En la Asamblea Legislativa ya se prepara una propuesta para postergar unos meses el inicio oficial de la campaña electoral del 2021, con el fin de que ese poder de la República pueda discutir los contenidos del acuerdo stand by que el Poder Ejecutivo negociará con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La semana pasada terminó una ronda de diálogos organizados por Casa Presidencial sobre aspectos como la crisis de las finanzas públicas y la reforma del Estado, que el Poder Ejecutivo tomaría en cuenta al elaborar la propuesta de ese préstamo, que enviará a la Asamblea Legislativa.
Así, lo único en lo que parece haber consenso en el país es sobre la necesidad de recurrir a un préstamo mayor con el FMI, que el Ejecutivo estima en $2.250 millones, durante tres años, con el fin de estabilizar las finanzas públicas y continuar atendiendo los efectos de la crisis sanitaria causada por la pandemia de COVID-19.
Pero a diferencia del crédito de financiamiento rápido con ese organismo internacional, aprobado la semana pasada por la Asamblea, este sí exigirá que el país explique cómo logrará cancelarlo. Esto es, si alcanzará las metas a las que se comprometa reduciendo el gasto, creando nuevos ingresos —mediante nuevos impuestos o reformas a los ya existentes— vendiendo activos o una combinación de todas las anteriores.
Sin embargo, la construcción de acuerdos o de un consenso sobre el diseño de los compromisos que Costa Rica adquirirá con el Fondo se enfrenta al menos a dos obstáculos: la fragmentación política y la resistencia de los grupos —sean sindicales o empresariales— de ceder en algo sus intereses con el fin de encontrar una solución.
Por eso mismo, la salida solo será posible mediante un diálogo oportuno con la Asamblea Legislativa y con la distribución de los sacrificios entre todos los sectores sociales.
Esta es la conclusión a la que arribaron Risa Grais-Targow, analista de economía internacional del Grupo Eurasia, que asesora a inversionistas; Jorge Vargas Cullel, director Programa Estado de la Nación, y Kevin Casas, politólogo y exsegundo vicepresidente de la República durante la última administración Arias, en el foro virtual “La economía de Costa Rica más allá de la pandemia: una visión política”, realizado el viernes pasado por la Academia de Centroamérica.
A continuación, algunos de sus argumentos.
Risa Grais-Targow, del Grupo Eurasia
“Estoy escéptica de que pueda firmarse para fin de año”
Abordo estos temas desde la perspectiva de un inversionista extranjero. Costa Rica es un caso único en la región. La fortaleza de sus instituciones es un activo importante para el país desde la perspectiva de los inversionistas, pero las instituciones y regulaciones también pueden convertirse en obstáculos. La multitud de controles hace muy difícil avanzar en cualquier reforma, especialmente las políticamente difíciles.
Costa Rica es uno de los dos países de la región en los que se requieren dos tercios de los votos para aprobar endeudamiento externo, lo cual es positivo en la medida en que mantiene al Ejecutivo bajo control, pero también genera una persistente incertidumbre financiera. A pesar de que puede haber consenso de su necesidad, a menudo se necesitan meses para su aprobación, como sucedió con los eurobonos.
Otra forma en que las instituciones sólidas pueden ser un problema para la política económica es en la capacidad del Ejecutivo para imponer y hacer cumplir las leyes, como ocurrió con la regla fiscal. Debido a que tantas instituciones tienen algún tipo de independencia o autonomía institucional, todas tienen motivos para afirmar que no deberían estar sujetas a restricciones de gasto, como la Caja Costarricense del Seguro Social, el Poder Judicial, las universidades públicas, los municipios y estos últimos fueron finalmente eximidos por el Congreso.
La segunda característica del sistema político de Costa Rica es la fragmentación. El Congreso se divide entre nueve fuerzas diferentes, lo que es mucho para un organismo con solo 57 asientos. Y esos partidos también tienen una amplia diversidad de puntos de vista ideológicos, lo que dificulta llegar a un consenso. Tal desafío se acentúa para esta administración en la medida que el PAC tiene solo diez escaños y por lo tanto necesita negociar con múltiples fuerzas para hacer cualquier cosa.
Todo eso tendrá implicaciones importantes para las negociaciones con el FMI que el Gobierno quiere comenzar a mediados de setiembre y en particular porque los 38 votos requeridos para aprobar ayuda externa significan que el Ejecutivo necesitará algún tipo de consenso político en cuanto a un programa para firmar un acuerdo con el FMI.
Pero hay otros dos factores que quiero mencionar, que creo que complicarán aún más las conversaciones con el Fondo. El primero es el mandato relativamente débil del presidente Alvarado y el otro es el ciclo electoral de febrero del 2022, porque cualquier programa del FMI implicará medidas de ingresos y recortes de gastos que serán impopulares, que los partidos de todo el espectro político serán reacios a emprender o apoyar en 2021, que es un año preelectoral.
