Un nuevo proyecto de ley buscará regular el lobby en Costa Rica. Se trata del expediente 21.346, presentado esta semana por la diputada María Inés Solís, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), quien subrayó que la intención de su iniciativa es regular “la gestión de intereses en la administración pública”.
El texto propone tres medidas para lograr su objetivo: la primera es que los representantes políticos deban publicar sus respectivas agendas, la segunda es que se deba transparentar un registro de lobbistas —que incluya toda su información bajo juramento— y el tercero es imponer sanciones por el incumplimiento de los primeros señalamientos.
El lobby, o cabildeo, es una herramienta común en cualquier sistema político. Sin embargo, su regulación ha sido un tema pendiente a nivel nacional, donde la gran mayoría de servidores públicos no tienen la obligación de registrar con quién se reúnen ni por qué motivos lo hacen.
Esta falta de publicidad deja “a oscuras” los cientos de reuniones que se sostienen a diario entre políticos y ciudadanos, encuentros que no son fáciles de consultar y que tampoco se someten a mayor escrutinio de la ciudadanía.
Al respecto, la diputada proponente del nuevo proyecto comentó que “el lobby es una práctica normal”; sin embargo, también argumentó que “durante los últimos años se ha satanizado, producto de algunas prácticas irregulares que se han dado dentro de la administración”.
Estas prácticas son las que ahora intentará evitar la nueva legislación, de modo que los encuentros sean fácilmente consultables a través de mecanismos en línea.
Armas, cooperativas y más
Al menos unas doscientas personas transitan por los pasillos de la Asamblea Legislativa cada día, muchas de ellas para defender sus intereses ante los diputados. Algunos lo hacen de forma indirecta, a través de carteles en las barras de público; mientras que otros van más allá, y son parte de esas personas que tramitan reuniones formales con los congresistas.
Este segundo sector es el que mayores dudas genera, un efecto que se ha multiplicado en las últimas semanas con discusiones tan tensas como las regulaciones en materia de armas, la posibilidad de gravar con mayores impuestos a los excedentes de las cooperativas y la recién aprobada reforma fiscal.
Todo esto ha convocado a distintas personas y distintos intereses, como pasa en muchos otros temas que se tramitan en el Congreso.
Además, esto también toca a otros poderes de la República y otras instituciones estatales como los bancos, algo que quedó más que comprobado recientemente con el escándalo del cemento chino.
En todas estas ocasiones, la prensa ha sido la encargada de transparentar los encuentros y las comunicaciones entre ciudadanos y figuras políticas; sin embargo, ese proceso no es sencillo ni continuo ni generalizado. Por este motivo, surgió el interés de regular la materia.
De hecho, la diputada Solís es una fuerte crítica del que llama “lobby cooperativo”, como se refiera a la presión que ese sector ha ejercido en el Congreso para evitar que se le apliquen mayores impuestos a través de distintos proyectos.
No obstante, Solís aseguró que su proyecto tampoco busca hacer un juicio de valor sobre las reuniones, pues lo verdaderamente importante es facilitar el acceso a la información de interés público y proteger la seguridad jurídica de las relaciones entre ambas partes.
Además de la socialcristiana, ya se habían manifestado a favor de regular esta materia varios otros diputados, entre ellos la presidenta del Congreso, Carolina Hidalgo, del Partido Acción Ciudadana (PAC), y la segunda secretaria, Ivonne Acuña, del bloque independiente Nueva República.
¿Qué dice el proyecto?
El expediente 21.346 define lobby como “cualquier gestión o actividad remunerada que de manera sistemática realiza una persona física o jurídica, nacional o extranjera, ante cualquiera de las autoridades (…) con la intención de influenciar de manera directa o indirecta” sus decisiones.
Además, divide la actividad en dos partes: una basada en “los funcionarios públicos con nivel de influencia, poder o decisión” y otra en los “sujetos privados que realicen la actividad de lobby y de gestión interesada”.
La obligación principal para las funcionarios públicos se basa en la publicación de su agenda y su actualización en tiempo real, a través de un nuevo Registro de Agenda Pública que deberá manejar cada institución que así lo requiera.
Este registro deberá consignar los lugares y las fechas de las audiencias, el nombre de los asistentes y los temas específicos de los que hablaron. Además, deberá consignarse cualquier viaje o donativo recibidos que se reciban, a pesar de que el Código Penal ya castiga el recibo de dádivas.
Por su parte, los lobistas deberán registrarse en siempre en un Registro Público de Lobistas, el cual sería responsabilidad de la Contraloría General de la República (CGR) y contendría el nombre de la persona, la indicación de si recibe o no remuneraciones por su trabajo, y el nombre de la persona (física o jurídica) a la que representa.
El proyecto señala que realizar actividades de lobby sin su respectivo registro se configurará como “tráfico de influencias”. Además, se establecen multas para los funcionarios que no apliquen la ley, incluidos los que son responsables de que los procedimientos funcionen.
Quedan por fuera de esta propuesta “las asesorías contratadas por órganos públicos y parlamentarios”, así como “las invitaciones para participar en reuniones de carácter técnico” con “profesionales e investigadores de asociaciones sin fines de lucro, corporaciones, fundaciones, universidades, centros de estudios y de cualquier otra entidad análoga”.
Todas estas disposiciones; sin embargo, no están en firme y podrían afinarse en el proceso legislativo, el cual iniciará tras el receso de Semana Santa.
Allí, los diputados podrían “hacer punta” a las disposiciones que se plantean actualmente, incluida la opción de cerrar posibles portillos para acciones de lobby menos explícitas que las que ya se plantean.
