ciertas acciones políticas no son suficientes para lesionar a la democracia costarricense, pues el apoyo al sistema amortigua sus efectos”, indica.


 

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