A las 3:30 a.m. del viernes 3 de noviembre, mientras conducía su carro Range Rover placa JCB-999 por el centro del Atenas (Alajuela), el conocido y polémico importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños, fue aprehendido por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
En la misma madrugada, en Santa Ana (San José), el gerente del Banco de Costa Rica (BCR), Mario Barrenechea también fue detenido en su vivienda.
Unas horas más tarde de ese viernes, cinco funcionarios del BCR también fueron apresados: Gilberth Barrantes, gerente corporativo de Riesgos y Control de Crédito del BCR; Marvin Corrales, subgerente de banca minorista; Andrés Víquez, subgerente de banca mayorista; Leonardo Acuña, subgerente de finanzas y riesgo; y Rodrigo Ramírez Rodríguez, director de gestión de créditos.
Esas tres escenas contradijeron por completo la versión que durante meses sostuvo el fiscal general, Jorge Chavarría (quien está suspendido del cargo), cuando defendió las desestimaciones que pidió el Ministerio Público en dos expedientes relacionados al “cementazo”.
Chavarría afirmaba que no había pruebas para seguir investigando un presunto tráfico de influencias en los préstamos que el BCR otorgó a Bolaños. Tampoco había irregularidades en la forma en que se giraron los fondos, sostenía él, y lo justificaba en los resultados de informes de Auditoría del mismo banco.
Sin embargo, la investigación del caso del cemento chino pasa por una nueva etapa en la que, en menos de un mes de trabajo de la fiscala general interina, Emilia Navas, ya se dieron allanamientos, detenciones y prisiones preventivas.
La investigación fue “rescatada” por Navas, según consideró el director del OIJ, Walter Espinoza.
La aprehensión de Bolaños se dio justo después de que realizara una serie de movimientos “llamativos”, informó Espinoza.
Bolaños trasladaba documentos en cajas dentro de su vehículo.
Las autoridades judiciales allanaron dos casas que le pertenecen a este empresario, ubicadas en Atenas y en Escazú, así como sus oficinas en La Uruca.
La Fiscalía pidió seis meses de prisión preventiva para él, para Barrenechea y para los otros cinco detenidos. El Juzgado de Turno Extraordinario de San José avaló por tres meses esa medida cautelar.
El Juzgado tomó su decisión al considerar que se afectó a la institucionalidad del país y que podría haber obstaculización del proceso.
Este martes, el empresario que ha insistido en que solo busca combatir el duopolio de la venta de cemento en Costa Rica esperaba, en las celdas del Primer Circuito Judicial de San José, ser llevado a una cárcel del Ministerio de Justicia.
Mientras, Barrenechea ingresó desde la tarde del lunes al Centro de Atención Institucional Adulto Mayor, ubicado en San Rafael de Alajuela. Vestía jeans y suéter e iba cabizbajo. No sonreía, ni desafiaba, ni alzaba la voz como lo había hecho el 29 de setiembre durante su comparecencia ante los diputados de la comisión legislativa que investiga el caso del cemento chino.
Los delitos
Después de que los dos expedientes desestimados fueron reabiertos, actualmente, en total hay 12 causas activas en las que se investigan asuntos relacionados con los créditos de $40 millones que el BCR le dio a Bolaños y los cambios reglamentarios que permitieron la importación del cemento chino.
Específicamente, a Barrenechea y a los otros cinco empleados del BCR se les tiene como sospechosos del delito de peculado, el cual lo comete “el funcionario público que sustraiga o distraiga dinero o bienes cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada en razón de su cargo” o “el funcionario público que emplee, en provecho propio o de terceros, trabajos o servicios pagados por la Administración Pública o bienes propiedad de ella”. Este delito se castiga con entre tres y 12 años de prisión.
A Bolaños se le investiga por peculado y por otros delitos:
-Tráfico de influencias: Delito tipificado en la Ley Contra el Enriquecimiento Ilícito. Se castiga con prisión de dos a cinco años a quien “directamente o por interpósita persona, influya en un servidor público, prevaliéndose de su cargo o de cualquiera otra situación derivada de su situación personal o jerárquica con este o con otro servidor público, ya sea real o simulada, para que haga, retarde u omita un nombramiento, adjudicación, concesión, contrato, acto o resolución propios de sus funciones, de modo que genere, directa o indirectamente, un beneficio económico o ventaja indebidos, para sí o para otro.
-Simulación de delito: “Se impondrá prisión de un mes a dos años, al que falsamente afirmare ante la autoridad que se ha cometido un delito de acción pública o simulare los rastros de este con el fin de inducir a la instrucción de un proceso para investigarlo”.
-Denuncia calumniosa: Será reprimido con prisión de uno a seis años el que denunciare o acusare ante la autoridad como autor o partícipe de un delito de acción pública a una persona que sabe inocente o simulare contra ella la existencia de pruebas materiales.
Los otros aspectos que se indagan son la supuesta participación de los diputados Otto Guevara y Víctor Morales Zapata para beneficiar a Bolaños; así como los vínculos del magistrado Celso Gamboa con el importador de cemento, entre otros hechos.
