La Regla Fiscal, la mayor garantía de contención del gasto de la reforma fiscal, está a punto de recibir nueve fugas en la Asamblea Legislativa.
Pero el interés en liberar al Sistema de Emergencias 9-1-1; el Servicio Fitosanitario; el Instituto Costarricense Sobre Drogas y otras ¿es una oportunidad para reformar la camisa de fuerza que recibió el Estado en el 2019?
Para el diputado José María Villalta, del Frente Amplio, quien lidera dos de estos planes —uno del 9-1-1, después de que se denunció en UNIVERSIDAD sobre la suspensión del vital servicio en diciembre; y uno para exceptuar al gasto de inversión pública, que es el más antiguo de todos— coincide en que que se irán sumando nuevas instituciones.
“Una reforma integral de la Regla Fiscal es lo que habría que hacer, es lo que hemos planteado en jefaturas de fracción”, afirmó Villalta a este semanario.
“No tiene sentido pensar en un aumento de ingresos para salir de las complicaciones (financieras) de los sectores porque todos tienen el problema de estar limitados por la aplicación de la Regla”, afirmó también el economista y exviceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, a quien se le consultó sobre las peripecias del presupuesto nacional.
¿Cuáles excepciones a la “Regla” tienen viabilidad?
El PLN apresurará dos proyectos fuera del trámite ordinario de comisiones legislativas.
“En la reunión de fracción estuvimos de acuerdo en la dispensa de todo trámite del canon para Japdeva, que es un ingreso de capital; también de los recursos del INEC para los censos”, afirmó el subjefe del PLN, David Gourzong, en entrevista.
Desde el 23 de septiembre el INEC mantiene en alerta al país de que no tiene dinero para trabajar el Censo que debía realizarse en el 2020 por el freno de la Regla.
El presidente de la entidad, Fernando Ramírez, informó a este semanario que tanto el Ministerio de Hacienda como la Presidencia presionan una reforma a la ley constitutiva del INEC para crear esa excepción. Ni el Ejecutivo ni la fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC) firman las propuestas.
A la luz de las denuncias públicas, los proyectos de excepciones se precipitaron desde julio. Siete entraron a la Asamblea Legislativa entre el 31 de agosto y la segunda semana de octubre. Únicamente el plan para el 9-1-1, liderado por el Frente Amplio, presentó firmas de la mayoría de fracciones, incluyendo una de los oficialistas (Welmer Ramos, quien también es el candidato presidencial del PAC).
“Liberación presentó el mismo texto pero solos. Nosotros presentamos el mismo texto con firmas de todas las fracciones, hay un consenso”, explicó Villalta sobre la duplicidad.
Legislativamente, el PAC sostiene la visión fiscal del Gobierno que incluye no tocar gasto porque podría afectar el acuerdo de préstamo que se negoció a inicio de este 2021 con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Por otro lado, PLN firmó seis de nueve. El verdiblanco Gourzong aparece en tres, donde se incluyen entre las excepciones de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (No. 9635) el mencionado tema de Japdeva; el Servicio Nacional de Salud Animal y el Servicio Fitosanitario del Estado; y también los recursos captados por el impuesto al banano que cobran específicamente las municipalidades de Limón.
“En Japdeva, hay casi $40 millones (alrededor de ₡24.960 millones al tipo de cambio reciente) del canon del 7,5% del canon de la Terminal de Contenedores de Moín que están paralizados y son para el desarrollo de la provincia de Limón (…) Son proyectos de desarrollo en los seis cantones. Son para generar mejor calidad de vida, servicios, no son para financiar salarios ni otros gastos corrientes”, explicó el diputado Gourzong.
El futuro: crear nuevas excepciones
La priorización podría crear roces con otras instituciones que acusan la asfixia de la Regla Fiscal.
De estas, UNIVERSIDAD ha publicado quejas de Acueductos y Alcantarillados (AyA); la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope, que la Ley 9635 únicamente excluye su factura petrolera); y programas para población vulnerable que se financian con el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), como los bonos de vivienda del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banvhi), recortes por ₡300 mil millones en programas claves del Ministerio de Educación, como el de comedores escolares y las pensiones no contributivas (RNC) de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
Aprobada en segundo debate, una futura ley para financiar las pensiones del RNC con el 1% de Impuesto Valor Agregado (IVA) en la canasta básica ya incluye que “Hacienda no podrá aplicar los artículos del capítulo de la Regla Fiscal para negarse a girar esa plata”, en palabras del diputado Villalta.
El frenteamplista dice que otros proyectos ya se han aprobado con estas excepciones, aunque no figuran entre las excepciones de la reforma fiscal.
“La reforma del Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Conicit) para crear la Promotora de Innovación, presentado por Silvia Hernández, se hizo una exclusión de los recursos de la Regla Fiscal cuando vengan de cooperación internacional. El préstamo para el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) por $75 millones para infraestructura y para el sector pesquero”, mencionó.
“A este ritmo, va a ir así: en cada empréstito que se apruebe vamos a tener que meter una coletilla para sacarlos”, aseguró Villalta.
