Represa Diquís del ICE genera divergencias: Indígenas y comunidades combaten proyectos de electricidad

Denuncias penales por daños ambientales, recursos de amparo, usurpación de tierras, y ruptura de relaciones de coordinación y negociación con los proyectos para realizar

El proyecto para construir la represa más grande de Centroamérica enfrenta oposición de pobladores de la zona sur.

Denuncias penales por daños ambientales, recursos de amparo, usurpación de tierras, y ruptura de relaciones de coordinación y negociación con los proyectos para realizar obras de generación o transmisión de energía eléctrica, forman parte del malestar de comunidades indígenas y no aborígenes, contra actividades del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en la zona sur del país.

El gigantesco Proyecto Hidroeléctrico Diquís (PHD) que planea construir el ICE en los cantones puntarenenses de Buenos Aires y Osa, se encuentra en una etapa de preinversión, con el fin de determinar su factibilidad técnica y comercial.
Por sus implicaciones sobre la cultura, ambiente y vida socioeconómica de pueblos indígenas y de otras poblaciones ubicadas en el área de impacto del proyecto, hay una fuerte oposición y resistencia a su ejecución.
A principios de mayo pasado, la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö (semilla, en idioma bri bri) anunció que vecinos de la comunidad indígena de Térraba y representantes de organizaciones sociales de la Coordinadora de Lucha Sur-Sur,  interpondrían denuncias contra el ICE por delitos ambientales en la construcción de obras.
Gustavo Oreamuno, de Ditsö, dijo el pasado 18 de junio que esperaban tener listas y presentar las denuncias para la semana siguiente.
Mientras tanto, el subgerente de electricidad del ICE –Greivin Mayorga- informó a este Semanario el miércoles 16, que no tenía conocimiento de las quejas de las comunidades indígenas y campesinas.
Lo anterior lo comunicó tras exponer –junto con un grupo miembros del PHD- detalles de las actividades preliminares que llevan a cabo en la zona y de las características principales del complejo por construir, ante integrantes de una comisión especial que conformó el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Para Mayorga, dada la magnitud de este proyecto hidroeléctrico, se requiere de una amplia discusión nacional en torno a su impacto ambiental, socioeconómico y cultural.
En caso de concretarse su viabilidad, esta obra podría llegar a convertirse en el motor de desarrollo para la zona sur y por eso el ICE está interesado en hacer las cosas de la mejor manera, sin perder de vista que los temas sociales son  el gran reto que enfrentan.
Varios miembros de la comisión de la UCR visitaron durante los días 18 y 19 de junio el proyecto y se reunieron con organizaciones sociales.
La UCR deberá emitir –probablemente en noviembre próximo- un pronunciamiento sobre los impactos socioeconómicos del PHD, para que los criterios que allí se recojan sirvan para la toma de decisiones, puntualizó Héctor Monestel, coordinador de la comisión especial e integrante del Consejo Universitario.

