El directivo y representante del Estado en la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Jorge Porras López, dio a conocer este jueves su renuncia al máximo órgano de la institución.
Su renuncia a la Junta Directiva de la CCSS se hará efectiva a partir del miércoles 25 de setiembre.
La semana pasada, la directiva y dirigente sindical, Martha Rodríguez, presentó una denuncia ante la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) por el presunto nombramiento ilegal de Porras, quien ocupaba este cargo desde noviembre del año anterior.
En la denuncia, Rodríguez argumentó que Porras, al laborar para el Banco Nacional desde hace 17 años, y ahora desempeñarse como Técnico Profesional de la Banca de Consumo, no podría ser designado en ese puesto directivo por las impedimentos que señala el artículo 7 en el inciso b en el que se destaca que no podrán formar parte de esta junta aquellas personas que sean “directores, gerentes, subgerentes, personeros, empleados o dueños de las acciones de algún banco”.
“Los hechos que estoy denunciando el día de hoy realmente corresponden a una situación en la cual se haya violentado nuestro ordenamiento jurídico, de forma que esperamos que con la agilidad que corresponde y en virtud de la importancia que tiene para la Junta Directiva y para el país que los nombramientos estén a derecho, es que he presentado esta denuncia”, mencionó Rodríguez al salir de la Procuraduría.
Antes de este último nombramiento, Porras había sido escogido temporalmente por el Consejo de Gobierno como representante del sector solidarista desde el 8 de febrero de 2023 hasta el 28 de junio cuando sustituyó a Maritza Jiménez Aguilar, quien fue destituida cuando el mismo Consejo le abrió a ella y a otros directivos un procedimiento administrativo por conflicto de interés por aprobar un aumento de salarios en beneficio de los empleados de la CCSS.
Dentro de los planteamientos sostenidos en la denuncia, tanto Porras como el Consejo de Gobierno estarían incurriendo en los delitos de “violaciones al deber de probidad en el cargo público, nombramiento ilegal y tráfico de influencias”, según la Ley Nº 8422, Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Públic
