La sugerencia de una comisión que analiza reformas a la carrera judicial de exigir la aprobación del curso de primer ingreso para quienes opten por un puesto en la judicatura, dividió a las personas magistradas, este lunes.
Según leyó el presidente de la Sala Segunda, Orlando Aguirre, el grupo recomendó que podrán ingresar a la carrera judicial todas las personas abogadas autorizadas para el ejercicio de su profesión, que reúnan los requisitos exigidos para desempeñar el puesto en el que se interesen y hayan sido declaradas elegibles en el concurso de primer ingreso, en el cual se incluirá la aprobación de un programa de formación inicial.
“Es un cambio significativo, porque se está exigiendo que las personas hayan aprobado el curso de primer ingreso, lo cual no existe en la actualidad. Si exigimos que para el primer ingreso al Poder Judicial sea necesario hacer un curso sería algo con efectos positivos y negativos, porque podría presentar un desestimulo para que ciertos funcionarios quieran pasarse a la jurisdicción, como los de la Defensa Pública”, opinó Aguirre.
La magistrada de la Sala Primera, Iris Rocío Rojas, se opuso a la modificación y afirmó que dicho requisito podría afectar la presentación de los servicios de justicia.
“Podríamos tener una gran necesidad de jueces, de gente que podría ganar los exámenes porque por su trayectoria está capacitada, y tendrían que empezar por un programa de capacitación. Mientras tanto ¿Cómo va a seguir el servicio público? ¿A quién van a nombrar para que atiendan esas plazas ? ¿Cómo se van a atender las necesidades de justicia de la población?”, cuestionó.
Por su parte, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz, respaldó la opinión de la magistrada Rojas y señaló que aprobar el cambio podría “imponernos una gran limitación”.
“A pesar de la cantidad de abogados graduados, la posibilidad del reclutamiento no es tan holgada, entonces esta propuesta nos introduce una inflexibilidad muy grande. La cantidad de abogados idóneos y que les atraiga la carrera no son tantos, deberíamos dejar mucha flexibilidad para después ir fortaleciendo ese programa de primer ingreso, pero debe quedar una válvula”, opinó.
Finalmente, 16 personas magistradas votaron en contra de la propuesta y cinco lo hicieron a favor, por lo que será devuelta a la comisión para que se incorporen las modificación sugeridas por los miembros de Corte Plena.
