La representante sindical ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Rodríguez, solicitó este martes al Consejo de Gobierno levantar la suspensión que existe en su contra desde diciembre del año anterior, para así integrarse inmediatamente a sus funciones en el máximo órgano
“Solicito se ordene la reinstalación inmediata de mí persona en la Junta Directiva de la CCSS, sin perjuicio de la continuidad del Procedimiento Administrativo incoado en mi contra y otros directores, porque de lo contrario, ese órgano colegiado no podría sesionar válidamente, lo que podría causar un grave e irreparable perjuicio a la continuidad del servicio”, se lee en un oficio enviado por Rodríguez al Consejo de Gobierno.
Asimismo, Rodríguez recordó que la Sala Constitucional acogió para estudio un amparo presentado por un colectivo de organizaciones sindicales, que consideraron que se violentó la autonomía y la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, invadiendo atribuciones que el ordenamiento jurídico le otorgó a los sindicatos. (Art. 41 Ley de Jurisdicción Constitucional).
Además resaltó que el pasado 21 de enero, el Movimiento Sindical, acordó por unanimidad y en firme, rechazar la ilegítima suspensión de los miembros de la Junta Directiva y ratificar su nombramiento como miembro de la Junta Directiva.
“Es muy importante que la institución funcione tripartitamente como corresponde. Lo que hemos tenido hasta el momento son sesiones donde los trabajadores no están representados y lo que se pretende es que se proceda a reinstalarme para continuar con las sesiones que corresponden”, señaló Rodríguez a UNIVERSIDAD.
Los directivos Marta Rodríguez (Sindicatos), José Luis Loría (Cooperativas), Maritza Jiménez (Solidarismo), Jorge Arturo Hernández (Empresarios) y Carlos Salazar (Gobierno) fueron suspendidos a finales del año anterior por el Consejo de Gobierno. El representante de los Empresarios incluso renunció a su representación hace unas semanas.
El Poder Ejecutivo alegó que estos cinco representantes de distintos sectores habían incurrido en un aparente incumplimiento de deberes y conflicto de intereses relacionados con temas como la aprobación del reajuste salarial para los empleados de la CCSS, así como por su oposición en cuanto a salario mínimo inembargable, entre otros.