Estas consideraciones electorales y la debilidad de Alvarado ya han comenzado a cambiar las relaciones con el Congreso y la oposición se ha vuelto más obstruccionista, como se evidenció con el debate del presupuesto extraordinario de junio y julio y más recientemente con los desafíos de la aprobación del instrumento de financiamiento rápido del FMI.
En consecuencia, creo que construir el consenso político para embarcarse en un programa de ajuste con el FMI será sumamente difícil. Estoy escéptica de que el Gobierno pueda firmar un acuerdo para fines de este año, como se espera, porque vemos que todos los partidos del espectro político han rechazado cualquier aumento de impuestos.
Del mismo modo, el debate del presupuesto extraordinario ha mostrado lo difícil que es acordar recortes de gastos específicos, sobre todo porque el presupuesto costarricense es extremadamente rígido. Y, por último, la conversación sobre la venta de activos probablemente también se politice bastante, si esto termina siendo parte de un programa con el Fondo.
Creo que el Gobierno no tendrá otra alternativa que trabajar con el FMI en el 2021, dada las necesidades de financiamiento y la profundidad de la crisis. Mi preocupación, sin embargo, es que hoy no veo el mismo sentido de urgencia de hace unos meses, por lo que creo que tendremos que ver esas presiones económicas aumentando aún más para generar apoyo y consenso político para ajustes duros. Y cuando eso suceda, pensando desde la perspectiva de los inversionistas, la preocupación es la capacidad del sistema político de reaccionar rápidamente a una situación de estas, que en Costa Rica es un poco distinta a la de otros países.
Jorge Vargas, del Programa Estado de la Nación
“Hay grupos que no se pueden tocar”
En la coyuntura actual Costa Rica ya está viviendo un escenario contra factual. La verdad es que debimos estar hundidos, hechos fiambre, tiesos, hace rato, si vemos los fundamentos del sistema político en que vivimos.
Un Ejecutivo débil por mandato de origen, tan débil que tiene que experimentar con un modelo de coalición multipartidista en el gabinete, con la fracción parlamentaria más chica que gobierno alguno ha tenido desde un inicio en 70 años, con un parlamento multipartidista fragmentado, con partidos débiles que tienen —todos— poco arraigo social.
Un gobierno con mayoría en contra, que tiene que lidiar con una crisis fiscal de partida que impide una agenda propositiva propia, una fuerte oposición extraparlamentaria.
¿Por qué, dadas esas condiciones, vivimos con un hilito de vida y nos la estamos jugando cada día? Se aprueba lo del FMI, vivimos otro día, viene el presupuesto extraordinario y se aprueba, vivimos otro día. Estamos en un soporte de vida, nos la jugamos de situación límite en situación límite, siempre al borde del abismo, pero no hemos caído.
Primero, es un sistema que tiene una crisis de representación política. Nadie se siente representado por nadie y si uno quiere dialogar: ¿a quién llama? Habría que llenar el Estadio Nacional para que todo el mundo se represente; y eso va para sindicatos, para empresarios, para todo mundo.
Segundo, hay grupos que no se pueden tocar. De un lado están los sindicatos, pero también hay grupos empresariales que no se pueden tocar. Toque usted a los arroceros, toque a las zonas francas. Aquí hay poderes fácticos porque lo hemos construido así, parte de la paz social en Costa Rica, desgraciadamente, ha sido distribuir un corporativismo social.
El Estado tiene 330 instituciones de las cuales 180 tienen junta directiva. De estas, en 120 están sentados los sectores sociales. De estos, los empresarios están en 52 y los sindicatos como en 30.
Entonces, cuando el sector empresarial dice que no sabe adónde va el Estado, yo les digo, cómo es que no saben, si tienen 52 asientos de juntas directivas en instituciones.
Si vamos a un diálogo, no empecemos a tirarnos cartas “truchas”. Aquí va a tener que ser un diálogo entre diablos. Pero no es tan sencillo decir que los límites son solo los del otro lado. Así como los límites de la representación política y la crisis fiscal establecen restricciones a la discusión, el corporativismo que hay en Costa Rica, de todo tipo, impone, porque son grupos que no quieren ceder ningún privilegio y ese privilegio puede ser desde el de fijar salarios públicos, de fijar precios, hasta el de fijar exenciones tributarias, porque en Costa Rica se han dado más de mil a lo largo de 70 años. Y nadie quiere soltar. Quieren que los demás suelten, obviamente, pero un diálogo a partir de esa premisa no es posible.
La rigidez del Estado costarricense es otro límite para lo que se puede hacer. ¿Cómo montar un diálogo sobre esto? Hay una cosa que tenemos que ir aclarando para cualquier proceso de diálogo. Primero, hay que resemantizar la palabra diálogo. Hoy día en Costa Rica la palabra diálogo es que me hagan caso. Yo exijo diálogo, pero para que me hagan caso a mí.