DAÑOS AMBIENTALES

Una de las denuncias penales que estarían por concretar vecinos de Térraba contra el proyecto hidroeléctrico del ICE, tiene que ver con los daños ambientales ocurridos en la quebrada Veragua.
“Quebrada abajo del puente del camino que va a Bijagual, el ICE modificó el cauce al dragar y hacer más profundo el cauce y remover gran cantidad de materiales. Además, eliminaron la cobertura vegetal de la zona de protección”, denunciaron por medio de Ditsö.
“Todos estos hechos –agregaron-  prácticamente despedazaron la quebrada, se dieron sin contarse con los debidos permisos, y sin consulta y sin consentimiento por parte de la comunidad indígena de Térraba, irrespetando la normativa nacional e internacional que obliga a consultar a estas comunidades ante cualquier iniciativa o proyecto que los afecte”.
Gustavo Oreamuno, representante de Ditsö, comentó que por parte del ICE no ha habido ninguna respuesta oficial a lo denunciado, aunque en el caso de la quebrada Veragua, sí quitaron a los pocos días unos tubos que habían colocado.
Al malestar anterior, hay que sumar que la organización de mujeres indígenas Orcuo Dobön –Mano de Tigre-, así como la Asociación Cultural Indígena Teribe (ACIT), presentaron cartas en las cuales desconocen la legitimidad de los comités de enlace creados por el ICE para el desarrollo proyecto Diquís.
Ambas organizaciones del Territorio Indígena de Térraba aclararon que nunca han pertenecido a la Comisión de Enlace de Térraba creada y denunciaron que dichas instancias han sido utilizadas para manipular y desinformar a las comunidades, por lo que no las representan.
De igual manera, según un documento respaldado por las comisiones de enlace de ocho comunidades (Ceibo, Ocochovi, Parcelas, San Miguel, la Tinta, Paraíso, Santa Cecilia y Remolino) y que fue enviado al anterior presidente ejecutivo del ICE (Pedro Pablo Quirós), acordaron romper todo tipo de relación con el proyecto Diquís.
Esta decisión la tomaron en una reunión en la que decidieron crear una alianza y romper el vínculo con el proyecto del ICE, como protesta por el incumplimiento de lo acordado.
Al ahondar sobre los incumplimientos, hicieron constar en su carta a la presidencia del ICE, que “no ha sido posible o ha faltado voluntad para firmar la Carta de Compromiso entre el Proyecto Diquís y las comunidades afectadas, elaborada por las Comisiones de Enlace del área de influencia del Diquís, que recoge el sentir, preocupaciones y propuestas de las comunidades afectadas de este proyecto”.
Otra inquietud se origina en que son pocas las contrataciones de personas de la región para las obras y estudios que efectúan como parte del proyecto; en que hay incertidumbre entre ellos  porque no se les ha hecho una propuesta concreta, “donde se nos explique lo que se nos va a dar a cada uno de nosotros”; y en que no aceptan los mecanismos de avalúo de tierras utilizados.
Si bien están conscientes de la necesidad de este proyecto para el país, dejaron claro que “basados en los aspectos anteriores nos oponemos a dejar que el proyecto hidroeléctrico siga incursionando en nuestras  comunidades realizando todo tipo de intervenciones o estudios, hasta tanto no tengamos un diálogo abierto y confiable, donde el PHD se comprometa y cumpla en los plazos pactados con la alianza de organizaciones, a través de las comisiones de enlace y la ADI de Térraba”.
Otra de las denuncias de la Coordinadora Sur-Sur, se refiere a una acusación penal interpuesta en la Fiscalía de Osa por Nidia Lobo, dueña de una finca donde supuestamente una empresa subcontratada por el ICE incurrió en usurpación y daños ambientales.
Lobo es dueña de la finca Las Nubes, en la comunidad de La Guaria, a la cual la empresa Techint ingresó y “abrió ilegalmente un acceso temporal por lugares donde la propietaria no había dado autorización. Además, en las obras realizadas para entroncar las torres 88 y 89 (tramo 18) se produjeron daños ambientales”.
Según los denunciantes, el área dañada corresponde a una zona de protección. Los trabajos afectaron el cauce y el caudal de una quebrada, al pasar por allí un tractor de oruga, aparte de que se derribaron árboles y se depositaron materiales en una naciente.
Cabe mencionar que la empresa Techint fue subcontratada por el ICE como parte de la construcción del Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central (SIEPAC), promovido por el llamado Plan Puebla-Panamá. Por Costa Rica, el ICE y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz son dueñas del 12.5% de las acciones de esta empresa regional.
El subgerente del sector eléctrico del ICE, Greivin Mayorga, explicó que esta institución, como socia del proyecto SIEPAC, “hemos venido acompañando muy fuertemente su desarrollo, a efecto de que se respete mucha de la normativa y de los compromisos sociales asumidos con la zona”.
El funcionario enfatizó en que la responsabilidad de las obras corre a cargo de la empresa propietaria de la red del SIEPAC. “El papel del ICE, como un socio más, es velar porque se cumplan todas las condiciones legales en los diferentes países”, acotó.


Un proyecto de enorme impacto


Por su tamaño, el Proyecto Hidroeléctrico Diquís sería el más grande de Centroamérica. A continuación algunas de sus características principales.

-Potencia: 655 megavatios (MW)
-Producción por año: 3050 MW
-Costo aproximado: $2.050 millones
-Altura de la represa: 172 metros
-Área del embalse: 7.407 hectáreas
-Turbinas: 4
-Longitud del túnel de conducción del agua: 11 kilómetros
-Diámetro de la tubería: 9 metros
-Altura del tanque de oscilación: 111 metros
-Familias que serán desplazadas por el embalse: 1175
-Poblaciones que serán totalmente desplazadas: 7 


 

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