La renovación de las concesiones de transporte público remunerado en autobús este 2021, se hará “sin evaluaciones de la calidad del servicio ni criterio de las personas usuarias para los años 2020 y 2021, además de que tomaría como base los débiles estudios de calidad existentes al 2019”.
Así se señala en un oficio fechado el 22 de setiembre, la defensora de los Habitantes Catalina Crespo advirtió a Rodolfo Méndez Mata, ministro de Obras Públicas y Transportes, respecto a serias deficiencias en el modelo de evaluación del servicio de transporte público en bus. El halón de orejas se da días antes de que este 30 de setiembre el CTP deba definir la renovación.
Se fundamentó para ello en un estudio realizado para la Defensoría por el Ente Costarricense de Acreditación (ECA), el cual comprobó una serie de debilidades en la evaluación de calidad del servicio que se hizo en 2019 y que el Consejo de Transporte Público (CTP) pretende utilizar como base para renovar las concesiones a partir del 30 de este mes.
Ese estudio reveló que las calificaciones en base a 100 puntos obtenidas por las rutas de autobuses entre 2015 y 2019 fueron “altas y con poca variación”, a pesar de que en 2017 se hizo un cambio significativo en esas mediciones, pues la calificación de las personas usuarias pasó de tener un peso del 10% a un 45%.
Así, en el documento la Defensoría plasma explícitamente su “preocupación sobre las debilidades encontradas por el ECA en relación con la forma en que en el período en estudio se midió y calificó el criterio de las personas usuarias”.
Destacó particularmente debilidades respecto a la construcción y aplicación de las encuestas con que se mide ese criterio, “en particular por la imprecisión y confusión a la que puede haber llevado” a las personas que las respondieron.
También se señaló como deficiente la distribución de la muestra entre los diferentes ramales, la dificultad para interpretar el llamado Índice de Percepción de la Calidad, la carencia de disposiciones claras sobre cómo se calcula ese Índice y la falta de claridad en cuanto a la ponderación para obtener la calificación final de la ruta.
Es decir, no sólo la construcción y aplicación de las encuestas presenta deficiencias, sino que igualmente pobre es el tratamiento y análisis de la información recopilada.
Ello es parte de las “múltiples deficiencias” que el ECA encontró en el Manual de Evaluación aprobado por el CTP, que también abarcaron temas como la valoración del cumplimiento de frecuencias y horarios, el mantenimiento de las unidades o la accesibilidad de las paradas.
Renovación con estudios viejos
Ante ello, la Defensoría recordó que mediante el Decreto Ejecutivo N° 42611 se estableció que de cara al proceso de renovación de concesiones de autobús para el periodo 2021-2028, se tomará como base los informes de Calidad de Servicio del último año aprobado por el CTP, es decir, las evaluaciones de 2019, tal como ya ha informado UNIVERSIDAD.
CTP pretende renovar concesiones de buses con estudios de calidad desactualizados
Al respecto, el informe apunta que en mayo el ECA informó a la Defensoría de una reunión con la Directora Técnica del CTP, quien confirmó la no realización de estudios de calidad en 2021 “para no incrementar costos a los operadores”, además de la consideración de que “no sería un estudio representativo debido a las variantes a las disposiciones y restricciones vehiculares, con ocasión a la situación pandémica generada por la COVID-19”.
Eso es llamativo a la luz de que en el mismo documento la Defensoría critica que el CTP “se dilató 15 años para iniciar la aplicación del Sistema de Evaluación de la Calidad del Servicio” y que durante los últimos 14 años “no han quedado sino dudas sobre el interés del CTP en hacer las evaluaciones, pues el inicio de éstas ocurrió después de la renovación de las concesiones en el año 2014”.
Además, insiste en que la aplicación del sistema de evaluación del servicio, “por las altas y poco variables calificaciones” que generó, “ha dejado serias dudas en distintos sectores y en este Órgano Defensor”.
Denuncia de Villalta
Tal como informó este Semanario, desde el despacho del diputado del Frente Amplio José María Villalta se hizo una denuncia respecto a las calificaciones obtenidas por las empresas autobuseras y en particular el hecho de que esas calificaciones eran altas pero lo constante y notorio son las quejas de las personas usuarias.
El legislador también se refirió puntualmente a la empresa Inspección y Consultoría Sánchez Elizondo S.A. (Incosesa), que, de acuerdo con información que él mismo aportó, en 2019 acaparó el 40% de las evaluaciones de calidad del servicio de transporte público en modalidad autobús.
Subrayó el caso de Virgilio Sánchez, quien al tiempo que debe realizar labores de inspección de calidad de servicio a las autobuseras a nombre de la empresa Incosesa, se presentó en octubre de 2018 en una sesión convocada por el Concejo Municipal de Cañas en representación de la empresa autobusera Autotransporte Tilarán, al cual pertenece al mega grupo Caribeños, según consta en un oficio del alcalde del cantón guanacasteco, Luis Fernando Mendoza.
Al respecto, la Defensoría encontró que Sánchez Romero, “no reportó” a Incosesa como patrono al momento denunciado por Villalta, pero entre mayo 2018 y abril de 2021 sí aparecen como patronos las empresas Compañía de Transportistas del Suroeste S.A (Comtrasuli S.A.), Auto Transportes Pavas S.A., o Buses Ina Uruca S.A.
También constató que no figuró como representante legal de Incosesa y que tampoco figura como profesional agremiado al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA).
Respecto particularmente a esa empresa, el informe apunta que actualmente siete empresas se encuentran acreditadas ante el ECA para realizar la de evaluación del servicio de transporte remunerado de personas en autobús, pero sólo seis se encuentran activas.
“Por lo tanto, el hecho de que un solo organismo de inspección, como en el caso denunciado por el señor diputado Villalta Florez-Estrada, haga la evaluación de muchas empresas, como en el caso de la empresa Incosesa, no es por sí mismo causal de irregularidad o ilegalidad”.
Así, el informe recomienda a Méndez Mata que sustituya el actual sistema de evaluación por las normas nacionales de evaluación de calidad denominadas INTE G:20/ INTE G:21, de lo contrario deberá “ordenar con carácter urgente y prioritario, la revisión del Manual y tomar las medidas para que, como mínimo, se corrijan y subsanen las falencias y carencias expuestas por el ECA”.
Por otra parte, a Jenny Vega, representante de las personas usuarias ante el CTP, se le recomienda rendir ante la Defensoría “al menos” un informe quincenal sobre las acciones realizadas y los resultados obtenidos en el seguimiento que ella debe hacer las acciones que el CTP emprenda para atender los señalamientos del informe.
Plan del CTP aumentará acaparamiento de líneas de buses en menos empresas