Hoy la palabra diálogo es abrir cualquier proceso de escucha. No, si yo voy a convocar un diálogo es sobre qué, cómo, para qué y con quiénes. El diálogo es un intercambio para llegar a ciertos fines, para llegar a resolver problemas estratégicos que tenemos, por ejemplo, cómo llegamos a conectar a todos con una Internet de banda ancha; cómo hacemos para mejorar la educación en un contexto de un Producto Interno Bruto menor y, por tanto, de menos recursos, y no afectar a toda una generación. Convoquemos diálogos para resolver esos problemas, no para decir cuál es la Costa Rica del futuro. Se dice que hay que convocar al diálogo para resolver el bien común, pero el bien común no existe.
Y, finalmente, creo que el proceso de diálogo tiene que formalizarse, no puede convocarse con espacios ad hoc. Lamentablemente, en Costa Rica no hemos estructurado espacios de diálogo con cierta formalidad. Si queremos un diálogo para renegociar partes centrales del contrato social es muy difícil hacerlo en un espacio de poca formalidad y ese espacio hay que crearlo.
Hay que hacer un proceso de debida diligencia, antes de convocarlo. Cuando usted lo convoca es porque todo el mundo ya está de acuerdo sobre qué se va a conversar, entre quiénes y cómo, pero sería un enorme error alterar la secuencia. Primero hay que hacer un trabajo muy importante, callado, de carpintería, hablar con todo el mundo para ver bajo qué condiciones, qué garantías piden, sobre qué temas, para ver si es posible esa hipótesis del diálogo, pero no al revés.
Convocar un diálogo sobre el proceso de negociación del stand by no es realista. Lo que es realista es crear una estructura de acompañamiento, que el Gobierno informe sistemáticamente; si quiere consultar, consulte algunas sensibilidades, algunos temas importantes, pero el Gobierno es el que negocia allí. Y el Gobierno debería elaborar un documento sobre líneas rojas, sobre las decisiones que no está dispuesto a meter en la negociación del Fondo para montar un principio de certidumbre, hasta dónde llega la negociación.
Porque aquí hay una fricción: debe hacerse una negociación con el Fondo rápida, de meses o de semanas y al mismo tiempo está convocando un diálogo. Y sí debe tener muy clara una hipótesis no solo de comunicación, sino de lo que es potable o no, con la Asamblea Legislativa. Dios guarde el Gobierno llegue con el documento negociado con el FMI a ver si la Asamblea Legislativa se lo aprueba. No se lo van a probar y allí sí, ese día nos morimos.
Lo que no debe hacerse es ceder a ningún grupo de presión la pretensión de poner fuera de la mesa ciertos temas. Así que la tarea es fuerte.
Kevin Casas, politólogo:
“Costa Rica tendría que hacer un default de algún tipo”
Estoy lejos del país, eso ayuda y perjudica. La impresión que se tiene es la de un Estado profundamente obsoleto que trabaja para impedir que el mercado funcione. En Costa Rica no tenemos ni un Estado ni un mercado funcional. El resultado es un país enfermo de privilegios y canonjías, un país injusto.
Se requieren procesos de diálogo muy profundos y extensos, mucho más que proyectos de obra pública o reformas cosméticas.
Si necesitamos renegociar el contrato social, tenemos que pensar en otras cosas, vender activos no esenciales del Estado. El costo de tener varios bancos propiedad del Estado es tener muchas familias que no van a poder salir a flote. Necesitamos una reforma fiscal mucho más progresiva y profunda; necesitamos moderar el abrumador peso de los salarios del sector público sobre los hombros de la sociedad, que ponga fin al déficit fiscal de años.
Da miedo mencionar una renegociación de la deuda pública, pero no veo cómo un Estado que invierte la mitad de sus ingresos ordinarios en el servicio de la deuda va a poder cerrar las cuentas. Costa Rica no puede hacer la inversión social que necesita sin hacer un default de algún tipo.
Si no reformamos el Estado ahora, no lo vamos a hacer nunca. Necesitamos el Estado que sea necesario para proteger a los más necesitados y no para favorecer a los enchufados. El nadadito de perro dejó de ser una opción. Al país lo que le espera es una caminata por el desierto. Es necesario enfrentar esta coyuntura en forma decisiva, con perspectiva de largo plazo. Hacer esto es muy difícil y el Gobierno debe marcar la pauta, pero la impresión que hay es que el Gobierno está desorientado frente a la crisis, sus intentos por marcar una ruta han sido muy tímidos. La posibilidad del Gobierno de marcar la ruta era mayor hace tres meses, cuando había una reserva de buena voluntad, que se ha perdido. Si estamos en la situación insólita en la que todo el país está esperando que el FMI nos diga qué hacer, es por el vacío del Gobierno de marcar la ruta.
Está fragmentado el liderazgo político. ¿Con quién se negocia ese gran acuerdo político y social? ¿Cuál es la gente “de peso” de los partidos en Costa Rica? La sociedad está fragmentada y lo único que queda es la activación de procesos de diálogo político amplio y de largo alcance que permitan sacar un nuevo acuerdo social; pero se requiere, primero, comprender el alcance de la crisis y un liderazgo político patriótico.