El representante de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular -integrada a su vez por sindicalistas, cooperativistas, comunalistas, profesionales, solidaristas y trabajadores independientes- ante el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), Juan Antonio Vargas, considera que no existe sustento legal para la reforma que trasladaría el Régimen Obligatorio de Pensión Complementaria al modelo de fondos generacionales.
Vargas, quien asumió su cargo en el consejo en setiembre del 2024, afirma que no hay ley alguna que regule o autorice el mecanismo al que obliga la reforma, pues “limita y condiciona la libre transferencia entre fondos, que es un principio consagrado en la Ley de Proteccion al Trabajador”.
“No es posible limitar la libertad y el patrimonio de un ahorrante desde una disposición emanada desde la Supen (Superintendencia de Pensiones) y el Conassif, para ello se ocupa una norma como mínimo de carácter legal, con todo lo que ello implica”, asevera el representante.
En diciembre de 2023, el Conassif aprobó una reforma para modificar cómo se administran los fondos de pensiones, que hoy ascienden a unos ₡12,3 billones.
Actualmente, ese dinero está invertido sin distinción, es decir, todas las personas que tienen su ahorro en la misma operadora reciben los mismos beneficios o perjuicios —relativos a sus ahorros— de las inversiones que la operadora realiza.
A partir del 1 de abril, sin embargo, se implementará el modelo de fondos generacionales, con el que las operadoras deberán dividir su “bolsa” en cuatro fondos, que una se invertirá contemplando la cercanía del grupo poblacional a la pensión.
Sin embargo, serios cuestionamientos sobre la conveniencia del cambio acelerado de modelo, sus efectos en la economía -y en el valor de los fondos mismos-, a los que ahora se suman críticas sobre la legalidad, han llevado a que el Conassif y la Supen evalúen pausar la implementación, al menos de manera temporal, para hacer ajustes (ver nota: Presidente del Conassif: pausar traslado del ROP al modelo de fondos generacionales “es posible e incluso, probable”).
En entrevista con UNIVERSIDAD, Vargas informó que actualmente se están haciendo “los estudios básicos para decidir posponer o no la entrada en vigencia” del modelo.
Estos análisis y proyecciones, detalló el directivo, debieron realizarse con antelación e incluso, fueron solicitados tanto por el Banco Central como por el Ministerio de Trabajo, pero no se hicieron y por presión de la anterior superintendentes general y de pensiones -Rocío Aguilar- se aprobó así.
“Por primera vez se están realizando con mucha responsabilidad los estudios sobre el impacto de esta reforma en la economía nacional y precisando mejor la posible afectación en las pensiones de todos los trabajadores del país”, dijo Vargas y agregó que tanto el consejo como él de forma personal, ha hecho esfuerzos por que todos los grupos sociales que conforman la clase trabajadora sean escuchados.
Vargas comentó que en su criterio la reforma reforma estructural al Régimen Obligatorio de Pensiones se aprobó “en un contexto sumamente acelerado y poco consensuado” y que además, nunca tuvo sustento legal.
El directivo, abogado especialista en Derecho Administrativo, explica que no hay asidero lógico, técnico, jurídico o institucional, ni leyes, ni decretos que permitan que se impida el principio de libre transferencia de fondos a solicitud de sus dueños, los trabajadores.
La gravedad, dijo, radica en que se están tomando acciones y decisiones que limitan el accionar de los trabajadores. “Si usted es trabajadora esos fondos son de su propiedad, no son de nadie más y ese ahorro, la única forma de reorientarlo, dirigirlo o condicionarlo es a través de una norma de rango legal porque está de por medio un principio de libertad que está consagrado en la ley de protección al trabajador”.
Además, explicó, al ser el Conassif y la Supen los que le ordenan a las operadoras cómo, en un nivel muy detallado, invertir los fondos, renuncian a su capacidad de supervisar, controlar y y sancionar, pues las empresas alegarían que sólo siguieron instrucciones.
El directivo también señaló que la decisión fue un desacierto político, pues tal y como reveló el reportaje de UNIVERSIDAD “Trasladar en 15 meses el ROP al modelo de fondos generacionales desestabilizaría el mercado financiero” en enero, tanto el Ministro de Trabajo como el Presidente del Banco Central, votaron contra esta reforma por no haber hecho estudios mínimos de afectación a la economía y los fondos de pensiones.
