A través de un contundemte comunicado, esta semana autoridades de la Organizción de Naciones Unidas (ONU) expresaron su “grave preocupación por las vidas de las personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas, que están siendo atacadas en Costa Rica”.
Ese es el criterio de Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, respaldada al respecto por Francisco Cali Tzay, a su vez Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas.
El comunicado añadió que la impunidad y la falta de rendición de cuentas que imperan en los casos de los asesinatos de Sergio Rojas y Jehry Rivera provocan “una prolongación de la violencia en contra de los defensores en el país, a pesar de algunas medidas positivas adoptadas por el Gobierno”.
Rojas, indígena bribri de Salitre, fue cofundador hace más de tres décadas del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (Frenapi), instancia que ha impulsado los procesos de recuperación de tierras en varios territorios indígenas del país. Fue asesinado en marzo de 2019, de 15 balazos, en su casa de habitación.
Jehry Rivera pertenecía al pueblo Bröran del territorio de Térraba y fue asesinado de cinco tiros en febrero de este año, en un ataque que sufrió junto a otros indígenas durante un proceso de recuperación de una finca.
Ninguna detención se ha hecho en el caso de Rojas y el sujeto que confesó disparar contra Rivera fue dejado en libertad.
Auge en ataques
Para Naciones Unidas, Costa Rica “ha experimentado un auge en ataques contra líderes indígenas” desde el asesinato de Sergio Rojas. “Hoy, más de 14 meses más tarde, todavía no está claro si las autoridades se encuentran más cerca de identificar a los responsables” dijo Lawlor.
La Relatora reconoció que el gobierno incrementó la presencia policial en las comunidades afectadas, pero “las investigaciones de la policía siguen inadecuadas o inconclusas”. “Como consecuencia, tanto las víctimas como sus familiares siguen amenazadas por los presuntos perpetradores”, añadió.
Como ejemplo de ello, citó el asesinato de Rivera y el hecho de que su familia “ha sido amenazada e intimidada repetidamente por la familia del perpetrador, que a menudo pasa por su tierra, sosteniendo un machete en la mano”.
Asímismo, mencionó el caso de Pablo Sibar, defensor de los derechos humanos del mismo pueblo Bröran, quien “también ha sido intimidado y sometido a ataques incendiarios que todavía no han sido investigados”.
Otro caso citado por Lawlor es el de Minor Ortíz Delgado, de Salitre, quien recibió un balazo en la pierna en marzo de este año. “El perpetrador, que fue liberado y recibió medidas de restricción, ha vuelto amenazar de muerte al Sr. Ortíz y su familia” resume el comunicado.
La relatora recordó que la impunidad “aumenta el impacto de violaciones de los derechos humanos, ya que se envía un mensaje de falta de reconocimiento de su función en la sociedad y ello implica una invitación para seguir violentando sus derechos”.
